A la caza del imputado

Aunque sea una obviedad jurídica, no lo es tanto a nivel de opinión pública: no todo detenido es imputado o procesado, no todo imputado o procesado es acusado y no todo acusado es condenado o culpable. La proliferación y gravedad de los últimos casos de corrupción, que han elevado a la enésima potencia el hartazgo de la ciudadanía, ha llevado a los partidos políticos a tomar una decisión que, aunque a priori contente a los votantes, puede acabar en sonoras injusticias: apartar de la vida política a personas que pueden ser inocentes. Una inocencia jurídica, pero ¿y ética?

En el año 2011, y solo superada por Andalucía, Canarias se situó en segundo lugar, con alrededor de 20, en el ranking de comunidades autónomas con mayor número de imputados en sus listas electorales a municipios, cabildos y Parlamento.

Desde el todavía senador Miguel Zerolo (CC), imputado por el caso Las Teresitas y que fue como número cuatro en las listas al Parlamento por Tenerife para, precisamente, ser elegido representante de la Comunidad Autónoma en la Cámara Alta, hasta los alcaldes de Arona, José Alberto González Reverón, o el de La Orotava, Isaac Valencia.

Por su parte, el PP presentaba en sus listas a varios imputados por corrupción, como Jorge Rodíguez (absuelto, con independencia de que se cuestione o no la sentencia, en septiembre por el caso Grupo Europa), Josefa Luzardo, Felipe Afonso El Jaber y la senadora por La Palma María de Haro (operación Catis, de titulaciones falsas).

También aparecían el fallecido Esteban Bethencourt, imputado por malversación cuando era alcalde de Valle Gran Rey o el alcalde de Mogán, Francisco González, por el caso Góndola, así como la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, por el caso Faycan.

En las filas socialistas, se encontraban los alcaldes de Teror, Juan de Dios Ramos, por los casos Aguas de Teror y Abundio y de El Rosario, Macario Benítez, así como el de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas.

Domingo González Arroyo, del Partido Progresista Majorero e histórico militante del PP, y Francisco Santiago (NC) también figuraban en las listas electorales estando imputados y éste último fue condenado en 2013 a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el caso Yrichen.

Si esas listas se hubieran configurado ahora, probablemente ninguno de ellos hubiera estado en ellas, por más que el tiempo ha dado la razón a los que defendían a Jorge Rodíguez (absuelto) y se la ha quitado a los partidarios del ex regidor de Telde.

Claro que también se ha abierto el debate sobre si la absolución jurídica implica o no una condena ética social, pues varias de las conductas no penales judicialmente si son condenables moralmente.

Lo cierto es que el fin del bipartidismo que vaticinan todas las encuestas con el advenimiento arrasador de Podemos debido, en buena parte, a la permisividad que los grandes partidos han tenido con la corrupción está haciendo que tanto el PSOE como el PP o CC empiecen a adoptar medidas drásticas y ejemplares que se llevan por delante la presunción constitucional de inocencia.

¿Listas electorales limpias de imputados?

El debate está abierto en canal y la primera en dar el pistoletazo de salida fue la cazatalentos presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que en pleno estallido de la operación Púnica aseguró que en la Comunidad Autónoma no habrá imputados en las próximas listas electorales.

Días después, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, aseguró que “la gente implicada en asuntos de corrupción, imputados, no van a ir en las listas electorales del PP”.

El último episodio, por ahora, de esta caza de imputados lo ha protagonizado la presidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE en esa Comunidad Autónoma: los nueve aforados que están señalados en el caso de los ERE dejarán su escaño si finalmente son imputados, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Ese anuncio va más allá de las normas internas del propio PSOE, que en el artículo 5 de su Código Ético dice que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

Y es que hasta ahora, al menos para los socialistas, la suspensión de los parlamentarios y concejales debe hacerse “en el momento en el que sean llamados a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política, que se transformará en cese en el momento en que sean condenados”.

Pero la misma Díaz ha asegurado que el clima generado en la opinión pública no admite más retórica política, pues se percibe que todos los partidos han tapado a sus propios (y presuntos judicialmente) corruptos mientras han señalado con el dedo inquisitorial a los del adversario.

“Hechos, no palabras”

Y la líder socialista andaluza ha dado un paso más porque, a su juicio, “la gente ya no está para palabras, que no se las cree nadie, sino que quiere hechos”.

En el seno del socialismo hay división, pues mientras están los que aplauden a Díaz también existen los que apelan a que un imputado no es un condenado y que con esta decisión oportunista, fruto del auge de Podemos, se está violando el principio de que todo el mundo es inocente hasta se pruebe lo contrario.

Algo parecido a lo que el propio Floriano ha argumentado también para matizar su anuncio de sacar de la carrera electoral a los imputados conservadores “si los partidos de izquierdas piensan que nos van a hacer las listas electorales a base de imputar a candidatos a alcaldes, se equivocan. El PP va a estudiar caso por caso”.

¿Y el PSOE? ¿Van a mirar con microscopio a cada imputado o los meterán a todos en el mismo cesto, como ha hecho Díaz?

De momento, parece que el nuevo PSOE de Pedro Sánchez quiere demostrar su tolerancia cero con la corrupción, aunque aún no ha concretado si cualquier imputado podrá estar en las listas electorales del mes de mayo de 2015.

De ahí que una comisión técnica de la Ejecutiva Federal visitara Canarias antes de que se celebrara el proceso de primarias a fin de recabar toda la información sobre aquellos cargos orgánicos y políticos que han incurrido en hechos constitutivos de graves delitos, muchos de los cuales formaban parte de las planchas electorales en 2011.

¿Y Coalición Canaria? Su secretario general, José Miguel Barragán, se apunta a la tesis Floriano: “Un condenado no puede ir en una lista, pero en caso de los imputados habría que estudiar caso por caso”.

Y lo mismo pasa con el líder de Nueva Canarias (NC) y ex presidente del Gobierno, Román Rodríguez: “Una imputación, de forma general, no debe impedir ser candidato a no ser que el contenido de la causa abierta y la propia persona nos generen dudas”.

Imputado, no condenado

En este punto, habría que recordar que jurídicamente ser imputado (que en la calle y en los medios de comunicación es sinónimo de condenado) alude a aquella fase del procedimiento en la cual el juez investiga si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto hecho punible. Es a partir de la conclusión de esta fase procesal cuando se puede hablar, en su caso, de acusado.

Un imputado es, por tanto, un investigado que, al final, puede que ni sea procesado, por lo que difícilmente podrá ser condenado.

Por tanto, aunque en términos coloquiales se suelen utilizar como sinónimos acusado e imputado, se debe ser consciente de que una persona imputada está siendo investigada,y una persona acusada es una persona que ya ha sido investigada y que va a ser juzgada.

Y, por supuesto, nunca hay que olvidar que hasta que se dicte sentencia el artículo 24.2 de la Constitución española dice que cualquier persona, aunque haya sido imputada y luego acusada, sigue siendo inocente.

Pero la permisividad de los partidos tradicionales durante estos últimos 30 años con los casos de corrupción ha generado que la indignación ciudadana supure hasta unos extremos impensables santificando que, en aras de limpiar el hedor de las cloacas, paguen muchos justos por unos pocos pecadores.

Un sacrificio ante el ágora pública que las principales fuerzas políticas van a ofrecer para salvarse a sí mismas del emergente dios pagano de Podemos, que en solo 10 meses les ha producido profundas y sangrantes heridas.

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