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Cae una red fraudulenta de regularización de extranjeros

LPGC/ 23 DETENIDOS EN LA 'OPERACIÓN TORMENTA'

Una falsa empresa de construcción daba de alta a extranjeros y éstos cotizaban el tiempo suficiente para conseguir la prestación por desempleo.

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Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas de Gran Canaria, en coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal, han detenido a 23 personas integrantes de una presunta red dedicada a la regularización de extranjeros mediante contratos falsos de empleo, así como al cobro fraudulento de prestaciones por desempleo en Las Palmas de Gran Canaria, utilizando para ello una pequeña empresa de construcción y reformas que no ejercía actividad alguna, sino que era usada como tapadera para realizar los fraudes mencionados.

Material incautado.

Material incautado.

La denominada operación Tormenta se inició el pasado mes de febrero y entre los detenidos se encuentran un empresario y un abogado especializado en temas de extranjería, ambos afincados en Las Palmas de Gran Canaria. Entre los detenidos hay seis españoles, 12 marroquíes, cuatro colombianos y un brasileño

La investigación se inicia tras detectarse que una falsa empresa de construcción se dedicaba a dar de alta a ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de origen magrebí y sudamericano, para que estos pudieran regularizarse en nuestro país o renovar sus permisos, así como llevar a cabo reagrupaciones de sus familiares desde sus países de origen, aportando para ello ante las autoridades españolas nóminas ficticias y contratos de trabajos de la empresa investigada con las que simular una capacidad económica irreal. La Pólicía sospechó de que una pequeña empresa de construcción diera de alta en la Seguridad Social en un periodo de poco más de un año a cerca de 250 trabajadores, en su mayoría ciudadanos extranjeros.

Además, la empresa era utilizada tanto por ciudadanos extranjeros legales en territorio nacional como por españoles, dándose de alta como trabajadores que sin tener actividad laboral alguna, cotizaban en la Seguridad Social los periodos de tiempo necesarios para conseguir las prestaciones por desempleo.

El titular la empresa era ayudado por un abogado y por su secretaria, quienes estaban autorizados para utilizar el sistema informático RED de la Seguridad Social, y que además eran los encargados de tramitar las altas y las bajas de los supuestos trabajadores.

Asimismo el titular de la empresa tenía a su vez una decena de intermediarios de origen árabe, que se dedicaban a captar clientes para dar de alta, no sólo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino en otras localidades de Gran Canaria e incluso en la Península.

El modus operandi consistía que, una vez captado el nuevo cliente, este inicialmente debía pagar 400 euros más una mensualidad de 200 euros por cada mes que permaneciera de alta, además de facilitar al trabajador algún tipo de documento de la empresa para presentar ante las autoridades españolas como "reconocimiento de alta, certificados o nóminas", debía de personarse en el despacho del gestor con un papel "manuscrito" del empresario donde le autorizaba a retirar dicha documentación tras comprobar que estuviera al corriente en los pagos y entregar en mano entre 30 y 50 euros por la confección del documento.

Si el contrato solicitado o las nóminas debían de reflejar altas cantidades para que los ciudadanos extranjeros pudieran acogerse a la figura de la "reagrupación familiar" recogida en el articulo 17 de de la Ley Orgánica. 4/2000 y sus reformas, el precio aumentaba considerablemente, pudiendo llegar hasta los 1.000 euros.

El titular de la empresa en ningún momento llegó a pagar las cuotas de los trabajadores en la Seguridad Social, acumulando una deuda por el momento de un valor de 653.429 euros. Las subvenciones por desempleo que han cobrado presuntamente de manera fraudulenta por parte de los supuestos trabajadores de dicha empresa asciende a 183.504 euros.

El pasado día 25 de abril se inició el dispositivo de localización y detención de los principales implicados y se procedió igualmente a realizar dos registros domiciliarios, uno en el domicilio del empresario y otro en el despacho profesional del abogado, incautándose la Policía en ambos lugares de abundante documentación relativa a la investigación. Además, ese día, mientras los funcionarios daban cumplimiento al mandamiento de entrada y registro dictado por la autoridad judicial para el despacho profesional del letrado implicado se personaron más de una decena de ciudadanos extranjeros dispuestos a contratar el servicio y convertirse en nuevos trabajadores de la empresa investigada.

La investigación continúa abierta y la Policía no descarta nuevas detenciones como actuaciones sancionadoras por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y el Servicio Estatal de Empleo. El empresario se encuentra en prisión preventiva por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas, titular de la causa.

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