El Gobierno canario frena el ERTE parcial solicitado por el gigante de la sanidad privada en las Islas para más del 90% de su plantilla

Hospiten Sur, en Arona.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Los trabajadores con contratos en prácticas fueron los primeros damnificados, pero no los únicos. Tan solo una semana después de que el gigante de la sanidad privada en Canarias, el grupo Hospiten, comenzara a prescindir de profesionales de enfermería con ese vínculo laboral en plena emergencia por la pandemia de coronavirus, bajo la justificación de no haber superado el periodo de prueba, la dirección de este conglomerado empresarial solicitó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para más del 90% de la plantilla de su principal sociedad, Clínicas del Sur. 

La medida planteada afecta a 1.264 de los 1.362 empleados de cinco centros sanitarios que gestiona en las Islas (cuatro en Tenerife y uno en Lanzarote). La memoria justificativa presentada por Hospiten ante la autoridad laboral se refiere tanto a reducciones de jornada como a suspensiones totales y parciales de los contratos de trabajo, aunque sin especificar en qué porcentaje.

El Gobierno de Canarias ha paralizado el ERTE al solicitar un informe potestativo a la Inspección de Trabajo para que analice la memoria, el alcance de la decisión adoptada y la concurrencia de las causas que alega la empresa para recurrir a esta medida excepcional. “Aún no hemos resuelto nada, estamos a la espera de ese informe”, ha indicado a esta redacción el director general de Trabajo del Ejecutivo regional, el socialista Alejandro Ramos, quien también ha confirmado que el expediente presentado por otra de las grandes empresas de la sanidad privada en las Islas, Hospitales San Roque, ha sido autorizado para garantizar la continuidad de su actividad y después de comprobar que la medida no implicaba el cierre de ninguno de sus centros y que solo afectaba a personal sanitario de la rama de rehabilitación y fisioterapia. 

El Real Decreto 9/2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 28 de marzo, establece en su primer artículo que todos los centros sanitarios, con independencia de su titularidad (pública o privada), se considerarán servicios esenciales y que, en consecuencia, deberán mantener su actividad, “pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes”. Sin embargo, antes del articulado, en la exposición de motivos, el propio decreto prevé que estos centros “no puedan tramitar ERTE”. 

Clínicas del Sur, la principal sociedad del grupo Hospiten, con una facturación de 145 millones de euros en 2018 y unos beneficios antes de impuestos de 20 millones, presentó su solicitud de ERTE el 26 de marzo, dos días antes de que el Real Decreto 09/2020 fuera publicado y una semana después de que comenzara a prescindir de los servicios de enfermeros en periodo de prueba. La empresa fundamentaba la decisión en “el descenso brusco y en muy corto espacio de tiempo de la producción”, derivada de “la caída hasta el cero productivo de la actividad económica general” y, más en concreto, del turismo. Hospiten defiende en su escrito que la idea del grupo siempre ha sido la de “establecer en centros en zonas de gran afluencia y presencia turística” y que, por ello, ante la limitación de movimientos impuesta por el estado de alarma, sus ingresos han caído en picado. 

Los centros afectados se ubican en las localidades de Arona (Hospiten Sur), Puerto de la Cruz (Hospiten Belleuve y Hospiten Tamaragua), Santa Cruz de Tenerife (Hospiten Rambla) y Tías (Hospiten Lanzarote). El grupo presidido por Pedro Luis Cobiella, un influyente empresario muy próximo a Coalición Canaria (CC), con negocios también en el sector turístico y cuyo nombre apareció en los papeles de Panamá con una sociedad offshore para recibir los dividendos de sus hospitales, mantiene conciertos con el Servicio Canario de Salud (SCS) desde 1977. El documental Privados de Salud, de Despiertos TV, cuantificó los ingresos por esta vía en más de 30 millones de euros anuales, lo que convierte al grupo en el principal beneficiado por la derivación de pacientes del sistema sanitario público en las Islas. 

Según la memoria justificativa presentada por la empresa, el coste de personal de los centros afectados por el ERTE es de tres millones de euros al mes, entre el personal indefinido (969 trabajadores, el 71% del total) y el eventual (394, un 29%). Una cantidad que, según la dirección de Clínicas del Sur, es “totalmente inasumible” ante la “drástica reducción de la cifra de negocios” motivada por el descenso de turistas, “el grueso” de su actividad. Hospiten reclama que la suspensión temporal de empleos se mantenga “hasta que, cesando la situación de alerta y sus prórrogas, en su caso, se consiga la supervivencia de la empresa al cubrir los costes operativos”. Una coyuntura que, en opinión de la gerencia, solo se conseguirá cuando se produzca un “aumento de confianza” de los turistas en Canarias como destino seguro de vacaciones. 

La solicitud de ERTE planteada por el grupo de la familia Cobiella incurre en algunas contradicciones y ambigüedades que han conducido al Gobierno de Canarias a solicitar el informe de la Inspección de Trabajo. Al tratar de motivar las “causas de fuerza mayor” que le llevan a adoptar esta decisión, Hospiten llega a hablar del cierre de centros de trabajo y de la suspensión temporal de todos los contratos “excepto los imprescindibles para mantener la debida seguridad y mantenimiento de los edificios e instalaciones”. Sin embargo, a renglón seguido precisa: “Es evidente que un centro sanitario no puede cerrar durante una pandemia y cesar totalmente su actividad”, puesto que es en este momento “cuando más patente es su necesidad de colaborar en el combate” contra el virus. 

En un apartado posterior, el escrito menciona las urgencias, la unidad de vigilancia intensiva, las plantas de hospitalización, la hemodiálisis y determinada actividad quirúrgica como los “servicios esenciales” que se deben mantener “en pleno funcionamiento” durante la vigencia del estado de alarma. La memoria deja entrever que los despidos solo afectarán a los trabajadores que no forman parte de lo que la empresa llama “el corazón” de la actividad sanitaria, es decir, al personal de administración, comercial, de relaciones públicas o de traducción, aunque también reconoce que habrá una incidencia “mínima” entre los profesionales de la salud “en primera instancia y en casos muy concretos” que sitúa en las consultas externas y en la rehabilitación. Al resto se le aplicaría una reducción de su jornada laboral. Fuentes internas de la empresa consultadas por este periódico han confirmado que sus horarios ya se han visto disminuidos entre un 25 y un 50% por decisión de la dirección. El ERTE de Hospiten incluye a alto personal, técnicos, administrativos, obreros y subalternos. 

El grupo hospitalario aún no ha contestado a las preguntas formuladas por esta redacción la semana pasada. 

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