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La mayor empresa de la sanidad privada en Canarias prescinde de enfermeros en plena emergencia por el coronavirus

El grupo Hospiten, con veinte centros médicos repartidos por el mundo, siete en las Islas, rescinde el contrato, sin derecho a indemnización, a jóvenes profesionales alegando en sus comunicaciones que no han superado el periodo de prueba

La ocupación moderada de las UCI deja fuera de la crisis sanitaria a las clínicas privadas canarias

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Centro sanitario de Hospiten Sur, ubicado en Playa de las Américas, municipio de Arona

Centro sanitario de Hospiten Sur, ubicado en Playa de las Américas, municipio de Arona

La mayor empresa de la sanidad privada en Canarias, el grupo Hospiten, ha prescindido de profesionales de enfermería en medio de la crisis declarada por la propagación del coronavirus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad COVID-19. Este conglomerado sanitario internacional, que cuenta con veinte centros médicos hospitalarios repartidos por el mundo, siete de ellos en las Islas, donde tiene su sede, ha rescindido el vínculo laboral con trabajadores que respondían al mismo perfil: jóvenes profesionales, recién graduados, que habían sido incorporados en prácticas hacía menos de dos meses y que han sido cesados con la justificación oficial (así consta en las cartas de comunicación entregadas a los afectados) de no haber superado el periodo de pruebas estipulado en sus contratos.

Carlos Carrasco es uno de ellos. Este enfermero de 22 años y natural de Granada llegó a principios de febrero a Tenerife tras postularse a una oferta de trabajo en el hospital que el grupo Hospiten tiene en el municipio turístico de Arona, en el sur de la isla. A pesar de que el contrato estipulaba una duración de seis meses, apenas duró un mes y medio en el puesto. El jueves 19 de marzo, cinco días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarara el estado de alarma para contener la pandemia y decretara, entre otras medidas, la inmediata puesta a disposición de la sanidad pública de los recursos e instalaciones de las clínicas privadas, Carrasco, que ese día se encontraba doblando turnos, fue citado por los responsables del departamento de Recursos Humanos de la empresa, que le comunicaron la rescisión del contrato.

La carta que le entregaron recoge que la decisión se adoptó como consecuencia de "no haber superado el periodo de prueba". Por lo tanto, sin derecho a indemnización. Sin embargo, el trabajador explica que los motivos que le dieron en su reunión con Recursos Humanos fueron bien distintos. "Me dijeron que en el hospital había muy pocos pacientes, que habían empezado a dejar de ingresar pacientes con seguros privados, aunque la empresa mantenía las plazas procedentes de los conciertos con la sanidad pública", asegura el enfermero, que tuvo que abandonar de inmediato la isla y que ha podido reincorporarse a la actividad laboral en un centro sanitario de Toledo.

Los mismos argumentos recibió Miguel (nombre ficticio, para preservar su identidad), otro de los profesionales del sector afectados por esta práctica. "Me comentaron que en la zona sur de Tenerife se vive del turismo y que en esos momentos había una baja ocupación porque los extranjeros estaban volviendo a sus países de origen por la emergencia y el hospital había visto reducidos sus ingresos", relata este trabajador, que también había aterrizado en Tenerife desde la Península hacía menos de dos meses tras presentar su currículo a este grupo empresarial ante la falta de oportunidades en su localidad de origen. Miguel cuenta que, a su llegada, la empresa le dio "muchas facilidades" e incluso costeó su desplazamiento y el alojamiento en un hotel hasta que pudiera encontrar una vivienda en la que asentarse. "El despido me descolocó, me chocó muchísimo. Se me había presentado una buena oportunidad en la isla, estaba a gusto, arrancando, en el mejor momento", señala.

Este enfermero trasladó a la persona responsable de Recursos Humanos que la decisión era "incoherente" con la situación actual de emergencia y la necesidad de contar con recursos sanitarios para atajar la pandemia y el previsible colapso hospitalario con el pico asistencial. Además, planteó la posibilidad de reubicar a los trabajadores en otros hospitales del grupo si las necesidades eran mayores en otras zonas de la isla (la empresa tiene, además de Hospiten Sur, en Arona, el centro también concertado de Hospiten Belleuve, en el norte –Puerto de la Cruz– y Hospiten Rambla, en la capital, Santa Cruz de Tenerife). "Me respondieron que ya habían contemplado todas las opciones".

Aunque reconoce que la actividad asistencial se había visto reducida en el centro hospitalario tras la declaración del estado de alarma, Carlos Carrasco no entiende "cómo en una situación de emergencia sanitaria se merman los recursos en vez de reforzarse ante una previsible saturación".

El grupo empresarial no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico, entre ellas la referida a la cantidad de trabajadores afectados por esta situación. Los profesionales consultados tienen constancia directa de al menos cinco casos entre los centros del sur (Arona) y del norte (Puerto de la Cruz), aunque calculan que los "damnificados" son entre 20 y 30 sanitarios. "Cuando entré en el despacho, había una pila de cartas preparadas", relata Miguel. El perfil de los empleados de los que ha prescindido la empresa en este periodo de crisis es el de jóvenes no residentes en la isla.

La fórmula empleada por el grupo Hospiten para reducir costes le permite resolver los contratos sin tener que pagar ningún tipo de indemnización para el trabajador. Tampoco requiere que se les preavise con un plazo de antelación de quince días, como sí está obligada la otra parte en caso de querer dar por finalizada la relación laboral, ni que lo justifique, por lo que el vínculo se acaba de forma inmediata, fulminante. Además, según la Ley General de la Seguridad Social, la finalización del contrato por no haber superado el periodo de prueba no se considera despido, por lo que la empresa podrá seguir acogiéndose a bonificaciones en la contratación.

Fuentes sindicales con representación en las clínicas concertadas de Hospiten aseguran que la empresa no ha tramitado ni ha negociado ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la fórmula a la que se han acogido otros grupos sanitarios de titularidad privada de las Islas.

Según recoge en su página web, el conglomerado empresarial facturó en 2018 un total de 326 millones de euros. La principal sociedad del grupo, Clínicas del Sur, que explota los complejos de Tenerife, ingresó en ese ejercicio, el último con las cuentas auditadas, 145 millones y obtuvo unos beneficios (antes de impuestos, intereses y amortizaciones) de 20. Además de los hospitales de las Islas, dispone de centros en Andalucía, Madrid, República Dominicana, Jamaica, México y Panamá. El holding contaba ese año con más de 1.200 camas, unos 5.000 profesionales contratados y cerca de dos millones de pacientes atendidos.

Su propietario, Pedro Luis Cobiella, es un empresario muy influyente en las Islas. Próximo a Coalición Canaria (CC), partido que ahora prueba los sinsabores de la oposición tras 26 años asido al poder de forma ininterrumpida en las Islas, su nombre apareció en el año 2016 en los denominados papeles de Panamá, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según la información publicada por El Confidencial, Cobiella usó una sociedad panameña sin actividad para recibir los dividendos de su grupo sanitario sin pagar impuestos. Hospiten defendió entonces que todas sus empresas estaban al corriente de sus obligaciones fiscales. Se da la circunstancia de que el consejero interino de Sanidad del Gobierno de Canarias, el socialista Julio Pérez, fue secretario del Consejo de Administración de esta empresa en el año 2009, durante un parón en su actividad política.

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