Vida más allá de los 25 años

En muchas de nuestras casas tenemos batidoras Osterizer que llevan más de 35 años funcionando, y que como mucho han necesitado un recambio del vaso. Si alguien nos propusiera retirarla a los 25 años y sustituirla por una nueva, consideraríamos esa decisión poco razonable, siempre que el uso y el mantenimiento hayan sido adecuados.

Con los grupos térmicos en Canarias ocurre algo similar. Muchos superan con creces los 25 años y, con el uso y las revisiones apropiadas, siguen cumpliendo perfectamente su función. De hecho, en un reportaje de finales de noviembre de 2024, UNELCO informaba de una revisión completa de un grupo de 80 MW de 1995 —con 30 años entonces— con la previsión de operar al menos 8 años más, que es cuando corresponde su siguiente revisión integral.

Sin embargo, el Real Decreto 738/2015, que regula el sistema eléctrico canario, establece en su artículo 25 una medida que no va precisamente en esa línea: fija en 25 años la vida útil regulatoria de estos grupos. Esta cifra es especialmente relevante porque es el límite para obtener la retribución adicional que hace rentable instalarlos en Canarias. Además, es el valor que ha utilizado el operador del sistema para calcular la potencia nueva que debe instalarse. La consecuencia: las cifras tan abultadas de nueva potencia previstas en el Proceso de Concurrencia Competitiva.

Ese límite de 25 años, fijado en un decreto de 2015, podría haber tenido cierta lógica en su momento (aunque ya entonces se pasaron por alto elementos importantes del contexto). La razón principal era limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los grupos más antiguos. Pero las políticas no son estáticas: igual que en informática los estándares quedan obsoletos con la evolución tecnológica, en el ámbito energético el contexto ha cambiado profundamente.

En 2019, con los datos disponibles de aquel momento Canarias emitió una declaración de emergencia climática, que el tiempo ha demostrado que fue oportuna, y si no recuerden la apertura prevista de Refugios climáticos por el actual gobierno canario, en esta declaración Canarias fijó su objetivo de descarbonización para el 2040, desde ese momento establecer la vida útil regulatoria en 25 años tal como preveeía el decreto 738/2015 quedaba obsoleto. La Península también ha recortado plazos, y plantea una penetración de renovables del 90% para 2030. En este contexto, el objetivo ya no debe ser reducir las emisiones de los grupos térmico existentes, sino sustituirlos progresivamente por renovables, tanto no gestionables (eólica y fotovoltaica) como gestionables (bombeos y baterías). Hoy estas tecnologías son seguras, están maduras y están disponibles para una transición energética rápida. 

Conviene poner otro aspecto sobre la mesa: la prioridad absoluta y casi dogmática de evitar cualquier apagón no puede convertirse en un obstáculo que bloquee la descarbonización. Probablemente este énfasis en la continuidad total del suministro nace menos de la preocupación por los daños personales —que, aunque críticos, son comparativamente bajos en episodios aislados— y más del impacto económico que generan los cortes prolongados. Si realmente la prioridad fueran los daños humanos, la hoja de ruta sería distinta: deberíamos considerar las muertes, enfermedades e incluso la migración forzada que está provocando el cambio climático. En ese caso, y asumiendo que los fallos puntuales de suministro pueden gestionarse con planificación, la estrategia sería sustituir los grupos térmicos por renovables, no renovarlos para seguir quemando combustibles fósiles.

Y para ello existe margen de actuación, siempre que se elimine la restricción de los 25 años, que nos conduce a un carbon lock-in injustificado y contrario a los objetivos climáticos.

En resumen: el Proceso de Concurrencia Competitiva en Canarias, tal como está planteado, se ha convertido en un mecanismo anacrónico e inoportuno. A la espera de que desde la Administración central alguien lúcido y valiente lo reconduzca, este proceso está poniendo en riesgo la transición ecológica en lugar de apuntalarla.