La ocupación moderada de las UCI deja fuera de la crisis sanitaria a las clínicas privadas canarias

Las clínicas privadas se sienten infrautilizadas por las autoridades sanitarias canarias en la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. La Alianza de la Sanidad Privada de España (ASPE), que aglutina a la práctica totalidad de las empresas del ramo en el Archipiélago, señalaba este jueves en un comunicado a Canarias y la Comunidad Valenciana como ejemplos de regiones que no están haciendo uso de sus camas o que lo están haciendo de manera testimonial a pesar de disponer de todos sus recursos. La patronal de la sanidad privada reprochaba, en el caso concreto de las Islas, que hubiera optado por montar hospitales de campaña, como el instalado en el recinto ferial de Tenerife.

A preguntas de este periódico para tratar de cuantificar ese uso testimonial de recursos de titularidad privada, fuentes oficiales de la alianza han reconocido que no disponen del desglose de todas las comunidades y que, por ello, no han publicado el dato en la nota emitida.

El comunicado de ASPE ha sorprendido al Gobierno de Canarias, que niega que se esté produciendo una infrautilización de camas de las clínicas privadas integradas en un “circuito único” desde el comienzo de la emergencia sanitaria por la propagación de casos de COVID-19.

Fuentes del Ejecutivo recuerdan que las Islas no han llegado aún al pico asistencial y que, de momento, las unidades de cuidados intensivos trabajan con un margen aún holgado. El Archipiélago dispone en total de 488 camas con respiradores para pacientes crónicos entre UCI y quirófanos reconvertidos en los centros hospitalarios públicos y privados. Los últimos datos disponibles, correspondientes a este miércoles, situaban el nivel de ocupación (tanto de pacientes con COVID-19 como con otras patologías) en 220, es decir, un 45%. Más de la mitad de las camas siguen desocupadas.

Desde el Gobierno regional señalan además que el hospital de campaña proyectado en el recinto ferial de Tenerife es un recurso previsto, pero aún no dotado, en caso de que los hospitales se desborden por un repunte de casos, escenario que, según ha manifestado este jueves en rueda de prensa el consejero interino de Sanidad, Julio Pérez, no se baraja al menos en los próximos días.

En respuesta a la denuncia formulada por la patronal de la sanidad privada, fuentes oficiales del Ejecutivo han recordado que hace apenas cuatro días la Consejería de Sanidad anunció la incorporación a la red hospitalaria de la Clínica Vithas de Santa Cruz de Tenerife, de titularidad privada, ante la creciente demanda en el resto de centros por ingresos vinculados con el coronavirus. Apuntan, además, que ya se han producido algunas derivaciones a las unidades de cuidados intensivos de clínicas privadas de pacientes críticos con patologías distintas al COVID-19, que los 26 usuarios contagiados en el centro sociosanitario de Fasnia, en Tenerife, fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, especializado en mayores, o que uno de los residentes del Hogar de Santa Rita, en la misma isla, también fue ingresado a un centro privado, en este caso por cercanía.

La Consejería de Sanidad señala que las decisiones sobre las derivaciones se adoptan siguiendo criterios médicos, tras analizar los casos de forma individual y los recursos, por operatividad y nivel.   

“Las privadas no están preparadas para problemas de salud pública”

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ASDP) en Canarias considera que, por su modelo de negocio, centrado en los procesos quirúrgicos concertados, las clínicas privadas “no están preparadas” para afrontar problemas de salud pública como la pandemia de coronavirus. Su portavoz, Guillermo de la Barreda, remarca que ni los servicios de urgencias ni los de hospitalización de estos centros disponen de médicos especialistas con presencia física las 24 horas. En declaraciones a este periódico, recuerda que buena parte de estos facultativos trabajan también para el Servicio Canario de Salud (SCS), donde en la actualidad están “volcados” para atender la emergencia sanitaria.

“No puede haber pacientes ingresados (con COVID-19) con médicos de guardia, tiene que haber especialistas”, señala De la Barreda, que remarca que, en las circunstancias actuales, con los hospitales públicos aún sin problemas de saturación, con menos de la mitad de las plazas de UCI ocupadas y un ritmo de contagios y de diagnósticos que está disminuyendo, “no hay necesidades de camas” de las clínicas privadas, “lo que no quiere decir que no pueda haber en un futuro”.

Para el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, el importante descenso en la actividad de las clínicas privadas demuestra el alto grado de dependencia de estos centros de los conciertos con la sanidad pública, concepto por el que ingresan “entre el 70 y el 80%” de su facturación anual. “Las privadas quieren los procesos quirúrgicos de alta rentabilidad que les cede la pública, es para lo que están estructuradas”, afirma De La Barreda, que entiende que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ya han tramitado varias empresas del sector corroboran que sus otros ingresos, los procedentes de pacientes de compañías y seguros privados. “no las aceptan” o “prefieren tratarse en la pública”.