El PSOE se une a PP y Junts para enviar a Pleno la ley de multirreincidencia

La Comisión de Justicia ha aprobado este miércoles el informe de la ponencia de la ley de multirreincidencia con los votos del PSOE y de Junts, así como del PP, el Partido Nacionalista Vasco y Vox. ERC se ha abstenido. La iniciativa, promovida por los independentistas catalanes, busca endurecer las penas para algunos delitos menores cometidos de forma reiterada, como el hurto de teléfonos móviles en la calle.

La ley ha salido prácticamente con el mismo texto que aprobó la ponencia la semana pasada, con varias enmiendas pactadas entre el PP y Junts a las que dieron su apoyo los socialistas catalanes. La ley forma parte de los acuerdos que el PSOE firmó con los de Carles Puigdemont para dar estabilidad a la legislatura, aunque se trata de una reforma que forma parte de la agenda de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, que suele aprovechar estos debates para mezclar inmigración con delincuencia.

La multirreincidencia es la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, sobre todo pequeños robos o hurtos. En la exposición de motivos de la ley, Junts habla de las quejas de muchos alcaldes y alcaldesas catalanes que desde 2021 denuncian una “alarma social” por una “oleada de delitos”, sobre todo hurtos pero también peleas, por parte de un “reducidísimo grupo de personas” que el “sistema no era capaz de evitar”. 

El actual Código Penal ya incluye, en realidad, castigos más duros para las personas que cometan robos de forma continuada. Si una persona es condenada por un hurto en más de tres ocasiones y la cuantía de lo robado supera los 400 euros, el juez pasará a imponerle una pena de prisión de seis a dieciocho meses, en lugar de una multa. 

Lo que propone Junts en su texto –y apuntalan las enmiendas pactadas– es que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza” y siendo al menos uno de ellos leve, incluso aunque el valor de lo sustraído sea menor a 400 euros.

La iniciativa de Junts también plantea que los hurtos “menos graves o graves” continuados (a partir de tres condenas) sean castigados con penas de uno a tres años. Y aplica esta horquilla a los robos de teléfonos móviles: “Dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos”. 

Después del debate en comisión de este miércoles, el texto irá a uno de los primeros plenos del nuevo periodo de sesiones, que comienza en febrero del año que viene, tras el parón por las vacaciones navideñas.

El debate en comisión ha puesto de manifiesto el inusual acuerdo entre PP, PSOE y Junts. “Sí, ha sido posible llegar a acuerdos con Junts”, ha dicho casi sorprendido el diputado del PP que ha defendido la posición del partido, que no obstante ha atribuido el apoyo del PSOE a esta inciativa a un intento de “congraciarse” con Carles Puigdemont. “Para nosotros no es más que cumplir un compromiso que nace del cumplimiento de que la ley es garantía de convivencia en nuestra sociedad”, ha dicho.

Los socialistas mientras tanto han agradecido al PP su predisposición a trabajar en esta ley y han tratado de apartarse de las críticas de los socios de izquierda a su apoyo a una ley que consideran que abraza los marcos de la derecha. “Sabemos bien dónde estamos, nuestro modelo de seguridad es progresista, público y universal”, ha dicho la diputada del PSOE.

Precisamente, la extrema derecha durante el debate ha aprovechado para asociar este tipo de delitos a la inmigración. “Un 57% son de origen marroquí y argelino”, ha dicho la parlametnaria de la extrema derecha, que ha presumido de que el resto de partidos hayan terminado asumiendo las posiciones de su grupo.

Estas han sido las principales críticas de los partidos de izquierda a los socialistas por apoyar una ley así. “Esto es de extrema derecha. No estamos diciendo que no sea grave la multirreincidencia ni que no nos preocupe, ¿pero es la respuesta el endurecimiento la que debe darse? Yo creo que no, es populismo que enriquece políticamente a la extrema derecha, tanto en el estado como en Catalunya. Pedirán más. Ya están uniendo este debate a la inmigración y señalando a personas vulnerables”, ha criticado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

“Junts ha insistido tanto en esta ley porque la considera clave en su disputa contra los nazis de Aliança Catalana. Esto nos habla claramente de la intencionalidad política. Es una propuesta para alimentar los relatos racistas de la extrema derecha y aumentar la mano dura contra los robagallinas”, ha reprochado la diputada de Podemos Martina Velarde.

El PNV, que ha votado a favor del informe, también ha tratado de desvincular esta reforma del debate sobre la extrema derecha. “A nuestro juicio no es una reforma de izquierdas ni derechas sino reclamada de modo transversal por buena parte de la ciudadanía. Nos la han hecho llegar innumerables alcaldes de todas las sensibilidades”, ha esgrimido el diputado del PNV Mikel Legarda.

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha criticado la premura que se ha dado el PSOE para activar esta negociación después de haber guardado la ley “en un cajón”. No obstante, y aunque ha puesto pegas al enfoque de la ley, los republicanos han terminado absteniéndose en la votación de este miércoles.