Canarias culpa del bloqueo en el traslado de menores a la falta de fondos aunque el Estado ya repartió 94 millones

Hace una semana, el Gobierno de Canarias atribuyó el bloqueo de los traslados de menores migrantes a la península a la falta de financiación por parte del Estado. Sin embargo, un documento oficial evidencia que el Ejecutivo central transfirió más de 94 millones de euros a las autonomías en diciembre de 2025. El portavoz del gobierno autonómico, Alfonso Cabello (CC), afirmó en una rueda de prensa que ni siquiera el Archipiélago había recibido su partida correspondiente: ''Estamos teniendo problemas a la hora de poder ejecutar las resoluciones porque el Estado no está haciendo su parte''.

''Se asignan unas resoluciones que dicen a qué comunidad autónoma tiene que ir un menor. Eso lo hace el Estado. Cuando Canarias contacta con esa comunidad, porque es el Estado la que la ha asignado, la comunidad autónoma nos dice que no tiene plaza y que el gobierno del Estado está incumpliendo con ella un acuerdo para financiación para poder abrir esas plazas“, aseguró el dirigente nacionalista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 26 de enero.

La ficha contable a la que ha tenido acceso este periódico muestra que el 23 de diciembre de 2025 se ordenó el pago de 94,6 millones a distribuir entre las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. Este documento oficial sitúa a Canarias como la región que recibe la mayor parte de estos fondos, con una partida de 26 millones, al tratarse de un territorio que acoge a más de 4.000 menores sin referentes familiares y cuyos recursos triplican su capacidad. 

La Comunidad de Madrid es la segunda que recibirá más fondos del Estado, con más de 15 millones de euros. En tercer lugar está Andalucía, con 8 millones. Según este documento, las fechas del pago están comprendidas entre el 29 y el 30 de diciembre de 2025, y aunque no concreta la fecha efectiva de la transferencia, estima que el pago se habría hecho efectivo entre el 31 de diciembre del año pasado y el 7 de enero de 2026.

A pesar de ello, Cabello aseguró en la misma rueda de prensa que el Archipiélago tampoco había recibido dinero. ''Lo tenemos tan claro porque de esos 100 millones de euros hay una parte que también era para nosotros, porque algunas de las plazas se creaban también en Canarias'', afirmó.

El portavoz del Ejecutivo autonómico también insistió en su intervención en que “el Supremo le ha dicho al gobierno del Estado que tiene que garantizar esas plazas”. Sin embargo, el requerimiento del Alto Tribunal se refería solo a los menores solicitantes de asilo acogidos en Canarias, exigiendo al Gobierno central que los acogiera en sus centros de protección.

El Supremo solo se ha pronunciado sobre los traslados obligatorios a otras comunidades para rechazar la petición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de paralizar la derivación de doce jóvenes desde Canarias y Ceuta. El tribunal recordó que ellos mismos han obligado al Estado a hacerse cargo de menores refugiados de Canarias por el ''notorio hacinamiento'' en que se encuentran. Frenar ahora su traslado a Madrid, indican, sería contradictorio: “Facilitaríamos el mantenimiento de unas circunstancias gravemente perjudiciales para los menores”.

Dos vías para derivar menores

Según los datos del Gobierno regional, el Archipiélago tutela en la actualidad a 4.147 menores no acompañados. Cabello señaló que Canarias ha remitido a la Delegación del Gobierno 755 expedientes completos de jóvenes para ser reubicados en otras regiones en cumplimiento con la declaración de contingencia migratoria. Además, afirmó, de los 572 menores que han llegado a las islas después de esta declaración, 173 han sido ya derivados a la península.

Los menores migrantes acogidos en Canarias pueden ser reubicados por dos vías. La primera es exclusiva para los solicitantes de asilo, que por orden del Tribunal Supremo están siendo trasladados a recursos estatales de protección. La segunda atiende a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece una distribución obligatoria entre todas las comunidades autónomas de los menores acogidos en territorios cuyos recursos tripliquen su capacidad.

Según los datos publicados por la Delegación del Gobierno el 13 de enero, 408 menores han sido trasladados a la península por la vía de la protección internacional y están siendo acogidos en dispositivos abiertos específicamente para este fin e integrados en el Sistema de Protección Internacional. Por su parte, hasta esa fecha se habían ejecutado 395 reubicaciones atendiendo a la modificación de la Ley de Extranjería.

Esta norma establece el plazo de un año para realojar a los menores atendidos en las comunidades en contingencia migratoria. Las regiones en esta circunstancia tienen un plazo de cuatro meses desde la declaración de contingencia para remitir al Gobierno de España los expedientes de los menores.

“En el caso de Canarias, donde hay aproximadamente 1.700 [menores que trasladar] según el Ejecutivo autonómico, solo nos han llegado hasta el momento 536 expedientes”, dijo el 13 de enero el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, respondió al ministro y le ha pedido más implicación en la apertura de plazas en las comunidades autónomas de destino. ''Sería lo más conveniente que, en el ámbito de sus competencias, Política Territorial facilitara ese diálogo con las comunidades receptoras para conseguir esas plazas en la Península y aportara la financiación necesaria para su mantenimiento'', subrayó Delgado.