Un año después, Canarias avanza hacia el fin del colapso en la acogida de menores migrantes pese al boicot del PP

La reforma legal que obliga a todas las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes atendidos en Canarias, Ceuta y Melilla cumple hoy un año. La medida se presentó como un “hito en la defensa de los derechos humanos” y como la fórmula definitiva para terminar con el hacinamiento de menores en los centros de las islas. Doce meses después, pese a los intentos de las comunidades gobernadas por el PP de torpedear la aplicación de la norma, Canarias avanza hacia el fin de la contingencia, con la sombra de una investigación por malos tratos a menores en algunos recursos de acogida. 

El Consejo de Ministros aprobó por decreto ley la modificación de la Ley de Extranjería el 18 de marzo de 2025 gracias al cambio de postura de Junts, que - igual que el PP y Vox- votó en su contra la primera vez que se llevó la propuesta al Congreso. Esta reforma estableció un mecanismo de acogida mediante el que todas las comunidades autónomas debían recibir a jóvenes que hasta el momento estaban siendo atendidos en territorios en situación de contingencia, es decir, con los recursos al triple de su capacidad.

Esta reforma legislativa permitió al Ministerio de Juventud e Infancia declarar en agosto la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla. Entonces, el Archipiélago atendía a unos 5.600 jóvenes a pesar de que su sistema de acogida tenía capacidad para 2.211. Siete meses después de esa declaración, la comunidad autónoma tutela a 3.596 menores. 

“Hemos bajado la presión de todos los recursos, hemos cerrado macrocentros y hemos conseguido abrir centros más pequeños”, ha explicado la directora general de Protección a la Infancia de Canarias, Sandra Rodríguez. El proceso se ha topado con continuos intentos de bloqueo por parte de las comunidades gobernadas por el PP, que ha llevado la modificación, sin éxito, a los tribunales.

“Cuando comenzamos a trabajar en esta modificación del artículo 35, pensábamos que iba a ser imposible de alcanzar. Las comunidades autónomas han recurrido todos los pasos, si consiguieras ponernos de acuerdo hubiera sido más fácil el trabajo”

Dentro de esta cifra están los menores refugiados que, por orden del Tribunal Supremo, han pasado a centros de protección internacional gestionados por el Estado en la Península (476) y en el Archipiélago (104), pero que siguen estando tutelados por la comunidad autónoma. 

Se cumplen los plazos 

Las islas están cerca de salir de la situación de contingencia. Sin embargo, no se han cumplido los plazos en los que se preveía derivar a los menores a la Península. La norma establecía que los menores que estuvieran en las islas antes de la modificación de la Ley debían ser reubicados en un año. Según Rodríguez, sigue pendiente el traslado de 157 menores en esta circunstancia y de otros 268 recién llegados que tienen que salir a otras regiones en un plazo de 15 días desde su llegada. 

Antes de que termine marzo, 276 jóvenes cumplirán la mayoría de edad. Según la directora general, Canarias ha abierto dos recursos en Tenerife para jóvenes extutelados y está en vías de crear otros dos. “Esto nos ha permitido reordenar los recursos, ver dónde estaban las necesidades, y que los jóvenes puedan culminar sus proyectos aquí o en la Península”, señaló a los medios la responsable de Protección a la Infancia.

Aunque termine la situación de contingencia, Canarias mantiene la situación de emergencia, declarada por primera vez en agosto de 2023 y en vigor actualmente tras varias prórrogas aprobadas por el Gobierno regional. Esto, ha explicado Rodríguez, permite abrir recursos sin necesidad de tener ficha financiera ni de sacar a concurso el servicio.

Mediante este mecanismo se han creado macrocentros que han llegado a albergar hasta 300 personas en condiciones que no siempre han garantizado los derechos fundamentales de los menores. “No hemos negado nunca la mayor, llevamos tiempo denunciando el hacinamiento, la falta de profesionales adecuados, y hemos trasladado la preocupación”, ha defendido Rodríguez. 

En la actualidad, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria investiga presuntos malos tratos en diferentes centros gestionados por la entidad Quorum Social 77.

En el marco de la bautizada como ‘Operación Cábila’, se han cerrado dos centros de acogida de Gran Canaria, se ha registrado un recurso de Tenerife y otro de Fuerteventura y han sido detenidos 15 trabajadores de la ONG. En concreto, los delitos que se investigan son lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas hacia los menores no acompañados.