Morera insiste en que “no son asumibles” las demandas sobre cambios en las oposiciones de Sanidad
El consejero de Sanidad del Gobierno canario, Jesús Morera, ha insistido este lunes en que “no son asumibles las demandas de la plataforma de trabajadores del Servicio Canario de Salud sobre la oferta pública de empleo (OPE), porque no se pueden cambiar las bases de una oposición ya en marcha.
La Consejería “no se puede saltar las normas”, por lo que las reivindicaciones de la “Plataforma por una OPE más justa” no se pueden atender, ha señalado Morera a los periodistas, con motivo de la protesta que ha protagonizado un grupo de trabajadores durante una conferencia que ha ofrecido el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo en Las Palmas de Gran Canaria.
“Hay cosas que no tienen solución, no es una cuestión de dinero. No podemos saltarnos las normas y la solución que quieren no se puede dar”, ha insistido Morera, quien ha aludido al informe jurídico del que dispone para reforzar la postura de su departamento y a que se “tiene que respetar el proceso que ya está en marcha”.
En cuanto a la huelga iniciada por los profesionales sanitarios afectados por la OPE, ha señalado que tiene poca incidencia y ello no guarda relación con los servicios mínimos, porque las personas que van a la huelga “son los que son”.
En cuanto a la fecha de las oposiciones, el consejero ha indicado que no son definitivas, pero que se especula que el examen de enfermería sea a final de enero y el de auxiliar administrativo en abril.
El colectivo que demanda una “OPE más justa” también se ha concentrado ante la sede del Gobierno de Canarias durante la reunión del Ejecutivo, para que deje de primar la puntuación del examen y que en cambio sea más valorada la experiencia profesional.
Pide también que los criterios de cese se vinculen al tiempo trabajado y no al examen y que se desvincule de la lista de contratación oficial generada tras la oferta pública de empleo de la nota de la convocatoria, y sobre todo, sostienen que disponen de informes jurídicos, distintos a los del Gobierno, que amparan sus demandas y que estas “están en manos de la voluntad política”.
