Un sindicato pide el cese del comisario de la Policía Canaria por la “connivencia” mantenida con un subinspector condenado
El sindicato de Comisiones de Base de Canarias (Cobas) ha exigido al Gobierno de Canarias el “cese inmediato” del comisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos Jara, por su “pésima gestión” y la “connivencia” mantenida con el subinspector condenado a cuatro años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y una falta de lesiones enmarcados en el denominado caso Ladrillo, Carmelo Sosa.
El caso lo destaparon dos agentes, que acusaron a Sosa de agredir en el cuello a un subordinado, para posteriormente endosarle el delito a una persona que había sido detenida durante la final de la fase de murgas de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria de hace tres años.
Durante la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas, Santos Jara fue llamado a declarar en calidad de testigo por la defensa de Sosa, de quien dijo que “la presión que ha aguantado ese hombre es inaguantable”, abrazando la teoría de la conspiración sindical.
Cobas, sindicato al que pertenecen la mayor parte de los agentes denunciantes del caso, recuerda que desde que ocupó el cargo en el año 2012, ha denunciado en diversas ocasiones ante el Ejecutivo canario la “pésima gestión y delegación absoluta de funciones” del comisario, que “ha producido un éxodo de funcionarios con plaza en el mismo, una continua y selectiva pérdida de condiciones laborales y unos graves acontecimientos de índole penal y administrativa”.
El sindicato explica la mencionada “connivencia” en que resulta “público y notorio” que Santos Jara y el subinspector condenado por la Audiencia “iniciaron una persecución contra los policías que se opusieron decididamente a las delictivas y dudosas órdenes” de Sosa en la base de Gran Canaria.
En el escrito presentado en el Gobierno canario el 1 de octubre al que ha tenido acceso Canarias Ahora, Cobas hace referencia a los pinchazos telefónicos que obran en la causa y en los que aparece el comisario. Pinchazos que, a su juicio, ponen de manifiesto “la total premeditación a la hora de incoar expedientes a varios policías, asignar los turnos más penosos, aislar a diferentes policías e incluso facilitar un trato de favor en altas esferas policiales para reducir la responsabilidad del subinspector”.
“Todo ello con la manifiesta connivencia del señor Santos Jara y sin atender siquiera a la versión de los policías que defendían la honradez y se oponían a todo acto de corrupción, como no podía ser de otro modo, haciendo gala de una total parcialidad y escasa objetividad en el desempeño de sus funciones”, apostilla.
Para el sindicato, además del “trato de favor y las acciones para encubrir al señor Sosa”, la declaración de Santos Jara ante el juez Emilio Moya supone una omisión del deber de perseguir un delito “no denunciando los hechos que declaró conocer, como fueron supuestas amenazas a familiares de policías o el supuesto intento de retirada de denuncias a cambio de la paralización de unos expedientes administrativos”.
Sobre este último punto, Cobas informa de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula unos expedientes sancionadores impulsados desde la dirección del Cuerpo a varios policías – algunos de los cuales fueron denunciantes del caso Ladrillo – tras la interposición de un recurso “cuyas costas pagarán todos los ciudadanos”. De esta forma, manifiesta que la Justicia da “una muestra más del grado de implicación de toda esta vorágine de excesos por parte de la Jefatura” de la Policía Canaria.
Preceptos que incumple el comisario
El sindicato expone en su escrito una serie de preceptos que Santos Jara “incumple de manera reiterada” y que tendrían que derivar en su revocación por parte del Ejecutivo regional.
Se refiere a la normativa de las Naciones Unidas, europea, estatal y la Ley 2/2008/ del propio Cuerpo General de la Policía Canaria, que establece que debe actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad, abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse él resueltamente e “impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”.
Así mismo, recuerda que entre los principios básicos de aplicación a todos los empleados públicos se encuentra la exigencia de “velar por los intereses generales” y que “se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de interés con su puesto público”.
Cobas considera que el comisario no ha cumplido con estos preceptos, por lo que demanda que “no continúe a cargo de las funciones que viene realizando, ni policiales, ni de cualquier índole en el ámbito de la administración pública.
Según ha podido saber Canarias Ahora, la viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de Canarias se negó a tratar este asunto en una reunión mantenida con los sindicatos del Cuerpo el pasado viernes. La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto no ha querido hacer de momento una valoración sobre la reciente sentencia de la Audiencia, ya que la misma no es firme.
