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Siguen bajando los beneficiarios de Dependencia

EN EL TERRITORIO NACIONAL

En enero hay 5.064 personas que han perdido el derecho y 5.980 beneficiarios menos que el mes anterior.

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Los gerentes sociales han vuelto a poner en relevancia el "desmantelamiento" de la ley de Dependencia. En enero hay 5.064 personas que han perdido el derecho y 5.980 beneficiarios menos que el mes anterior, además de 3.959 grandes dependientes menos, 3.296 solicitudes activas menos, 100.514 personas pendientes de valoración, 231.119 en el limbo de la dependencia y 15 comunidades que no mantienen la tasa de reposición.

"Las estadísticas oficiales demuestran que el Ministerio aplica el escenario de ruina al Sistema de Atención a la Dependencia. El Sistema se destruye por inanición", apuntan.

"Decir que se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia puede parecer una metáfora pero es la cruda realidad ya que las estadísticas oficiales desde hace cinco meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera", añaden. Esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes y reducir el número de personas con derecho se intuye que el Sistema de Atención de la Dependencia "tiene fecha de cierre".

Solo en este último mes se han cerrado 1.126 plazas de residencia, 220 de centro de día, 533 de ayuda a domicilio y 1.501 de teleasistencia, lo que supone el despido de un millar de trabajadores. Además 4.484 cuidadores familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica.

Por otra parte, hay 3.959 grandes dependientes menos que el mes anterior. "Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan?", sostienen.

Ni siquiera la lista de espera baja y eso que la tasa de reposición no se mantiene más que en tres CC.AA. "Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas. De lo que se deduce que los fallecimientos financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del sistema de la dependencia", concluyen.

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