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La investigación judicial apunta a Ángela Mena

SCTF / CASO DE LA FUNCIONARIA ACOSADA

La concejal de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  deberá declarar el 11 de abril.

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Las declaraciones de testigos e imputados, durante la instrucción del caso de la funcionaria acosada laboralmente en el Centro Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, apuntan a Ángela Mena como posible responsable de mobbing, según se desprende del auto judicial del juzgado de Instrucción 4 de la capital tinerfeña, que la ha citado en calidad de imputada el próximo 11 de abril.

"Visto el estado de las presentes actuaciones, cítese para recibirle declaración en calidad de imputada, señalándose a tal fin el próximo 11 de abril", dice el auto redactado por la juez titular del juzgado María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo.

Fuentes judiciales matizan que la actual concejal de Viviendas por CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que entre 2007 y 2011 fue responsable del área de la Mujer, ha sido imputada por los delitos de acoso laboral, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, aunque la denuncia de la acusación particular, del abogado José Pérez Ventura, añade un cuarto delito, el de tráfico de influencias.

Entre otros testimonios que, según fuentes judiciales, ha tenido en cuenta la juez estaría el del jefe de Coordinación del Ayuntamiento, Pedro Ramos, quien afirmó que en febrero de 2008 propuso que le fueran devueltas las funciones asignadas a la funcionaria, por su plaza ganada en oposición, tras quejarse ya entonces de que le habían dejado paulatinamente mano sobre mano y con sus tareas asignadas a dos funcionarias, una de ellas interina y para la que se creó una plaza ex profeso, y la otra, con funciones adscritas.

El superior jerárquico de Ramos, José Enrique Núñez Ruano (peso fuerte, como Mena, en el comité local de CC y ex cargo de confianza de Zerolo), matizó a la instructora que si se hubiese hecho caso de esa proposición del técnico, "se podría haber evitado todo lo que ha pasado después", aunque también añadió que la concejal no aprobó la propuesta porque "dijo que no era de su competencia".

Bloqueo

Igualmente, otros dos testigos de la Junta de Personal del Ayuntamiento indicaron que la superior jerárquica de todo el área de Mujer, desde que se inició el acoso en julio de 2007, era Ángela Mena, lo que coincidió, dijeron, con la negativa de la perjudicada a firmar informes favorables a la empresa Innova.

"La solución quedó bloqueda", dijo Núñez Ruano en su declaración (imputado por acoso laboral, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos). Posteriormente, la directora general de Planificación Ciudadana y Mujer, María del Cristo Díaz Méndez fue la responsable funcionalmente del área de Mujer, y quien propuso el traslado de la afectada, lo que motivó que ésta pidiera medidas cautelares, que a su vez acabaron en una contundente sentencia a su favor, en la que especificaba que había habido "trato discriminatorio".

A su vez, la directora general de Recursos Humanos desde 2006, Nieves Pérez Marichal, cargo de confianza en el anterior y actual equipo de Gobierno, (imputada por los mismos delitos que el anterior) indicó que "se actuaba bajo las directrices de la concejal", y que las dos funcionarias que habían absorbido el trabajo de la denunciante, "dependían directamente de Ángela Mena".

Díaz Méndez (imputada por prevaricación y acoso laboral), por el contrario, negó que se siguiese directriz alguna de Ángela Mena, y sostuvo que señalarlo así en los informes de propuestas era un mero formulismo.

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