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Ferraz, tenemos un problema

La suspensión cautelar de la expulsión de los consejeros socialistas en La Palma remata una sucesión de decisiones mal ejecutadas

Señalar a la juez, que debió abstenerse,  equivale a culpar al árbitro si el fondo de su auto está bien hilvanado

El eje descontento formado por La Palma, La Gomera y El Hierro preocupa en el PSOE canario

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Manuel Marcos Pérez acompaña a Pestana y otros candidatos del PSC-PSOE durante las últimas elecciones.

Manuel Marcos Pérez acompaña a Pestana y otros candidatos del PSC-PSOE durante las últimas elecciones.

Vuelven a encenderse las alarmas en el Partido Socialista Canario, en esta ocasión por una resolución judicial que, a tenor de las expresiones escuchadas, nadie se esperaba. Una juez de primera instancia de Santa Cruz de La Palma ha puesto un auto muy puñetero que deja en el aire (y en manos del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife) la técnica de depuración puesta en marcha por el partido en Canarias a raíz de la proliferación de indisciplinas respecto a pactos en corporaciones locales con el Partido Popular. Y en contra del acuerdo regional de gobierno con Coalición Canaria, debe añadirse a renglón seguido para que todo se entienda. Y cuadre.

Es cierto que el factor “interés indirecto” de la jueza Oscarina Naranjo puede convertirse en determinante, y que si el PSOE impugnara ahora su auto mediante una recusación en toda regla, la Justicia se vería seguramente obligada a revocarlo y devolver las actuaciones al momento anterior a que ella se hizo cargo de una causa que debió apartar de su mesa por ser pareja de un señor que tiene un hermano que es consejero del PP en la Corporación objeto de la polémica.  El interés indirecto, como sostienen fuentes jurídicas del PSOE, consiste en el que tiene Raúl Camacho, que habría pasado a la oposición si la resolución de su cuñada hubiera sido la contraria.

Pero aun así, las consideraciones de fondo en las que entra la magistrada evidencian lo que muchos destacados dirigentes socialistas han comentado en sus cenáculos y sigilosamente con algunos periodistas: que el secretario de Organización canario, Julio Cruz, y los servicios de orden de Ferraz han actuado de modo demasiado expeditivo con el único fin de producir la expulsión expres de los rebeldes en un plazo tan meteórico que se han llevado por delante algunos derechos intocables.

 

El derecho a la participación política y a la asociación (militar en un partido) son fundamentales, y el PSOE siempre ha alegado en contra de quienes les acusan de vulnerarlos que “pueden ejercer esos derechos en otro partido, en el nuestro no”, pero antes debieron –sostienen los críticos y los recurrentes- haber agotado todas las vías (incluidos los trámites de audiencia y de contradicción) previas a tan fulminante expulsión.

 

El contrato firmado en 2011

La culpa la tiene la interpretación extrema de las últimas resoluciones del Congreso Federal del PSOE, que transformaba las largas tramitaciones de expedientes de expulsión en procedimientos sumarísimos. La causa palmera puede sentar precedentes porque es más que probable que se hayan convertido en el primer ejemplo práctico de ámbito federal de que no se puede dar la razón a los expulsados, ni a los críticos orgánicos, ni mucho menos a la oposición política haciendo las cosas tan enérgicamente.  Sin embargo, y a los efectos puramente ambientales, el PSOE considera a los expulsados ajenos a la organización y, como decía a este periodista un destacado dirigente,  “están celebrando una victoria pírrica que es mala para el PSOE por el quebranto de imagen que supone; pero esta gente que no obedece al PSOE está fuera del PSOE a todos los efectos”. Y para ello, el secretario de Organización regional, Julio Cruz, blandía anoche ante cualquier periodista que lo localizara telefónicamente  en Sevilla el contrato, pacto o acuerdo firmado por los cinco de Pestana (Anselmo Pestana y sus consejeros rebeldes) en 2011. En ese documento, que intentaron sin éxito los servicios jurídicos de Ferraz aportar a la causa perdida ayer, los firmantes se comprometían a apoyar a Coalición Canaria en las instituciones donde sumaran y a no presentar mociones de censura. Es evidente que al menos ese acuerdo ha sido incumplido y que, formalismos y vulneración de derechos aparte, el PSOE tiene motivos para expulsarles.

El papelón del juez de lo contencioso

La pelota, como se está viendo, está en manos de los jueces. Si el PSOE decide finalmente recusar a la magistrada de La Palma que ha zanjado momentáneamente la cuestión en favor de los consejeros censurantes en aquel Cabildo, la cuestión tiene para la organización algún tipo de compostura. De ser así, a la juez se le generaría una situación bastante desagradable porque tendría que defenderse de una acusación grave de haber tomado una decisión de la que debió alejarse. Que su cuñado, el consejero de Turismo, pueda cobrar sueldo como consejero de gobierno, tener poder político y no estar, por el contrario, pasando frío en la bancada de la oposición, dependía –al menos momentáneamente- de una decisión suya. Le costará bien poco al PSOE demostrar en tal caso el interés indirecto de la magistrada. Pero no es la única a la que le acechan dificultades. Quien, en el caso de sustitución, haya de hacer frente a una nueva decisión se debatirá entre refrendar un auto que los beneficiados consideran jurídicamente impecable o dar la razón al PSOE en que no se atendieron algunas prácticas de prueba y, en ese brete, tener que asumir la desazón de una compañera de carrera. Tampoco lo tiene fácil el magistrado titular de Contencioso 4, que habrá de ver el fondo de la cuestión. Es el mismo juez que dio la razón cautelarmente al PSOE en Tacoronte y deshizo fulminantemente el resultado de la moción de censura ejecutada por cinco concejales también expulsados por pactar con el PP en una resolución diametralmente opuesta a la de la juez palmera.  Todo cambiaría si hubiera recusación, y en el PSOE andan barajando mucho esa posibilidad.

Cuidado con el eje occidental

Sea cual sea el resultado jurídico del conflicto de la expulsión de los seis consejeros socialistas en el Cabildo palmero, o el de los cinco concejales en el Ayuntamiento de Tacoronte, la polémica interna está más que servida e hirviendo dentro del PSOE. El eje formado por La Palma, La Gomera y El Hierro preocupa mucho en la Ejecutiva Regional, por mucho que los más devotos guardianes de las esencias recuerden que tanto Casimiro Curbelo (La Gomera) como Alpidio Armas (El Hierro) han estado presentes y votado favorablemente las resoluciones disciplinarias. Es verdad que una cosa es lo que se dice aquí para el consumo interno  y otra  diferente son los reproches que se lanzan hacia Ferraz donde, en el caso del dirigente gomero, hay pendientes algunas querellas por desplantes personales. Pero nadie se atreve a negar que el escenario no es especialmente ilusionante. A ese eje occidental se unirá este sábado la caótica celebración del chiripitifláutico comité insular de Tenerife, pospuesto “por causas políticas sobrevenidas”, que entonces eran las mismas pero con un escenario brutalmente diferente. Llegará en el peor momento, con una suspensión cautelar de las expulsiones de los consejeros de La Palma que aprovecharán los más críticos ( con Izquierda Socialista como baluarte) para plantarse ante un proceder que no ha gustado en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La estrategia de Julio Cruz, sobre el que se clavan casi todas las miradas de reproche, será dirigir los tiros hacia Ferraz, que es en rigor quien tramita estatutariamente los expedientes. Pero su rudeza y su falta de cintura políticas se la reprochan hasta los que con él comparten Ejecutiva Regional.

 

¿Para qué un secretario general cameral?

Era de esperar. La Cámara de Comercio de Gran Canaria acaba de confirmar lo que era un clamor, que el cargo de secretario general de esa corporación de derecho público era decorativo, que sus funciones las podía asumir cualquier otro ejecutivo sin que pase nada. Lo ha puesto negro sobre blanco en un comunicado oficial emitido este jueves: “La directora general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria, Pilar Alcaide Azcona, ejercerá a partir de hoy [por ayer] las funciones de Secretaría General de la Corporación. El órgano de gobierno de la institución acordó ayer que las funciones de Secretaría las asuma Pilar Alcaide tras la marcha de Luis Padrón a la dirección general de Casa África”. Amortiza de este modo la Cámara un puesto evidentemente prescindible que suponía (entre salario y costes sociales) casi 100.000 euros a sus asociados, al tiempo que recae sobre las espaldas de un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores un salario que hasta ahora se ahorraba. Porque el cargo que en Casa África ha asumido el prescindible Luis Padrón lo han ocupado históricamente diplomáticos en plantilla de ese departamento gubernamental . En tiempos de austeridad, de recortes de plantilla, de violación constante de los derechos de los trabajadores y de supuesta ejemplaridad económica, un capricho de José Manuel Soria por colocar en un puesto de relumbrón a un hombre entregado a la causa empieza ahora a costar lo que antes no contaba. Se suma de este modo esa nueva nómina a la que, por el mismo antojo del ministro canario, están asumiendo los contribuyentes españoles por el cargo de director de Televisión Española en Canarias, ejercido en funciones de comisario político por otro esclavo de la causa, Carlos Taboada. Está bonita la cosa.

 


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