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La Fiscalía ve delitos contra los trabajadores por parte de Mogán en la retirada de uralita del vertedero de Balito

El Ministerio Público corrobora que el Consistorio "incumplió la obligación de realizar previamente una evaluación específica de riesgos de seguridad y salud de los trabajadores"

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Retirada de restos de supuesta uralita en el vertedero de Balito

Retirada de restos de supuesta uralita en el vertedero de Balito Nueva Canarias

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha denunciado ante los juzgados de San Bartolomé de Tirajana al Ayuntamiento de Mogán y las empresas  Lovifesa Canarias y Aloz Glopi Servicios Integrales por ver delitos contra los trabajadores en la retirada de la uralita del vertedero ilegal de Balito, ocurrido en octubre del año pasado.

El fiscal César Casorrán cree, en un escrito fechado el pasado 17 de marzo, que el Consistorio incurrió en el delito tipificado en el artículo 316 del Código Penal que contiene las modalidades dolosa de los delitos de riesgo grave para la integridad física o la vida de los trabajadores. En concreto, este expresa "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".

El Ministerio Fiscal inició sus indagaciones a raíz de la denuncia presentada por Nueva Canarias. La concejala del partido, Isabel Santiago, aportó el acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local presidida por la teniente de alcalde Pino González (PSOE) en la que se constataba la adjudicación de los trabajos de retirada de placas de fibrocemento (compuesto de cemento y polvo de amianto) y su sustitución por placas metálicas a las empresas  Lovifesa Canarias y Aloz Glopi Servicios Integrales. Los trabajadores habían sido contratados a través del plan de empleo del Gobierno de Canarias.

Así, el Ministerio Público recabó una primera acta de la Inspección de Trabajo de enero de este año en la que se concluía que el Ayuntamiento tenía conocimiento de la presencia de fibrocemento en Balito y que no adoptó ninguna medida preventiva ni de emergencia para el caso de exposición de sus trabajadores al amianto, y que los vertidos acumulados implicaban riesgo de desprendimiento de fibras de amianto con peligro para los trabajadores.

A este primer informe de Trabajo se le añadió otro en marzo en el que se ratificó y amplió estas conclusiones. Por tanto, el Ministerio corrobora que el Consistorio grancanario "incumplió la obligación de realizar previamente una evaluación específica de riesgos de seguridad y salud de los trabajadores, sin prohibir el acceso a la zona ni señalizar el peligro existente", resultando además implicadas las empresas adjudicatarias de estos trabajos de retirada, Lovifesa Canarias y Aloz Glopi Servicios Integrales.

Esta sería la segunda denuncia que la Fiscalía interpone ante el Ayuntamiento de Mogán en lo que va de año ya que el pasado mes de febrero llevó a los juzgados a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; a la concejala de Régimen Interior, Alba Medina; y al concejal de Hacienda y Contratación, Julián Artemi Artiles; como presuntos autores de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos debido a la contratación a dedo de un conserje a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) en vez de acudir a las listas de reserva.

Precisamente, en relación a los contratos menores, Nueva Canarias presentó en el último pleno celebrado este martes una moción en la que proponía la implantación de un código de buen gobierno en el municipio y que, sin embargo, fue rechazado por Ciuca y el PSOE. La portavoz nacionalista, Isabel Santiago, pedía que los concejales del municipio asumieran como propio y obligatorio el deber de servir y defender los intereses públicos y vecinales por encima de los intereses privados, partidistas y particulares, y el endurecimiento de las exigencias formales en el procedimiento de contratación menor. Esto último no fue aceptado por los socialistas por entender que esta propuesta suponía introducir trabas a la gestión del día a día.

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