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La Fiscalía denuncia a la alcaldesa y dos concejales de Mogán por un contrato a dedo

El Ministerio Público cree que Onalia Bueno, Alba Medina y Julián Artemi Artiles podrían ser autores de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos

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Onalia Bueno, alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, en un pleno del Consistorio

Onalia Bueno, alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, en un pleno del Consistorio Alejandro Ramos

La fiscala Teseida García denunció el pasado 17 de febrero ante el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; a la concejala de Régimen Interior, Alba Medina; y al concejal de Hacienda y Contratación, Julián Artemi Artiles; como presuntos autores de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos debido a la contratación a dedo de un conserje a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) en vez de acudir a las listas de reserva.

La investigación realizada por el Ministerio Público se inició después de que en octubre del pasado año la delegada sindical de CSIF en el Consistorio moganero, Dunia Hernández, denunciara esta contratación irregular. El delito de prevaricación administrativa está penado con la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo comprendido de entre nueve y 15 años.

En las diligencias de la fiscala García se explica que el Ayuntamiento, en vez de optar por el sistema de las listas de reserva que ha aconsejado el Gobierno de Canarias, acude a un sistema de contratación a través de una ETT para un contrato de ocho meses con un gasto de 19.242,88 euros. El Ministerio Público entiende que ha existido la malversación de caudales públicos porque esta contratación ha resultado un gasto innecesario de 7.197,28 euros ya que el sueldo del trabajador mensualmente por convenio es de 1.348,34 euros y el Consistorio ha estado desembolsando a la ETT 2.248 euros.

Entiende la Fiscalía que la concejala Alba Medina puede ser autora del delito de prevaricación ya que es la responsable última del Decreto que permite llevar a cabo esta contratación, mientras que a Onalia Bueno la acusa de ser la inductora de este delito porque "ejerce la persuasión suficiente en la concejala para que esa se apartara de lo que disponía el informe de los servicios jurídicos para poder contratar a la ETT que llevaría a cabo la contratación de A.O.M., a quien conocía por haber trabajado durante más de 20 años en el Ayuntamiento de Mogán. Es la alcaldesa quien tiene la idea y se la comunica a Alba Medina, y además le aconseja que adopte los informes necesarios para ello".

"La alcaldesa, con dilatada experiencia política tanto en funciones de gobierno como de oposición en el Ayuntamiento, sabía que nunca antes se había acudido a la fórmula de la contratación de una ETT para proveer puestos de trabajo en el Ayuntamiento", agrega la Fiscalía.

Por su parte, el concejal Julián Artemi Artiles es la persona que debe autorizar tanto la retención del gasto como posteriormente el mismo, y el Ministerio Fiscal le acusa de ser consciente de no seguir "el procedimiento adecuado", aparte de haber encargado un informe que sólo recoge que en el Ayuntamiento no existen listas de reserva. Por esta actuación entiende que es cooperador necesario en la prevaricación.

La fiscala recuerda que la administración ha establecido el sistema de las listas de reserva para que a la hora de las contrataciones estas sean objetivas, premiando los principios de mérito y capacidad, y que en caso de que un ayuntamiento no tenga se puede acudir a la listas de reserva análoga del consistorio vecino o incluso a la de los cabildos insulares.

"Son los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento de Mogán quienes en el correspondiente informe que debe existir en el expediente administrativo recogen la necesidad de acudir a las listas de reserva y, sin embargo, esta recomendación no es acogida por la concejala delegada en su decreto", sostiene las diligencias. Y es que, Medina solicitó ad hoc otros dos informes no preceptivos a personas que nada tenían que ver con los servicios jurídicos, un funcionario de recursos humanos y un técnico del Ayuntamiento, en los que se basó para llevar a cabo la contratación.

"La arbitrariedad y la injusticia en el modo de actuar queda aparentemente justificada pues, a través de esta maquinación iniciada por la alcaldesa, ejecutada por la concejala de Régimen Interior y permitida por el concejal de Hacienda se evita el sistema objetivo de contratación de cualquier persona para facilitar la contratación de una persona en concreto, que casualmente había estado ligado al Ayuntamiento por más de 22 años, se había quedado sin trabajo y no figuraba en ninguna lista de reserva en detrimento de los demás ciudadanos", sentencia la fiscala García.

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