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Trabajo ve infracciones graves por parte de Mogán en la retirada de uralita del vertedero de Balito

El Ayuntamiento no enseñó a los trabajadores a manipular material que contiene amianto, una sustancia peligrosa para las personas

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Un vecino de Mogán denuncia vertidos incontrolados de Uralita por parte de un camión municipal.

Vertidos incontrolados de Uralita en un punto limpio de Mogán Canarias Ahora

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ha constatado que el Ayuntamiento de Mogán realizó varias infracciones graves a finales del año pasado durante los trabajos de retirada de uralita en el vertedero de Balito. En concreto, entiende la entidad dependiente del Gobierno de España que el Consistorio grancanario obligó a los trabajadores a realizar la retirada de planchas de uralita que tenían restos de amianto sin enseñarles el procedimiento a seguir y sin realizarles exámenes de vigilancia de la salud hasta que fue requerido por la inspectora encargada.

Según la Inspección de Trabajo, las faltas del Ayuntamiento se debieron porque incumplió la obligación de realizar "previamente una evaluación específica de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de actividad concreta a realizar, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que debían desempeñarlos. Tampoco optó por prohibir el acceso de los trabajadores a la zona y señalizar el peligro hasta retirar de forma establecida legalmente el residuo hallado".

La inspectora encargada de investigar este caso entiende que existe "una grave omisión" por la absoluta falta de atención del Ayuntamiento moganero sobre este aspecto de la prevención de riesgos laborales que ha quedado comprobado en el curso de la inspección, en relación con las "más que insuficiente" actuación desarrollada por parte del Consistorio en cuanto a la protección de los trabajadores que debían acceder y permanecer en el citado vertedero sin que se conociera la magnitud del riesgo y las consecuencias de la exposición al mismo.

Así mismo, la Inspección da dos meses al Ayuntamiento, a contar desde el pasado 15 de marzo, de adoptar las siguientes medidas para no sumar otras cuatro infracciones graves. Por un lado, realizar evaluación de los riesgos de la aparición de vertidos peligrosos en los vertederos municipales y establecer protocolo de actuación en caso de detección de este tipo de vertidos. Por otro, impartir formación específica a los trabajadores y entregarles información en materia de Prevención de Riesgos Laborales que les permita identificar residuos peligrosos y adoptar medidas propuestas. También planificar medidas de emergencia para casos de localización de vertidos peligrosos en los vertederos municipales en los que tengan que acceder los trabajadores del Consistorio y otras subcontratas. Por último, garantizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores que accedieron y permanecieron en el barranco de Balito durante el tiempo en el que estuvo allí el vertido de amianto.

De hecho, la Inspección recalca que no consta que a uno de los trabajadores que manipularon los restos de uralita se le haya aplicado el protocolo de amianto. Ante este escrito, Nueva Canarias ha decidido remitir el informe ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Las Palmas y ampliar la denuncia ante el Ministerio Público en la que advertía de la retirada de uralita por parte de los trabajadores sin la protección necesaria.

Y es que, para la portavoz nacionalista, Isabel Santiago, tras el escrito de la inspectora de Trabajo se entiende que el Ayuntamiento ha cometido el delito en el artículo 316 del Código Penal que contiene las modalidades dolosa de los delitos de riesgo grave para la integridad física o la vida de los trabajadores. En concreto, expresa "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".

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