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Por Tenerife acusa al alcalde lagunero de usar informes externos para contravenir a los interventores de las grúas

Según el portavoz adjunto de XTF-NC, aún no se ha podido averiguar lo que costaron debido al “lapsus de memoria” de los catedráticos que comparecieron en la comisión de investigación

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Una grúa retira un vehículo en La Laguna

Una grúa retira un vehículo en La Laguna policialocaldecanarias.blogspot.com.es

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, concejal de Seguridad en el pasado mandato, utilizó un informe externo del catedrático de Derecho Administrativo de la ULL, Francisco Villar (el redactor del borrador de Ley del Suelo), para contravenir a los interventores del servicio de grúas, según asegura el portavoz adjunto de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y representante de este grupo en la comisión de grúas, Juan Luis Herrera.

El edil explica que Alejandro Cordero y Antonio Vera, interventores municipales de las grúas, alertaron en un informe de marzo de 2014 de que las normas impedían alargar el periodo de intervención de la empresa por un plazo superior a los 69 días (artículo 135.1.b del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales), por lo que no podía extenderse más allá del 9 de abril de ese año.

Sin embargo, agrega el edil, finalmente, el 8 de abril de 2014, la Junta de Gobierno aprobó prorrogar la intervención de la empresa amparándose en el citado informe externo, que posibilitaba la ampliación mientras no se restableciera el funcionamiento normal del servicio. Asimismo, dejaba claro que el límite máximo de la intervención era “el de la vigencia del contrato de concesión”.

Juan Luis Herrera considera “paradójico” que los gobernantes de Coalición Canaria (CC) “defiendan a los funcionarios municipales cuando les interesa y, en caso contrario, buscan una fórmula externa “que pagamos todos los laguneros para contravenir lo indicado por estos”. Del mismo modo, especifica, se pudo haber optado por consultar a organismos oficiales (Consejo Consultivo o Junta Administrativa de Contratación Pública, entre otros), cuya razón de ser es la asesoría legal a los ayuntamientos y sin coste alguno para el ciudadano.

Herrera señala que se trata de un informe del que aún no se ha podido averiguar su coste debido al “lapsus de memoria” de los catedráticos que comparecieron en la comisión de investigación y a que el expediente aún no se ha facilitado.

El concejal entiende que “es una hipocresía que cada vez que la oposición tiene una diferencia de criterio con el Gobierno traten de enfrentarnos a los técnicos municipales, mientras se dedican a encargar informes externos cuando les incomoda lo que estos dictaminan".

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