El Gobierno pagará los 600.000 adeudados
La mañana del jueves era crucial para los intereses de la Unión Deportiva Las Palmas. Después de que el Gobierno de Canarias hiciese saber al club amarillo un drástico recorte en el contrato de patrocinio que mantienen ambas instituciones, saltaban las alarmas en el apartado administrativo del club, desde donde se comunicaba el riesgo de liquidación de la entidad. Para evitarlo, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad de Pio XII, Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife y Paulino Rivero, presidente del ejecutivo canario, mantuvieron una reunión en la que se acordaron soluciones muy positivas para el club amarillo.
“El Gobierno pagará los 600.000 que se adeudaban, por lo que ya está arreglado lo de la temporada pasada”. De esta manera, Ramírez hacía pública la noticia que el entorno amarillo estaba esperando, ya que con ello “se podrá hacer frente a la deuda que mantiene el club con Hacienda, IGIC y el crédito pedido a la CAM”.
Tal cantidad corresponde a deudas del Ejecutivo con el club pendientes desde la temporada pasada, las cuales encarnaban un punto vital para cumplir con los presupuestos de la presente. Sin embargo, aún queda pendiente el llegar a un acuerdo acerca del contrato de patrocinio acordado hasta 2015. En cuanto a este, el Gobierno comunicaba un drástico recorte de al rededor de 1.2 millones de euros, cifrando la cantidad a percibir en 500.000 euros.
Ramírez asegura que el acuerdo final quedará lejos de esa cantidad, aunque, evidentemente, el Ejecutivo pagará menos a la Unión Deportiva. “Dispuesto a revisar lo acordado”, el presidente de la entidad amarilla quita urgencia a poner solución a ello, ya que con los 600.000 sobre los que Paulino ha garantizado el cobro “el club tiene la posibilidad de amoldarse a la situación económica actual”.
Dejando claro que “bajo ningún concepto cabe la intención de ir a los tribunales”, Ramírez asegura que volverá a reunirse con Paulino “para llegar a un acuerdo que encarne un equilibrio para ambas partes”. Además, asegura ir con un informe que versa sobre la obligatoriedad que tiene el Ejecutivo de pagar el cien por cien de lo acordado, para, a partir de ahí, sentarse a negociar un acuerdo beneficioso para los dos lados. Concluye afirmando que se ha dado lugar a una nueva vía de negociación para llegar a un acuerdo, aunque recalca que esta está sujeta a los Presupuestos Generales del Estado.