El negocio de ciertas demandas

Habrá que estar pendiente de los resultados de la reunión que la patronal turística de Tenerife, ASHOTEL, desea mantener con el Delegado del Gobierno en Canarias para tratar sobre las prácticas, supuestamente fraudulentas, de despachos de abogados británicos interesados en la interposición de demandas a cargo de turistas que hayan sufrido algún tipo de indisposición o quebranto de salud durante su estancia vacacional en determinados establecimientos hoteleros. Las demandas se formalizan contra las empresas utilizando subterfugios legales en torno a su responsabilidad última ante cualquier incidencia que afecte a los clientes.

ASHOTEL ya ha formulado algún tipo de denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía, como consecuencia de haber detectado la presencia en las proximidades del establecimiento de furgonetas que, adecuadamente pintadas o formateadas, sirven de reclamo y primer punto de atención a turistas y curiosos que exploran -en mesas complementarias- la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio económico en caso de que prospere su demanda. El móvil de la tentación y del negocio: el despacho de abogados solo cobra si gana la demanda, lo cual es bastante probable pues es el turoperador el que abona el importe, restándolo posteriormente al hotel de su facturación. Si el circuito funciona sin alteraciones, la conclusión es evidente: ganan todos, menos el hotelero. Clientes afectados y bufete jurídico obtienen su indemnización y sus honorarios, en tanto que el turoperador, que no se detiene a verificar los términos de la denuncia, se desentiende de reclamaciones y complicaciones varias.

Nos recuerda el caso de los métodos de venta utilizados hace años por las organizaciones de ‘time-sharing’ (algo así como ‘tiempo libre compartido’), con agentes jóvenes de ambos sexos en calles, avenidas y plazas de entornos turísticos que, empleándose con cierta agresividad dialéctica, llegaban a forzar la firma de los clientes que habían captado, en muchos casos por educación, cansancio o aburrimiento. Téngase en cuenta que los vendedores cobraban según el número de precontratos suscritos. Las consecuencias vendrían después. El empresariado local tardó en darse cuenta de la negativa repercusión que aquellos métodos estaba generando. Y las autoridades locales se veían impotentes para atender lo que terminó convirtiéndose en un problema de orden público

Estas prácticas de ahora parece que tienen antecedentes en otras zonas turísticas del país, como Baleares y la costa levantina cuyas federaciones empresariales turísticas ya han emprendido la vía judicial para tratar de erradicar lo que entienden como fenómeno pernicioso. No será fácil la solución si se tiene en cuenta que la presión de las demandas aumentará cuantitativamente pues en las redes sociales no solo invitan o animan a los usuarios sino que ya circulan informaciones sobre los pasos a seguir para formalizar una reclamación.

El sector debe estar activo, sobre todo si se prueba que, además de prácticas fraudulentas y no autorizadas, generan, a la larga, perjuicios económicos de imposible reparación.

En plena bonanza del sector, si esto se convierte en un fenómeno, el daño de imagen, además, puede ser considerable.