Una página con los cuarenta últimos años de historia

A punto de cumplimentarse para dar paso a la siguiente secuencia de otros cuarenta, tras haber superado y dejado atrás casi medio siglo de dictadura.

Parece llegado el gran momento de reformar la Constitución… ¿Pero cómo?

El estado de las autonomías ha resultado un rotundo fiasco. En el proceso constituyente, la división territorial del Estado en 17 comunidades autónomas fue el basamento donde asentar libertades y los derechos humanos fundamentales. Un ejemplarizante consenso permitió la transición modélica desde un régimen dictatorial hacia la democracia que nos integrase en el contexto geopolítico occidental. Se redactó la vigente Constitución, en nombre de la soberanía popular, con la buena fe exenta de posturas radicales e intereses partidistas como acto de supervivencia social y política.

Los siete padres constituyentes fueron Cisneros, Herrero de Miñón, Pérez-Llorca, Peces-Barba, Solé Tura, Manuel Fraga y Miquel Roca. ¿Sería posible agrupar hoy personajes tan válidos, y de tan distintos colores, para configurar una mesa como aquella que modificara el articulado actual en beneficio exclusivo de los intereses del pueblo?

Imprescindible es la voluntad política de abordar la muy recomendable actualización de nuestra Carta Magna. Pero la realidad de una confrontación continua de intereses de partido y la presente situación de radicalismo catalán, inspiran poco optimismo al respecto. A unos no les interesa tocar nada porque están muy cómodos así. Otros, iluminados ellos, ofrecen un estado federal para sustituir el desastroso diseño de las autonomías (entraríamos en guatepeor, por cuanto el fundamento del federalismo es la simetría entre los federados. Equidad ilusoria e incompatible donde imperen movimientos independentistas). Otros, que en nombre de un progresismo “destructivo”: (cargarse todo lo construido para reinstaurar su añorada y fracasada granja de Orwell), pretenden debilitar la estructura de estado mediante la definición excluyente de cada región distinguiendo a unas y marginando a otras; en lugar de aglutinar las identidades comunes; aquellas que nos unen por ideales, cultura, historia y tradiciones, en nombre de la unidad que propicia solidez y fuerza. Y cuando las diferencias aledañas deban respetarse, hasta pueden ser compartidas si procede.

No podía faltar el oportunismo de aquellos que priorizan el cálculo de votos, a favor o en contra, según el discurso de su propaganda; (Todos los partidos, en mayor o menor medida, se ven afectados por este desvío ético, cuando su única prioridad debe ser el interés del pueblo). Pero en este contexto de despropósitos, el más grave, el que imposibilita cualquier maniobra de revisión y/o modificación de la Constitución, es la beligerancia patógena del fundamentalismo independentista de la parte catalana radicalizada. Son menos del 5% de la población española, con los que no hay opción al diálogo-trampa que imploran, pues sus muy sesgados y proclamados principios democráticos excluyen a todo el que no piensa y siente como ellos. Pretenden una reforma constitucional que les conceda un título completo con el articulado que ellos redacten para conseguir la independencia lo antes posible De momento no es viable tal pretensión porque además de la imposibilidad material y racional, discriminan a la otra mitad de sus congéneres; catalanes que además quieren seguir siendo españoles. Podría suceder, con el paso de los años o los siglos, que las tácticas de adoctrinamiento masivo, desde la cuna, alcanzasen el éxito de un 80 o 90% de independentistas. Entonces sería el momento de replanteárselo todo. Pero hoy es imposible.

De regreso al análisis actual del destrozo socioeconómico auspiciado por la distribución administrativa de la Nación en 17 apartamentos unifamiliares, aunque se incluyó el Principio de Solidaridad para fomentar la igualdad y convivencia multicultural entre identidades amables y desinteresadas, el resultado no pudo ser más frustrante, pues se consiguió todo lo contrario: una comunidad de vecinos mal avenidos, como reinos de taifas donde hermanos dejaron de serlo para pelear cada uno por lo suyo.

Hemos tenido que sufrir con desolación, cómo se han fomentado las desigualdades por intereses políticos a cambio de los votos de las autonomías más privilegiadas. No es aceptable esta gestión del poder que el pueblo delega en sus representantes elegidos en las urnas para defensa y respeto de sus derechos fundamentales.

El problema, de difícil solución, se plantea con la doble realidad de la ineficacia operativa de una burocracia excesiva e inútil, y el escandaloso número de políticos en poltronas que consumen un gasto público infamante. Brutal y ruinoso despilfarro. El grueso de los Fondos Públicos, dedicado a mantener la barbaridad de 17 parlamentos autonómicos, un abigarrado e inservible Senado, consejerías, ocho mil ayuntamientos, concejalías, direcciones generales, instituciones, organismos, dependencias y demás entes abstractos, repletos de una escandalosa multitud de cargos públicos; aforados, con coche oficial, suntuosos emolumentos, pensiones vitalicias y prebendas imposibles de justificar, conforman un conjunto invasivo que convierte el espacio político en un sumidero de corrupción multitudinaria y nepotismo organizado. Quizá no todos sean iguales; pero la honradez es la excepción.

¿Y las competencias transferidas? ¡No funciona ninguna! ¿Cómo puede explicarse que sobre una misma área de gestión incidan, se solapen e interfieran, tres o cuatro competencias de distintos colores, para fracasar entre el amasijo de una burocracia enfermiza? Sanidad, Educación, Cultura, Vivienda, Patrimonio, Políticas Sociales… Un destrozo generalizado donde el objetivo principal consiste en culpar a los demás del propio fracaso.

Por fortuna, aunque la solución está en la voluntad política de los más interesados en que nada cambie, y que las posibles alternativas al desaguisado actual sean utopía, la necesidad y el instinto de supervivencia determinarán que más pronto que tarde, se rescate el espíritu de la transición, y el poder constituyente volverá a ser tan honrado y generoso como lo fue hace 39 años.