Tele ATI y deterioro democrático

Sucedió así con la decisión del Consejo del Gobierno de Canarias de ordenar al director general de la Radio Televisión Canaria, Daniel Cerdán, la suspensión del concurso en marcha una vez abiertas las plicas y conocidas las ofertas, modificando de forma insólita las reglas a mitad de partido, en lo que parece un auténtico pucherazo para beneficiar a sus amigos.

No han tenido el menor rubor en modificar las reglas del juego cuando estaba en marcha un concurso para contratar y garantizar el suministro de los contenidos de la Televisión Canaria. Y, además, cuando este proceso había sufrido tres retrasos consecutivos y había sido discutido hasta la saciedad por el Consejo de Administración del ente. Como hemos señalado, lo ocurrido sólo se explica por la intención de suspender un procedimiento que dificultaba el reparto de intereses entre ATI-CC y el PP en materia informativa, por su voluntad de otorgarlo a grupos mediáticos afines.

Pero como todo es empeorable, los hechos de los últimos días nos llevan a situaciones que no se producen ni en las repúblicas bananeras. El correlato de acontecimientos tras la dimisión anunciada de Daniel Cerdán, que desconocemos si se protege así de posibles consecuencias penales por el brusco cambio de modelo impuesto por el Gobierno, constituye una nueva vuelta de tuerca y un botón de muestra de cómo entiende la televisión pública y la propia democracia el actual Ejecutivo.

Intercambio de estampas

Hemos podido observar un intercambio de estampitas entre PP y ATI para convertir en puro ejercicio del poder político lo que debían ser medios profesionalizados e impulsores de la cultura y de la identidad canaria, y en los que prevalezca la máxima pluralidad.

Porque una cosa es que el Gobierno proponga al director del ente, que habrá de ser ratificado por el Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria, y otra cosa, de un nivel distinto, que le imponga incluso a los directores de informativos, tanto de la televisión como de la futura radio pública canaria, sobre la base de cuotas partidarias. ATI y el PP se han repartido el pastel sin el menor disimulo, dejando ver bien claro su pretensión de instrumentalizar aún más esos medios que debieran estar al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.

Caso bien distinto al de radiotelevisión española, en la que una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados designa al director del ente y este nombra a su equipo. En el caso canario no sólo no se avanza, sino que se retrocede gravemente y se deja sin ninguna credibilidad a unos informativos dirigidos por personas nombradas directamente por el poder político, un caso insólito en España y en Europa.

Pero el de la tele no ha sido el único ejemplo de esos comportamientos que menoscaban la calidad democrática. Destacan también, por su gravedad, los ataques a la Justicia y a la policía por parte de dirigentes políticos y partidos cuando se procedía a la investigación de actos presuntamente delictivos cometidos por cargos públicos de sus organizaciones. Cambiando radicalmente, como ha hecho el PP en las Islas, el discurso que hasta hace bien poco sostenían de tolerancia cero con la corrupción y de exigencia de dimisión de todo aquel que se encontraba imputado en algún proceso judicial.

En ese marco en que se saltan todas las barreras, también ha sido normal el uso de la inmigración de forma torticera, cuando no de modo claramente inmoral, jugando con las muertes de personas que trataban de llegar a nuestras costas, utilizándolas para atacar al Gobierno central o para defender la policía canaria. Lo han hecho, de forma reiterada, el presidente Paulino Rivero y su Gobierno, que demagógica e irresponsablemente culpan a los inmigrantes de las listas de espera, del paro y del fracaso escolar.

Hasta nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) ha sido mezclado interesada y falsamente en el debate político para tratar de sacar réditos. Los que durante cerca de quince años bendijeron los Presupuestos Generales del Estado con González y Aznar, y hasta los anteriores de Zapatero, presentándose como auténticos conseguidores, presupuestos que ni de lejos cubrían lo estipulado en el REF, de repente se caen del caballo, y nos quieren hacer descubrir la perversidad del Gobierno central, justo con el mejor presupuesto para Canarias, con el que más nos aproxima a la media española, duplicando los porcentajes de los que ellos aplaudieron de forma entusiasta.

Y, en fin, ha sucedido con la implantación del gas, pretendiendo el Gobierno ir más allá de sus atribuciones, más preocupado por el negocio de algunos que por la seguridad y la salud ciudadanas o el respeto al medio ambiente. Y mostrando, una vez más, un escaso interés por el desarrollo de las energías renovables, como ha ocurrido con la energía fotovoltaica, para la que tantas potencialidades tiene nuestra tierra.

La legislatura no podía comenzar de peor manera. Mucho queda por hacer para devolver la credibilidad a las instituciones, para generar un clima de confianza ciudadana, para que la democracia sea mucho más que formal y se estimule la participación, en lugar de potenciar el desencanto y la desafección. El reciente y escandaloso caso de la tele canaria contribuye, y mucho, a justo todo lo contrario: a incrementar el deterioro de la confianza en las instituciones y la merma de la vida democrática en el Archipiélago.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez *