Legalidad y modales. Al gobierno municipal del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria le crecen los enanos por todas partes por un problema que puede reducirse a su absoluta carencia de cintura política para encarar los problemas con talante negociador. De manera piramidal se ha impuesto en las oficinas municipales un estilo que, sobre todo en materia laboral, se caracteriza por el más puro autoritarismo, para colmo en más de una ocasión colisionando con la legalidad vigente, lo que lo convierte directamente en autoritarismo bananero. La última resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo parece no querer dejar resquicio a la duda: los magistrados le dicen al Ayuntamiento que ha de cambiar de inmediato ese modo altanero de dirigir la política laboral y, de paso, el tonito con el que se dirige a los tribunales de Justicia, a los que parece tratar como el hooligan dominguero trata al árbitro cuando pita un penalti en contra. Se suceden los contratiempos legales (de momento en las medidas cautelares, pero con vaticinios claros cuando se entre en el fondo de la cuestión) al tiempo que se dispara el malestar de los trabajadores públicos, incluidos los que ?ahora en pie de guerra- fueron enchufados por la puerta de atrás por el mismo partido que ahora trata de remediar sus propios entuertos enredando aún más la cosa. Pero el malestar se ha extendido a toda la plantilla. Desde el 1 de enero hay históricos funcionarios ocupando puestos muy sensibles que verán mermado su sueldo en más de un 30% por la decisión de retirar unilateralmente complementos hasta ahora sagrados. Por supuesto sin negociación y sin más explicaciones que el ordeno y mando. Va a ser un año complicado para el alcalde Cardona.