La otra sentencia desquiciante que traemos hoy a la consideración de nuestros lectores es la de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. El Tribunal Supremo, como ya saben, hace meses que le dijo al Ayuntamiento de la ciudad que había cometido una ilegalidad de tal calibre que había que proceder a demoler ese edificio, una pieza urbanística brillante situada en un punto neurálgico de la capital y prestando un servicio de interés general como pocas construcciones de la era soriana prestan en la actualidad. La sentencia es demoledora, y perdón por tan chirriante y oportunista expresión, porque le dice al Ayuntamiento que no solo permitió que se construyera la biblioteca en un lugar no permitido por el propio planeamiento municipal, sino que lo hizo con unos volúmenes fuera de ordenación. Todo imposible de subsanar con arreglos como los que pretende ahora el alcalde Cardona con el Canódromo. ¿Hemos dicho Cardona? Pues sí, el responsable de esos desaguisados fue Juan José Cardona, a la sazón concejal de Urbanismo bajo la alcaldía de José Manuel Soria, a ver si se iban ustedes a creer que ha habido alguna operación urbanística sujeta a la legalidad durante aquellos largos años de gobierno popular entre 1995-2007. Pero volvamos a la sentencia sobre la biblioteca y la situación en la que se encuentra esta dotación cultural.