Soria considera que este periódico le ha injuriado y calumniado por decir que dio sablazo en el feo asunto de La Favorita. Por eso pretende una pena de cárcel, que acompaña también de una indemnización de 750.000 euros por los perjuicios morales. Esa cantidad la fija el letrado del presidente del Cabildo en base a un curioso cálculo: la cantidad que Soria ha dejado de ganar en su nómina por haberse sacrificado por los ciudadanos, abandonar su puesto de técnico comercial del Estado y conformarse con los sueldos de alcalde y de presidente insular. Una de dos, o los políticos ganan poco dinero (en nómina) o los técnicos comerciales del Estado ganan una auténtica fortuna. Dice el escrito de acusación de Soria que le hemos causado un enorme daño moral al acusarle de “enriquecimiento ilícito desde un cargo público”, y les podemos asegurar que eso todavía no lo hemos dicho.