La extrapolación es muy sencilla. Si un grupito de concejales en la oposición fue capaz de distraer más de 150.000 euros con facturas falsas, ¿qué grado de trapisondas podría superar ese mismo equipo humano de gestionar 189 millones de euros y verse en tesituras similares a las que ellos mismos han descrito? Porque la única versión que ha ofrecido el PP para amparar el comportamiento claramente irregular de sus concejales en Santa Cruz de Tenerife gira en torno a la necesidad que dicen que tuvieron de burlar la ley, muy restrictiva en aquellos momentos, según sus propias palabras, con el fin de desviar dinero asignado al grupo en dirección al propio partido. ¿Y eso cómo se llama? ¿Falsedad en documento público, quizás? ¿Delito electoral, por un casual? Porque “error”, calificativo con el que se ha despachado el asunto el presidente regional del PP, José Manuel Soria, no parece que haya sido. Un error continuado para tapar trapisondas es algo más que un error. Por mucho que pretendan atenuar el tamaño de la acción alegando que era dinero “para el partido”, como si ese destino fuera más sagrado que el fondo de armario o el chifonier de los gayumbos o las bragas de concejales tan ejemplares.