Estalla el negocio de Menores

Lenta pero segura. Así camina desde hace casi tres años una denuncia de un funcionario del Cabildo de Gran Canaria ante lo que este considera un pufo corrupto del servicio público de atención a los menores. Un auténtico escándalo de incalculables proporciones del que durante años todos los partidos políticos (CC, PSC-PSOE, NC y PP) con responsabilidad de gobierno han, como mínimo, mirado para otro lado. La denuncia, judicializada desde 2011 y con diferentes archivos al caso, de la Fiscalía y del Juzgado, reabierto finalmente el verano pasado por orden de la Audiencia Provincial, quedaría en nada si dependiese exclusivamente de la opinión de este empleado de la Casa Palacio de Bravo Murillo, dado el vicio reiterado de los responsables políticos de justificar con los argumentos más peregrinos el despilfarro obsceno de dinero público a cuenta de los convenios del Cabildo con presuntas ONG sin ánimo de lucro y otras entidades caritativas, encargadas de atender a los menores en los respectivos centros de acogida concertados. Sin embargo, hace unas semanas, el caso de Menores ha dado un salto cualitativo que invita a poner las barbas en remojo a los implicados: la juez instructora ya tiene sobre su mesa una auditoría externa, encargada en septiembre pasado por el propio Cabildo, que pone patas arriba la gestión pública y concertada de la Red de Centros de Menores de Gran Canaria, un detallado informe de la auditora Mundiaudit SL, que viene a fortalecer con datos irrefutables la escalofriante denuncia presentada al propio Cabildo primero, y ante el silencio de la Casa, a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia después, desde 2010. El negocio que algunas entidades han hecho y hacen de la acogida de menores ha estallado, aunque exista, sobre todo en el Cabildo de Gran Canaria, la necesidad absoluta de ocultar en un cajón las conclusiones alarmantes del auditor.