Tampoco vendría mal tener un poquito de esa inmunidad parlamentaria (inviolabilidad, que se llama) de la que disfrutan los representantes populares para, de acuerdo con la intención del legislador, no ser perseguidos por las opiniones vertidas o las decisiones adoptadas en el ejercicio de su cargo. Algunos (y algunas) creen que esa inviolabilidad permite a sus señorías decir lo que le sale de las castañuelas, insultar al personal o directamente atribuirle algún delito. Recurre a esa inviolabilidad permanentemente Australia Navarro, del PP, gran discípula de su presidente regional, que también ha soltado por esa boquita cosas muy suculentas. A su jefe, Manolo Soria, le acaba de caer la segunda denuncia por calumnias. Se la presentó el abogado tinerfeño Felipe Campos, personado en el caso Edén, tras escuchar al vicepresidente del Gobierno decir que las escuchas pilladas a tito Paulino fueron “ilegales” (y dos huevos duros). Soria ya tiene otra en el TSJC interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía, por la misma perreta soriana referida a lo sufrido que es ser un perseguido. Pobre.