La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (Union de Asociaciones) ha iniciado un proceso de información y consulta entre los diferentes colectivos y asociaciones de la sociedad civil de las medianías y cumbres y de la isla para presentar alegaciones al proyecto de Ley Canaria de Montes al considerar que el texto propuesto supone un “riesgo real” para la supervivencia del sector primario.
Desde la Unión de Asociaciones, que agrupa a 26 entidades con amplia implantación y representación en el territorio, se plantea la necesidad de que la población conozca en profundidad el alcance de un texto legal que propone límites al uso y a la propiedad de la tierra que son injustificados y que pueden llegar a ser arbitrarios. Cuestiones como el control abusivo de las actividades tradicionales o la imposición de un “régimen sancionador despiadado” son centrales en un texto diseñado para convertir terrenos de uso agrícola en forestal, recalca. Por ello, considera que este proyecto de ley supone “un riesgo para la recuperación de miles de hectáreas de vital importancia para la producción agrícola y ganadera de la isla”.
La organización indica, además, que según se desprende del análisis del texto, este proyecto de Ley se ha elaborado “de espaldas” a los intereses de la población afectada y supone un límite a cualquier posibilidad de recuperación y reactivación del sector primario en islas como Gran Canaria, donde el territorio ha sido siempre un espacio moldeado, construido y gestionado por la actividad agrícola y ganadera de sus habitantes. “Estamos de acuerdo con que hay que consolidar y aumentar las masas de bosque en las islas, pero no a costa de poner en peligro la producción agrícola y ganadera que viene menguando desde hace más de medio siglo. Hemos llegado a un punto en el que, con la producción propia, solo podemos alimentar a uno de cada diez canarios y esta ley se utilizará para eliminar casi definitivamente la competencia de la agricultura y ganadería canaria frente a la importación de productos agropecuarios del exterior”, señala Cristóbal Sánchez, presidente de la Unión de Asociaciones.
Otro de los puntos importantes de desacuerdo con la gestión de este proceso legislativo es que se haya abierto el proceso de alegaciones en plenas fechas navideñas. “Según el Convenio de Aarhus, hay que garantizar la participación de la población en los procesos de toma de decisión y abrir el plazo para presentar alegaciones un viernes 26 de diciembre y limitarlo a un mes nos parece un grave error que impide la participación de los ciudadanos”, indica el presidente de la Unión de Asociaciones. Por eso se solicitará una prórroga para garantizar “el derecho de los grancanarios a hacer las alegaciones pertinentes”.
Una ley restrictiva que no tiene en cuenta la realidad del territorio
Cuestiones como la posibilidad de conversión de suelo agrícola que lleve 20 años sin cultivarse en suelo forestal según recoge la propuesta de regulación es “muy restrictiva e interesadamente ambigua” o la dureza y desproporción del marco sancionador son, a priori, los puntos más controvertidos de una propuesta de ley que “no ha contado con la opinión ni la participación de los habitantes del territorio”. “Una vez más”, señala Cristóbal Sánchez, “la visión urbanita y el desconocimiento de las funciones de regulación y producción de los servicios sistémicos del campo, ha primado sobre la propia realidad de un territorio en el que la actividad humana es fundamental para su comprensión, su gestión y su conservación”. Estos servicios culturales de las poblaciones locales (pastoreo, producción de alimentos, recolección de yerbas, aprovechamiento de pinocha y maderas secas, etc.) “han sido cruciales a lo largo de la historia para la conservación de los escasos montes que quedaron a salvo de la depredación de la agricultura de exportación que se practica en la costa”.
El presidente de la Unión de Asociaciones recuerda que los bosques que fueron destruidos en la isla de Gran Canaria son los que estuvieron directamente vinculados a los ciclos de los monocultivos y al aprovisionamiento y calafateo de los barcos, mientras que los que fueron gestionados por la población local bajo criterios tradicionales se han mantenido en buen estado. “Sólo hay que mirar hacia los montes que quedaron fuera de este proceso de pillaje y sobreexplotación. Las gentes de Artenara, Agaete y Juncalillo fueron las que gestionaron Tamadaba; las gentes de Tejeda y La Aldea fueron las que gestionaron Pajonales, Ojeda o Inagua; las gentes de Tunte y Ayagaures fueron las que gestionaron Pilancones… Y estamos hablando de los pinares mejor conservados ya no sólo de Gran Canaria, sino de toda Canarias junto a los pinares palmeros”.