El coste millonario de las compensaciones por inundaciones y viento extremo en Canarias: 363 millones en tres décadas
El paso de las borrascas ‘Bruna’ y ‘Charles’ ha vuelto a dejar estampas habituales en Canarias cuando arrecia el viento y llueve con fuerza: barrancos desbordados, pequeñas embarcaciones encalladas y palmeras dobladas, como si estuvieran a punto de partirse por la mitad. Es lo más frecuente. Y cada vez que pasa, la factura es astronómica.
Las indemnizaciones por inundaciones y viento extremo (tempestad ciclónica atípica, en el argot técnico) en el Archipiélago alcanzan los 363,5 millones de euros desde 1994, según el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Ambos fenómenos concentran más de la mitad (el 57,3%) de los pagos realizados por el organismo en las Islas por acontecimientos extremos en tres décadas. Si se excluye el desembolso derivado de la erupción volcánica de La Palma en 2021, la proporción asciende al 99,9%.
Estos datos solo recogen las indemnizaciones por daños en bienes asegurados, no el coste total de los desperfectos. Aún está por determinar el impacto económico de las dos últimas borrascas que han pasado por Canarias. Pero la mayoría de las reclamaciones suelen estar relacionadas con destrozos en viviendas, vehículos y comercios.
En la tormenta Delta, por ejemplo, en 2005, las indemnizaciones se repartieron de la siguiente manera: 29,1 millones de euros para casas y comunidades (10.528 expedientes); 44,7 millones para comercios (1.916); 41,1 millones para industrias (140) y 4,8 millones para vehículos (2.920). Otros conceptos elevaron el desembolso total a 123,7 millones de euros. Salvo la erupción del volcán Tajogaite, este ha sido el episodio más costoso para el Consorcio en el Archipiélago.
La evolución de los datos sitúa 2005 como el peor año, con 110,1 millones de euros abonados, seguido de 2010 (65 millones) y 2002 (60,1 millones). Estos tres ejercicios concentran dos de cada tres euros abonados.
El doctor en Geografía Física e investigador de la Universidad de La Laguna (ULL) Abel López señala que las inundaciones “suelen liderar las indemnizaciones porque afectan de manera muy directa a viviendas, locales, vehículos, infraestructuras y actividades económicas”.
López recuerda que Canarias presenta una “ocupación muy intensa del territorio y muchas zonas urbanas donde la capacidad de drenaje puede verse rápidamente superada durante episodios de lluvias intensas”. De hecho, agrega, “la planificación desde la década de los 70 apenas ha incluido la variable riesgo en su diseño”.
Un ejemplo “muy claro”, a su juicio, fue el episodio del 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife, conocido como la Riada del 31M, en el que murieron ocho personas a causa de una tormenta torrencial. Aquel día se registraron precipitaciones de hasta 160 milímetros por hora y se produjeron cerca de 2.000 siniestros por los que el Consorcio abonó más de 43 millones de euros en indemnizaciones, detalla López. Sin embargo, si se tienen en cuenta los daños materiales totales estimados por el Ayuntamiento, el coste de los destrozos ascendió a unos 173 millones.
Este desfase entre las cifras del CCS y los datos totales se analiza en un estudio reciente (todavía en fase preliminar) que López ha elaborado junto con otros investigadores del grupo de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la ULL. El trabajo examina las inundaciones costeras que causaron daños en las Islas entre 1980 y 2025 a partir de tres fuentes: hemeroteca, datos del Consorcio y registros de oleaje.
Una de las conclusiones de la investigación es que los bienes más afectados son las infraestructuras de transporte, como carreteras y paseos marítimos. Y esto explica, entre otras cosas, que casi la mitad de los episodios analizados (39 de 83) no figuren en los registros del Consorcio.
“Las hemerotecas tienden a destacar impactos socialmente visibles que afectan a infraestructuras públicas, actividades comunitarias y zonas costeras muy expuestas (…). La ausencia de un registro del Consorcio no indica necesariamente que el episodio identificado en prensa sea erróneo. Los daños pueden haber afectado a bienes no asegurados, infraestructuras públicas, espacios recreativos o propiedades por las que no se presentó reclamación”, concluye el artículo.
Los propios planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de todas las Islas utilizan como base la información aportada por el CCS, que, más allá de identificar los bienes dañados y el código postal, no ofrece mucho más detalle.
Algunas de las memorias de estos planes recogen asimismo una recomendación de la Comisión Europea sobre este tipo de episodios en España: la necesidad de “caracterizarlos apropiadamente”. El organismo comunitario advierte de una “falta de homogeneidad en la valoración, elección de criterios para su selección, caracterización y definición de los impactos significativos, así como faltas de correspondencia entre los datos reportados y los documentos de referencia redactados”.
Cada isla tiene su propio consejo insular de aguas, y existen diferencias muy marcadas entre ellos en la forma de delimitar las zonas de riesgo.
Tenerife, por ejemplo, amplió las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) tras aplicar una nueva metodología que permitió identificar e incorporar 19 tramos adicionales (56,76 kilómetros en total). En conjunto, las zonas con alto riesgo de inundación alcanzan ya los 101 kilómetros y afectan a 62.375 personas. En Gran Canaria, en cambio, no se añadieron nuevos tramos y se mantuvieron los del plan anterior, que abarcan 18,57 kilómetros y afectan a 1.979 personas. Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y El Hierro tampoco declararon nuevos tramos.
“Se ha observado que cada demarcación hidrográfica ha utilizado distintos criterios para la selección, adoptando enfoques variados. Mientras que algunas aplican una larga lista de criterios, otras consideran un número muy reducido, y también se aplican sistemas de ponderación de forma muy heterogénea”, ha advertido la Comisión Europea al respecto.
En lo que sí coinciden todos los planes es en señalar el desarrollo urbanístico “intenso” del litoral canario, el sellado del suelo por la urbanización, la falta de capacidad de las redes de alcantarillado y el acondicionamiento de los cauces de los barrancos.
Estas “características”, advierten los documentos, hacen que, “a pesar de la escasa precipitación” que se registra en Canarias (y que disminuirá aún más por efecto del cambio climático causado por el ser humano, según un estudio reciente publicado en la revista científica 'Hydrological Processes'), las lluvias puedan concentrarse en “fuertes aguaceros”. Estos episodios provocan escorrentías y desbordamientos de barrancos que, en apenas unos kilómetros y a través de fuertes pendientes, desembocan en la costa, afectando especialmente a los municipios más transformados por la actividad humana: los turísticos.
Entre 2018 y 2023, Mogán acumuló 703.500 euros en daños asegurados valorados por el Consorcio, más del 36% del total registrado en Gran Canaria (1,9 millones de euros). La mayor parte correspondió a los destrozos causados por el ciclón tropical Hermine en septiembre de 2022. En Lanzarote, Yaiza registró 413.000 euros, el 52% del total insular (795.000 euros). Y en Tenerife, Arona contabilizó 439.000 euros por la DANA que afectó al sur de la Isla en enero de 2022. Este municipio turístico concentró por sí solo el 58,3% de todos los daños económicos registrados por el CCS en la isla (754.000 euros).
En estos lugares “pesa la elevada concentración de bienes e infraestructuras, hoteles, apartamentos, comercios, vehículos, instalaciones y servicios”, apunta Abel López, de la ULL. Son territorios “con una exposición económica muy alta”. A lo que se suma, continúa, que buena parte del desarrollo turístico se ha producido en zonas costeras y fondos de barranco o en sus proximidades, donde las escorrentías son habituales cuando llueve.
“Podemos estar en zonas que, aunque registren episodios de baja intensidad de precipitación, se puedan traducir en daños económicos importantes simplemente por la cantidad y el valor de los bienes expuestos”, remacha el experto.