Lanzarote y el reto de implantar renovables sin hipotecar su futuro: ''La población tiene que participar''
Un abismo separa en Lanzarote a las administraciones que diseñan las políticas energéticas de quienes viven sus consecuencias. Así lo revela un estudio exhaustivo y pionero encargado por la Fundación César Manrique (FCM) sobre la implantación de la energía eólica en la isla. Este informe, elaborado por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), evidencia que todos los sectores de la isla están de acuerdo en tres puntos: la transición ecológica es necesaria e innegable, Lanzarote es un territorio frágil que necesita una planificación adaptada a sus particularidades, y las decisiones sobre el modelo de isla no pueden tomarse de espaldas a su gente.
El Grupo de Bioeconomía, Recursos Naturales y Economía Ecológica de la Universidad de Santiago de Compostela ha presentado este estudio en la isla, después de un año y medio de trabajo en el que se ha reunido con pescadores, agricultores, científicos, grupos ecologistas, grupos asociacionistas, con la Cámara de Comercio y con personas vinculadas a las administraciones públicas.
Esta ardua tarea les ha permitido concluir que “el modelo que ha existido hasta la fecha en Lanzarote es un modelo neoextractivista, como sucede también en el resto de Canarias y en la Península”. “Es decir, volvemos a aplicar en el ámbito renovable lo mismo que hemos aplicado en el fósil”, subraya la coordinadora del equipo redactor, Rosa María Regueiro Ferreira, en una entrevista concedida a este periódico.
El caso de Lanzarote presenta una serie de singularidades. Se trata de una isla pequeña, de 845,9 kilómetros cuadrados, y con un 41% de superficie protegida. Su dependencia alimentaria se mide en pocos días de autonomía, cuenta con un paisaje reconocido mundialmente como patrimonio y su economía se vertebra en torno al turismo y a la agricultura. Por ello, apunta la investigación, “las decisiones sobre dónde y cómo instalar renovables no son decisiones técnicas menores”, sino “estratégicas sobre el modelo de isla que se quiere ser”.
Para una transición energética justa y eficiente, el estudio propone un modelo de participación activa de la población. Esto “no significa solamente que la ciudadanía tenga derecho a hacer alegaciones”, sino que participe en todo el proceso, señala Regueiro. La profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la USC pone como ejemplo a Dinamarca, un país que decidió por ley que su modelo se asentara sobre una base democrática donde todos los agentes estuvieran representados y nadie se quedara fuera. “No debe olvidarse que la participación social aumenta la aceptación social, aporta valor local y fomenta la cohesión territorial”, recuerda el estudio.
La eólica terrestre
La presentación de este informe llega en un momento decisivo en la isla. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han aprobado las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en un trámite no exento de polémica. Los mapas publicados por la Consejería de Transición Ecológica reservan un 3,75% de la isla para plantas de energía eólica terrestre y fotovoltáica, aunque para cumplir con los objetivos energéticos solo se necesite un 0,23%. El rechazo social ante esta decisión no consensuada con la gente hizo al gobierno insular recular y pedir al Ejecutivo regional la suspensión de las ZAR.
El estudio de la FCM subraya que la delimitación de las zonas de aceleración no ha incorporado de forma específica variables como el paisaje o la participación pública, a pesar de que la transparencia y la participación ciudadana temprana son dos requisitos indispensables en la elaboración de las ZAR, tal y como recoge el Real Decreto-Ley 7/2026, de 20 de marzo por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
Además, el 73,67% del suelo reservado para las ZAR es de protección agraria. Ceder suelo rústico a instalaciones energéticas privadas, indica el informe, equivale a “hipotecar el futuro de la isla como territorio mínimamente autosuficiente”. “Esto incluye el suelo en barbecho, que no es suelo inútil, sino una reserva estratégica para el día en que la necesidad apriete”, añade el documento.
Damiano Volpi, técnico ambiental y miembro del equipo investigador, plantea como alternativa potenciar los parques ya existentes, siempre que se profundice y se evalúe el posible impacto ambiental de esta opción porque, tal y como subraya él, ninguna de las alternativas “tiene impacto cero”. Así, el estudio propone tomar como referencia el modelo danés y apostar por la titularidad pública de la energía renovable para así garantizar que los beneficios reviertan en la isla y no solo en empresas multinacionales.
En la actualidad, Lanzarote cuenta con 40,7 MW (Megavatios) instalados, distribuidos en cinco polígonos eólicos con un total de 24 aerogeneradores: diez en el de Los Valles, dos en Punta Grande, cuatro en Teguise I, cuatro en Arrecife y otros cuatro en San Bartolomé. En momentos puntuales, la eólica puede cubrir hasta el 35% del consumo total de electricidad de la isla.
Molinos casi tan altos como la Torre Eiffel
En el mar ya se gestan dos proyectos de energía eólica marina, la que aprovecha la energía del viento en el mar para producir electricidad. El primero se conoce como Lanzarote Este, consta de cuatro aerogeneradores y está promovido por la empresa Ocean Winds frente al pueblo de Las Caletas. El segundo ha sido bautizado como Timanfaya, está impulsado por Capital Energy e integrado por otros cuatro molinos.
La altura de estos aerogeneradores asciende a los 247 metros, solo unos 70 metros menos que la Torre Eiffel en un paisaje insular cuya cota máxima construida no supera los 25-55 metros. Según explica el investigador Torcuato Teixeira Valoira, abogado especialista en derecho pesquero, ambos proyectos se sitúan a menos de dos kilómetros de la costa dada la orografía y la profundidad de los fondos marinos de Canarias. Se trata de la distancia más corta de toda la ordenación del espacio marítimo español.
Los pescadores de la isla han trasladado al grupo investigador su preocupación por el “modelo impuesto” y su invisibilidad a la hora de tomar decisiones. En el caso de los pescadores del norte de la isla, temen que los polígonos energéticos proyectados aumenten la presión sobre la Reserva Marina de La Graciosa. “Se ha hecho una planificación sin tener datos del sector pesquero, con lo cual es un modelo ya de partida viciado”, sostiene Teixeira. Para lograr una transición energética justa, el experto insta a realizar de manera urgente estudios sobre la posible afectación de los proyectos de eólica marina sobre el fondo marino.
El problema del agua
El agua es otro factor decisivo a tener en cuenta en la planificación energética de Lanzarote, explica Rosa María Regueiro. “Muchas personas nos avisaron de que en el ámbito rural de la isla había cortes de suministro de agua y de luz. El sector agrario nos comentaba que cómo iban a ponerse al frente de una iniciativa de expansión agraria si no tienen garantizado este elemento fundamental”, traslada la investigadora.
El informe ofrece una radiografía del sistema hídrico de Lanzarote en la actualidad. El principal problema pasa por las enormes pérdidas del agua que producen las desaladoras. Más del 50% de este recurso se pierde antes de llegar a las casas por las deficiencias de la red. Asimismo, el modelo turístico refuerza la presión humana que existe sobre este recurso, al suponer el 44,5% del consumo del total, muy por encima de la agricultura (4,1%).
Por otra parte, el servicio de captación, depuración y distribución de agua consumió el 13,72% de la energía producida en Lanzarote en 2024, por debajo del consumo de los hogares (28,58%) y de los servicios de alojamiento (27,98%). En esta línea, la investigación plantea que reducir la cantidad de agua que se pierde en el camino permitiría también reducir la demanda energética “sin instalar un solo aerogenerador”.
Alternativas
“Antes de sacrificar suelo agrícola y paisaje”, concluye el estudio, “existe un orden de prioridades lógico y jurídicamente sostenible”. Por un lado, repotenciar los parques eólicos existentes y promover la instalación “sensata” de fotovoltáica sobre los techos urbanos e industriales, “aprovechando las zonas ya degradadas e impulsando comunidades energéticas locales”. En esta línea, recuerdan que la Directiva RED III establece que las ZAR deben priorizar suelos degradados frente a suelo productivo.
Por otra parte, instan a apostar por un modelo de desarrollo renovable de participación activa en la isla, de propiedad pública y que prime el respeto del territorio y la identidad de Lanzarote. “Los beneficios de explotación deberían quedarse en dicho territorio”, proponen. “Evidentemente nadie pone en duda la lucha contra el cambio climático, ni en Lanzarote ni en ningún sitio. Ahora, lo que sí hay que poner en duda es si esta lucha hay que hacerla con un modelo extractivista o con un modelo basado en el respeto a la biodiversidad, al paisaje, a los ecosistemas y a los sectores primarios que viven de la tierra y del mar”, concluye Torcuato Teixeira.