El plan de Canarias para combatir los incendios y cuidar el monte: 1.272 millones sin compromisos vinculantes

El plan forestal de Canarias para combatir los incendios y cuidar el monte durante los próximos 21 años prevé una financiación total de 1.272 millones de euros para actuaciones de prevención y restauración, repoblación y selvicultura. Pero se trata de un documento no vinculante, cuya aplicación dependerá de las normas, instrumentos y proyectos técnicos que “se podrán desarrollar” a partir de él. La estrategia anterior, vigente entre 1999 y 2026, apenas llegó a materializar el 11% de sus medidas. El nuevo marco tiene así el reto de elevar considerablemente ese porcentaje con unas plantillas medioambientales bajo mínimos, una gran parte de la superficie forestal en manos privadas (el 83%) y la amenaza del calentamiento global, que incrementa el riesgo de grandes incendios, desertifica el suelo y reduce la recarga de los acuíferos.

El texto, de casi 1.000 páginas, lo deja claro en varias ocasiones: recoge propuestas y recomendaciones “no vinculantes” cuya aplicación solo “resulta conveniente” para las administraciones públicas. Pero eso es todo. A partir del plan, eso sí, “se podrán desarrollar otros planes, proyectos o normativas”.

Esta condición permite, según el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular, mantener la prevalencia de los distintos instrumentos que ya operan en el territorio, como los planeamientos de los espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000. El Ejecutivo sostiene que la estrategia no contradice ninguno de ellos, ya que “opera simplemente a modo de recomendaciones y propuestas que serán materializadas mediante aprobación o modificación del concreto instrumento jurídico que proceda en su caso”. En síntesis, el texto “no incide ni modifica ninguno de los instrumentos de ordenación ni resto de normas vigentes”.

En los primeros siete años, el plan prevé una inversión de 405 millones de euros a través de una gestión forestal “sostenible activa”. El Gobierno canario sostiene que este enfoque rompe con el viejo paradigma de la protección pasiva y apuesta por una selvicultura flexible y tratamientos preventivos constantes. El objetivo principal es mejorar la cubierta vegetal de la Comunidad Autónoma (el 77,68% de su superficie es de uso forestal) y compatibilizar sus funciones ecológica, económica y social.

Las actuaciones con mayor dotación serían las de prevención, lucha y restauración frente a incendios, con 115 millones; las repoblaciones, los recursos genéticos y la producción de planta, con 78,5 millones; la creación de pistas forestales, senderos y espacios de uso público, con 47 millones; y la selvicultura adaptativa, con 45,2 millones.

El documento no define exactamente cuánto se destinará a prevención y cuánto a extinción de incendios. El borrador del plan solo detalla que casi todo el presupuesto destinado a la lucha contra el fuego irá al servicio técnico, que incluye el mantenimiento de los dispositivos de extinción, el personal de las bases, los medios aéreos y los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (EIRIF).

Esto es especialmente relevante porque el Ejecutivo autonómico reconoce que Canarias incumple la recomendación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que plantea destinar dos tercios del presupuesto de incendios a prevención y planificación y solo un tercio a extinción.

El Gobierno señala que, históricamente, las Islas han destinado un 76% de sus recursos a apagar las llamas, frente a un escaso 25% a prevención activa. En 2024, por ejemplo, la inversión ascendió a 25,8 millones de euros: 17 millones fueron para extinción de incendios (11,2 millones solo para los helicópteros de la Dirección General de Emergencias) y apenas 4,6 millones para prevención. Un reparto que contrasta con las recomendaciones de las personas expertas para afrontar el aumento del riesgo de incendios forestales asociado al cambio climático.

El principal reto del plan forestal será mejorar el pobre grado de cumplimiento de su antecesor, aprobado en 1999 y vigente hasta este año. A pesar de las grandes inversiones previstas, aquella estrategia apenas alcanzó un 11% de materialización, “sin que se volvieran a desarrollar los restantes programas de actuaciones, lo que hizo que no tuviera continuidad a lo largo del tiempo”. Ahora se espera que la nueva “sirva de guía” frente a los desafíos del futuro forestal y responda a las nuevas circunstancias, tanto climáticas como demográficas.

Pero no va a ser fácil. El diagnóstico revela que el cuerpo de agentes de medio ambiente de Canarias padece una alarmante falta de personal, sobre todo en islas con extensas superficies forestales como La Palma. Además, el relevo “no se está haciendo en tiempo”, hasta el punto de dejar los montes con falta de vigilancia y desatención, reconoce el propio plan.

Otro grupo de trabajadores, en este caso el personal de incendios, llega a triplicar su número de efectivos en verano. Sin embargo, la compensación de las horas trabajadas durante la época de máximo peligro impide que puedan trabajar en otras épocas del año, lo que deja una plantilla mínima en invierno que no es suficiente para realizar tareas de prevención.

Por otro lado, cerca del 83% de la superficie forestal del Archipiélago está en manos privadas, repartida entre miles de pequeñas parcelas cuyos propietarios a menudo están desvinculados de su gestión debido al abandono rural. Todo ello “dificulta enormemente la gestión” del monte y “la puesta en valor del territorio”.

Canarias también carece de un sistema de información estadística forestal coordinado y eficaz: los datos se encuentran dispersos o desactualizados entre el ISTAC, GRAFCAN y otros organismos. La estrategia lamenta además la “escasa o nula coordinación interadministrativa y una deficiente planificación conjunta” entre los cabildos insulares, que actúan de forma poco coordinada.

Por último, el plan forestal del Archipiélago menciona como principales vías de financiación los fondos propios del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, el programa FEDER Canarias 2021-2027, los fondos Next Generation (cuya ejecución finaliza este año), la Nueva Estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 y los fondos cofinanciables FEADER, entre otros.