La ley de Clavijo para proteger la biodiversidad canaria queda en el aire al no garantizar recursos ni financiación

La ley canaria de biodiversidad y recursos naturales aún no ha sido aprobada y ya está coja. El Gobierno regional quiere incorporar una cláusula en la norma que supedite las medidas que impliquen obligaciones económicas a “la existencia de crédito adecuado y suficiente”.

Eso quiere decir, en plata, que el presupuesto para las campañas municipales de control y erradicación de especies invasoras, la implantación de viveros públicos de plantas autóctonas o la restauración de ecosistemas y suelos degradados (medidas recogidas en el borrador de la legislación) no está garantizado, lo que aumenta el riesgo de que la normativa caiga en saco roto.

Las entidades locales arremetieron contra el Ejecutivo canario, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), precisamente por no prever en el anteproyecto de ley los recursos necesarios para asegurar la “suficiencia financiera” de las corporaciones ante el aluvión, a su juicio, de nuevas tareas, entre ellas la aprobación de ordenanzas locales sobre árboles singulares y contaminación lumínica.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea señaló, de hecho, que la memoria económica de la norma “no permite valorar de manera precisa la incidencia real del anteproyecto”, especialmente en aspectos como los ingresos, los gastos, los recursos humanos, el impacto en cabildos y ayuntamientos y la incidencia recaudatoria de las medidas fiscales.

Pero el Gobierno autonómico despachó ambas alegaciones argumentando que la ley “no innova competencias” de los ayuntamientos y, por tanto, no les impone “nuevas cargas administrativas”.

Sin embargo, un informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos deja negro sobre blanco que la norma para proteger la biodiversidad y los recursos naturales de Canarias sí tiene una “incidencia presupuestaria relevante, de carácter estructural y transversal”. Ese mismo documento propone incorporar una cláusula de cierre presupuestario que establece lo siguiente:

“La ejecución de las previsiones contenidas en esta ley que impliquen obligaciones económicas quedará supeditada, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente, a la disponibilidad efectiva de los recursos que se prevean para su financiación y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

El Gobierno de Fernando Clavijo (CC) busca así “despejar dudas sobre el alcance económico de la ley” y evitar que “previsiones programáticas o de fomento se interpreten como obligaciones de gasto inmediatamente exigibles”. La norma, por tanto, no garantiza recursos. Es la fórmula con la que el Ejecutivo ha resuelto las críticas por no aclarar cómo iba a apoyar a ayuntamientos y cabildos para desplegarla.

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) llegó a advertir de que la ley conllevaba el “riesgo de atribución excesiva de responsabilidades a la administración con mayores carencias económicas y recursos de gestión, como son los municipios”. Denunció que algunos ayuntamientos no podían asumir determinadas encomiendas de la ley “en función de su capacidad administrativa, recursos y el perfil técnico de su personal”. Y también señaló que la tarea de divulgación del patrimonio natural (otra de las medidas recogidas) es “una facultad que excede la capacidad y recursos” de las entidades locales.

La FECAM terminó reclamando que la ley incorporara un compromiso “especial” por el que el Gobierno de Canarias debiera proporcionar a los ayuntamientos “medios personales, materiales y económicos para la elaboración de los instrumentos de planificación y regulación”.

El Ejecutivo respondió que la ley “no crea ex novo [de nuevo] el marco material de protección de la biodiversidad” y que tampoco “innova competencias de las distintas corporaciones locales”, sino que simplemente “desarrolla y sistematiza” competencias autonómicas y obligaciones de protección que los municipios ya tenían atribuidas por la normativa básica estatal o derivadas de compromisos europeos.

La Dirección General de Planificación y Presupuestos, por su parte, reprochó que la norma “no incorpora una cuantificación diferenciada del impacto en dichas administraciones” y detectó incluso una clara “indeterminación en las necesidades de personal”: mientras el borrador sugiere que no será necesario reforzar las plantillas, la memoria económica sí advierte de que se requerirán “recursos funcionales adicionales: personal técnico, jurídico y especializado, así como refuerzos en sistemas, gestión económica, control e inspección”.

El órgano también censuró que no se cuantificaran los gastos necesarios para la puesta en marcha del Consejo de Biodiversidad (previsto en la ley), los centros de recuperación de fauna silvestre o el control de la superficie marina protegida.

En realidad, la ley sí estima un impacto presupuestario: 10,28 millones de euros al año. Pero se trata de una previsión que “no se adecúa plenamente a los escenarios presupuestarios plurianuales vigentes para el periodo 2026-2028”, según Hacienda.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía reconoció que la estimación “parte de las líneas de actuación y programas presupuestarios actualmente existentes, sin configurar por sí misma un incremento automático de gasto”. Por ello, añade, “dicha incidencia resulta compatible, dado que el centro gestor viene contando anualmente con marco presupuestario para asumir las posibles necesidades que requiera la proyección de actuaciones planteada por el propio anteproyecto”.

En otras palabras, la ley no incorpora nuevos recursos para conservar, restaurar y recuperar el patrimonio natural de Canarias. Las medidas se financiarán con el presupuesto que ya existía antes de la norma, pese a que su propio anteproyecto calcula un impacto de más de diez millones de euros anuales.