El Gobierno de CC-PP cierra ahora la vía que consintió en Adeje para desatascar el polémico proyecto de Cuna del Alma

El Gobierno de Canarias quiere bloquear la vía que consintió en Adeje para desatascar el proyecto turístico de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife). El Ejecutivo regional, de Coalición Canaria y Partido Popular, ha incluido en el anteproyecto de la Ley de Biodiversidad un artículo que impide a los ayuntamientos declarar actuaciones urbanísticas “de interés público de primer orden”, la herramienta legal que permite a la administración saltarse la protección sobre especies protegidas por razones “imperiosas” de interés general y que fue utilizada por el Ayuntamiento de Adeje para desbloquear en 2024 la polémica urbanización de lujo de Cuna del Alma, paralizada entonces por la aparición de la viborina triste, una planta de protección especial.

El Consistorio del sur de Tenerife, liderado desde hace más de cuatro décadas por el socialista José Miguel Rodríguez Fraga, empleó esta herramienta aduciendo a la crisis de vivienda existente en el municipio y a la necesidad de construir “viviendas sociales” para poder expulsar a la viborina triste del Puertito. Cuna del Alma no prevé levantar casas de alquiler asequible ni nada por el estilo. Las villas que está levantando costarán de hecho hasta 2,3 millones de euros. Pero el Ayuntamiento indicó que dando luz verde a la operación obtendría el “suelo” o los “medios” que están obligados a ceder a la administración los promotores privados de planes urbanísticos, lo que se conoce como “aprovechamiento medio”.

La declaración de interés público de primer orden funciona como una especie de válvula de escape contemplada en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que permite dejar sin efecto las prohibiciones ambientales recogidas en esa misma norma (cortar, arrancar, destruir o molestar a la flora y fauna vulnerable) para impulsar medidas en beneficio de la salud pública, la seguridad de las personas o de relevancia socioeconómica. Solo pueden acordarse si no hubiera “otra solución satisfactoria” y siempre y cuando no se produzca una “pérdida neta” de la especie, garantizando su traslado a otro lugar o la recogida de semillas.

El Gobierno canario reconoció en un informe firmado por su viceconsejero de Servicios Jurídicos, Jorge Riestra Sierra, que existe una “laguna” sobre qué órgano administrativo es el competente para emitir este tipo de declaración y que por tanto habría que analizar “su fin legal” para determinarlo en cada supuesto. El Ejecutivo analizó en ese mismo documento el caso concreto de una urbanización de 1.600 plazas hoteleras proyectada en Guía de Isora, en Tenerife, que solicitó precisamente la traslocación de las semillas de viborina triste presentes en el área para comenzar las obras. Y el viceconsejero canario de Servicios Jurídicos, en un documento de 21 páginas, concluyó dos cosas: la declaración de interés público de primer orden corresponde al ayuntamiento del municipio tinerfeño, pero la autorización para trasladar a la viborina recae, sin embargo, en el Cabildo de Tenerife.

El Ayuntamiento de Adeje recogió el guante y aplicó esa misma doctrina para promover Cuna del Alma, pero a su manera. Aprobó la declaración de interés público de la urbanización de lujo escudándose en la emergencia habitacional. Y también se atribuyó la competencia para autorizar el trasplante de la viborina argumentando que el proyecto ya contaba con una evaluación ambiental estratégica que no detectó a la citada especie. Eso le resultó suficiente al Consistorio para autoproclamarse como el “órgano sustantivo”, o sea, el competente en esta cuestión. Y a posteriori dio luz verde a la traslocación de la planta que ya había autorizado su órgano ambiental meses antes, cuando estaba dirigido por Rosendo López, el biólogo que dimitió de ese puesto después de que Canarias Ahora revelase que asesoraba al mismo tiempo a la promotora de Cuna del Alma.

Esa maniobra legislativa del Ayuntamiento ha llegado a los tribunales. La está dirimiendo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife a raíz de un recurso interpuesto por la asociación ecologista Salvar La Tejita, que denunció que el Consistorio de Adeje no es el competente para permitir el traslado y que este se dictó “al margen de cualquier tipo de evaluación ambiental”. En un auto de octubre de 2025, el juez le dio a la organización en parte la razón al subrayar que la decisión de trasladar a una especia protegida “solo pudo adoptarse en el seno de un procedimiento de evaluación ambiental cuya inexistencia no resulta controvertida”. Pero el magistrado rechazó suspender de manera cautelar las obras de Cuna del Alma porque la traslocación de la viborina ya había ocurrido un año antes, en lo que se conoce como la política de los hechos consumados: para cuando la justicia encuentra el tiempo de analizar si un acto es legal o no, “ya no hay nada que suspender (…) una vez ejecutado”, recoge el fallo.

El Gobierno de CC-PP pretende ahora cortar por lo sano e impedir que ayuntamientos declaren proyectos de interés público de primer orden. Ha incluido en el nuevo anteproyecto de la Ley de Biodiversidad un artículo que centraliza el poder en el Ejecutivo autonómico permitiendo solo su aprobación a través del Parlamento de Canarias o mediante un acuerdo motivado del propio Gobierno. La disposición (la número 62, en concreto) dice que los ayuntamientos podrán tramitar esas declaraciones y que darán traslado de ellas al Ejecutivo, pero que este último es el único órgano con autoridad para firmarlas en caso de que la norma salga adelante. El anteproyecto también limita las competencias de los ayuntamientos a tareas muy específicas que no incluyen la traslocación de especies protegidas, como la elaboración de ordenanzas municipales sobre su propio arbolado, el control de la contaminación lumínica y la ejecución de proyectos de parques, jardines y naturalización urbana.  

La Ley de Biodiversidad es una norma que estuvo a punto de aprobar el anterior Gobierno de Canarias, el liderado por el Pacto de las Flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), después de un periodo de consulta con más de 600 personas de distintos colectivos. El primer anteproyecto no recogía la centralización de la declaración de proyectos de interés público de primer orden en el Ejecutivo regional como sí lo hace ahora. La Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata (PP), tramitó con carácter de urgencia el anteproyecto introduciendo cambios que solo estuvieron en información pública menos de diez días este mes de abril.

Zapata señaló que “estamos ante una norma clave que permitirá al Archipiélago contar por primera vez con un marco integral para ordenar y reforzar la protección de nuestro patrimonio natural, y este proceso permitirá incorporar el conocimiento y las aportaciones de la sociedad, mejorando su alcance y garantizando su utilidad a largo plazo”. El Gobierno dice que la ley tiene como objetivo proteger, conservar, restaurar y gestionar de manera sostenible el patrimonio natural de las Islas.