El registro canario para medir las emisiones de empresas e instituciones ignora la mayoría de las emisiones

Es irónico, pero es real. El proyecto del registro canario de huella de carbono, encargado de medir las emisiones de gases de efecto invernadero de instituciones, establecimientos turísticos y grandes y medianas empresas, no incluye la categoría que concentra la mayor parte de las emisiones: las de alcance 3, generadas de manera indirecta a lo largo de la cadena de valor.

La herramienta, que acaba de salir a información pública antes de su aprobación, sí exige recoger las emisiones de alcance 1 y 2, es decir, las que proceden directamente de la actividad de la organización (como el uso de gas natural o el combustible consumido por los vehículos de la flota de una compañía) y las emisiones indirectas asociadas a la energía consumida.

Pero las emisiones de alcance 3, que abarcan todas aquellas asociadas a la cadena de valor de un producto, son de carácter voluntario. Incluyen, entre otras, las generadas durante la extracción de materias primas, la fabricación, el transporte de mercancías, los desplazamientos de los trabajadores hasta su puesto de trabajo y el uso final del producto, como puede ser el consumo energético de un electrodoméstico durante su vida útil.

Y estas emisiones no son baladí. De los tres alcances que contempla el Greenhouse Gas Protocol (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero), la metodología de referencia para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, las de alcance 3 representan, de media, al menos el 75% del total.

Es la conclusión de Carbon Disclosure Project (CDP), una organización sin ánimo de lucro con sedes en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos que ayuda a empresas y ciudades a divulgar su impacto medioambiental. El NewClimate Institute, con sede en Alemania, eleva incluso ese porcentaje y sostiene que las emisiones de alcance 3 representan generalmente entre el 80% y el 95% de la huella de carbono de una organización.

En su último informe, publicado en 2025, el NewClimate Institute recogió, por ejemplo, que JBS, una de las mayores multinacionales cárnicas del mundo, atribuyó al alcance 3 el 97% de sus emisiones en 2023; Apple, por su parte, el 96,5%; y Volkswagen, el 99,08%.

En Canarias, sin embargo, es complicado encontrar empresas que detallen sus emisiones de alcance 3. Satocan, del sector de la construcción, es una de las pocas que lo hace. Su informe medioambiental de 2024 recogió este dato por primera vez y reveló que estas emisiones alcanzaron las 45.600 toneladas de dióxido de carbono (CO2), casi el 90% del total de emisiones del grupo (50.865 toneladas).

Compañías como Domingo Alonso, del sector de la automoción, y Lopesan, uno de los principales conglomerados empresariales de las Islas, con presencia en sectores como el turismo y la construcción, no incluyen las emisiones de alcance 3 en sus cálculos, aunque han anunciado que esperan incorporar esta información próximamente.

Otras grandes empresas del Archipiélago, como Hiperdino, del sector de la alimentación, o Grupo Número 1, tampoco detallan sus emisiones de alcance 3.

Binter, la principal aerolínea de Canarias, emitió en 2024 unas 200.000 toneladas de gases de efecto invernadero, el equivalente al 1,6% de las emisiones del Archipiélago en 2023, que alcanzaron los 12,4 millones de toneladas. La compañía no incluye las emisiones de alcance 3 en su informe, mientras que prácticamente todas las que sí contabiliza proceden de la quema de queroseno de sus aeronaves.

Loro Parque, por otro lado, es un caso particular. No desglosa sus emisiones según el protocolo estándar, sino mediante el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambientales (EMAS III) de la Unión Europea. Pero su documento ambiental recoge los distintos parámetros de su huella de carbono, lo que permite clasificarlos igualmente según los tres tipos de alcance.

Así, el consumo de gasoil, propano, butano y gases refrigerantes (emisiones de alcance 1) supuso en 2023 un total de 357,74 toneladas de CO2. El consumo de electricidad, correspondiente al alcance 2, es de cero emisiones, ya que todo el suministro procede de fuentes renovables. Y en cuanto al alcance 3, los viajes en avión del personal, la logística marítima de la comida de los animales y la generación de residuos sumaron 475,13 toneladas.

Una huella de carbono ‘coja’

Miguel Ángel Soto es responsable de Campañas en Greenpeace. Hace unos años lideró el informe ‘Haciendo trampas al clima’, en el que la organización ecologista denunció las malas prácticas, argucias y falsas soluciones utilizadas por las empresas para eludir la lucha contra el cambio climático. Entre ellas figura la exclusión de las emisiones de alcance 3 de los informes de sostenibilidad.

“Siempre que se resta valor al alcance 3, la medición de la huella de carbono cojea, es menos real”, dice Soto, quien hace énfasis, además, en que Canarias, al tratarse de una región insular muy dependiente de las importaciones, desde alimentos hasta productos petroleros, “necesita abordar cómo las emisiones que provocan el cambio climático se generan muchas veces fuera de nuestras fronteras”.

El portavoz de Greenpeace cree que Canarias debería regular la inclusión del alcance 3, que también es voluntaria en el registro de huella de carbono impulsado por el Gobierno nacional. La directiva europea 2022/2464 solo establece que las empresas deben incluir “las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, alcance 2 y, en su caso, alcance 3”.

Soto apunta que quizá no sería necesario exigirla a un pequeño importador o a un pequeño mayorista, pero sí a las grandes empresas, que deberían conocer “qué hay al final de su cadena de suministro o quiénes están generando impacto”.

Considera que así se podría lograr un “efecto tractor” que animara a muchas más empresas, incluso pequeñas, a calcular esas emisiones, ya que su medición hasta ahora no está extendida debido a su complejidad técnica, la dificultad para rastrearlas y la falta de datos primarios fiables.

Un informe del Gobierno del Reino Unido sobre la inclusión del alcance 3 en los sistemas de reporte señala: “Es probable que el coste de informar sea elevado para las organizaciones que no recopilan habitualmente información sobre el alcance 3, y esto debe sopesarse frente a los beneficios que puede aportar”. El documento añade: “Cuanto más compleja sea la cadena de suministro, más tiempo puede llevar”.

Planes obligados de reducción “voluntaria” de emisiones

El proyecto del registro canario de huella de carbono incorpora sanciones para las empresas o instituciones que no reporten sus datos de emisiones. Serían consideradas infracciones “leves” y, según la Ley 6/2022, de cambio climático y transición energética de Canarias, podrían conllevar multas de entre 600 y 6.000 euros. En caso de aportar datos falsos de manera deliberada, la infracción sería considerada “muy grave” y podría acarrear una multa de hasta 600.000 euros.

El futuro registro también incorpora una sección específica para auditar proyectos locales de absorción de dióxido de carbono, como la reforestación de un espacio natural o la conservación de ecosistemas marinos, que también contribuyen a capturar CO2.

El Gobierno de Canarias busca de esta manera reconocer y fiscalizar este tipo de actuaciones, a través de las cuales las empresas pueden compensar parte de sus emisiones o vender los “créditos de carbono” obtenidos a otras compañías que necesitan reducir su huella de carbono.

Pero esto último es solo un espejismo contable, pues adquirir créditos de carbono no disminuye las emisiones propias de una organización, sino que permite presentarlas como compensadas en su informe de sostenibilidad mediante absorciones o reducciones realizadas en otro lugar.

Organizaciones ambientales han mantenido una postura crítica y escéptica frente a la compensación de emisiones mediante créditos de carbono. Consideran que puede convertirse en un lavado de imagen y en una simple licencia para seguir contaminando. También han denunciado fallos estructurales del modelo, como la emisión de créditos para proteger bosques que nunca estuvieron amenazados o problemas “intrincados” que dificultan que estos mecanismos contribuyan realmente a frenar el calentamiento global, según un estudio publicado en la revista ‘Annual Review of Environment and Resources’.

El registro canario de huella de carbono obligará a todas las empresas inscritas (grandes y medianas mercantiles, titulares de explotaciones turísticas y compañías sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión) a elaborar un plan de reducción “voluntaria” de emisiones con un horizonte temporal de al menos cinco años. No obstante, el proyecto no contempla sanciones en caso de incumplir los objetivos fijados.

Soto, de Greenpeace, cuestiona esta falta de consecuencias. “Si yo incumplo la ley de tráfico y voy a 180 kilómetros por hora por una zona de 120, me cae una multa. Pero si una empresa incumple una orden o una ley, no hay régimen sancionador. Eso no se entiende muy bien y es una forma de retardar la lucha contra el cambio climático”.