La última inspección a las jaulas marinas de Telde antes de la crisis: sin anomalías, pero también sin las analíticas del agua
La inspección se realizó el 30 de septiembre de 2025, solo diez días antes de que Aquanaria comunicara al Ayuntamiento de Telde un aumento “significativo” de la mortalidad de peces en sus jaulas marinas coincidiendo con la detección de “un episodio de contaminación visible y olor químico intenso en las aguas circundantes”.
El acta concluye que la concesión cumplía los requisitos en materia de seguridad y sanidad animal, pero también deja constancia de que seguían sin aportarse las analíticas de calidad del agua correspondientes a 2025. Fuentes de la empresa explican a Canarias Ahora que la compañía subcontratada para elaborar esos estudios aún no se las había entregado y aseguran que esa documentación fue presentada poco después para subsanar la incidencia.
La inspección, realizada por la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, detalla que las instalaciones de Aquanaria en Melenara, donde se producen 845 toneladas de lubina al año en catorce jaulas de cultivo, disponen de medidas de bioseguridad, sistema propio de sanidad animal, laboratorio, aislamiento perimetral, una guía de buenas prácticas en materia de higiene, un programa de gestión de subproductos para la eliminación de cadáveres, documentación de transporte, un sistema de vigilancia zoosanitaria y control de la presencia de signos clínicos de enfermedades.
El acta también señala que las granjas no tienen instalaciones para realizar cuarentenas de peces. Sin embargo, Aquanaria sostiene que esa exigencia no le resulta aplicable. El Real Decreto 164/2008, que regula los requisitos zoosanitarios de la acuicultura, establece que las cuarentenas solo son obligatorias cuando se introducen animales acuáticos silvestres, mientras que la empresa trabaja con lubinas de cría.
Según la inspección, además, la explotación funciona con un sistema abierto de circulación de agua, por lo que su renovación depende del medio natural. El tipo de alimentación que figura en el acta es “pienso seco”, sin más detalles. Y la fecha límite de su actividad es 2029, cuando se cumplirán treinta años desde que se instaló en Melenara.
Otro dato relevante aparece en el registro de trazabilidad, que permite controlar cuántos peces entran y salen de las granjas. Según este registro, la última entrada de ejemplares se produjo el 21 de agosto de 2023, con 285.250 peces. La última salida consta en agosto o septiembre de 2025, aunque el día exacto no se distingue en el documento, con 6.139 ejemplares.
Toda esta información ha sido obtenida por Canarias Ahora a través de la Ley de Transparencia.
El Gobierno de Canarias rechazó en febrero facilitar la documentación tras una solicitud de información pública de este periódico. Pesca alegó entonces que se trataba de documentación “reservada” al haber sido incorporada a las diligencias de investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas para depurar responsabilidades. El Ejecutivo ha utilizado el mismo argumento para denegar el acceso a las actas del PLATECA y a los informes científicos elaborados durante el episodio de contaminación en el que murieron 2.500 toneladas de lubinas en las jaulas de Aquanaria y que obligó a cerrar hasta 17 playas del sureste de Gran Canaria.
La Comisionada de Transparencia, no obstante, estimó la reclamación presentada por esta redacción y requirió al Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, la entrega de las actas de las inspecciones de Pesca. La resolución considera que se trata de documentación “claramente administrativa” que no fue elaborada de forma específica y exclusiva para un procedimiento judicial.
Pesca ha respondido facilitando un documento de 51 páginas que reúne cuatro inspecciones realizadas a instalaciones de Aquanaria: una en Melenara, en diciembre de 2023; otra en San Bartolomé de Tirajana, en julio de 2024; y dos más el 30 de septiembre de 2025, en Salinetas y Melenara. En todas ellas, el apartado destinado a posibles incumplimientos aparece en blanco.
La documentación también incorpora varias tomas de muestras realizadas en el marco del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR). Sin embargo, esos documentos solo indican qué muestras fueron recogidas y qué parámetros iban a analizarse, sin incluir los resultados de los análisis.
Fuentes de Aquanaria añaden que la empresa tiene subcontratada a una compañía especializada en vigilancia ambiental, encargada de elaborar informes trimestrales sobre el estado de los fondos marinos bajo las jaulas, la calidad del agua y las aguas de las playas próximas, entre otras cosas. También aseguran que las instalaciones son objeto de inspecciones periódicas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de las autoridades sanitarias.
Pesca ha defendido ante Canarias Ahora que “la actividad acuícola en Canarias está sometida a controles exhaustivos” y que la Dirección General ha realizado dos tipos de actuaciones: unas dirigidas a comprobar el estado de las instalaciones y otras centradas en el control sanitario, los métodos de producción y las condiciones técnico-sanitarias.
El Gobierno regional añade que las empresas concesionarias están obligadas a presentar planes de vigilancia ambiental (PVA) conforme a las condiciones fijadas en sus títulos concesionales. También señala que desde hace años cuenta con la colaboración de TRAGSA para realizar un mínimo de dos inspecciones anuales en las instalaciones y que, cuando se producen incidencias, se llevan a cabo las actuaciones extraordinarias que sean necesarias.
Canarias Ahora solicitó todas las inspecciones realizadas por la Dirección General de Pesca desde 2023. La documentación facilitada por el Gobierno incluye cuatro actas correspondientes a ese periodo, junto con las recogidas de muestras.
La inspección de Melenara del 30 de septiembre se realizó solo diez días antes de que Aquanaria comunicara por escrito al Ayuntamiento de Telde un aumento “significativo” de la mortalidad de peces en sus jaulas, coincidiendo con la detección de un aparente vertido procedente de la boca de un emisario cercano a las granjas, el emisario 222, de titularidad municipal.
La crisis se saldó con la muerte de unas 2.500 toneladas de lubinas procedentes de las dos instalaciones de Aquanaria en la costa de Telde a lo largo de más de un mes. La descomposición de los peces generó una gran acumulación de materia orgánica que obligó a cerrar temporalmente hasta 17 playas del sureste de Gran Canaria. En el municipio de Telde, el cierre se prolongó durante cerca de dos meses. La organización ecologista Ben Magec llegó a calificar el episodio como “el atentado ambiental más importante en el medio marino del planeta” en 2025.
Desde el primer momento ha habido una guerra abierta entre Aquanaria y el Ayuntamiento de Telde por la responsabilidad del episodio.
Los primeros han defendido desde el principio que un vertido externo de aguas residuales provocó la mortandad masiva de sus peces. El Consistorio, por su parte, ha acusado en reiteradas ocasiones a Aquanaria y al Gobierno de Canarias de falta de transparencia y ha pedido la retirada de las jaulas, una reivindicación que también mantiene la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio. Este colectivo rechaza la hipótesis del vertido y atribuye el desastre al funcionamiento y la ubicación de la piscifactoría.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas remitió a principios de julio su investigación sobre lo ocurrido a los juzgados de Telde. En un breve comunicado, informó de que había apreciado “numerosas irregularidades” en la gestión de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Silva, cuyas aguas residuales tratadas se vierten al mar a través del emisario 222.
El Ministerio Público añadió que permanece a la espera del resultado de una toma de muestras encargada al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para evaluar el impacto ambiental y determinar si esos vertidos constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.