Un vacío legal de 21 años mantiene vivo un proyecto de extracción de áridos en un espacio protegido en Fuerteventura
Un vacío legal de 21 años ha permitido a la empresa Transportes Pablo de León, afincada en Fuerteventura, mantener vivo un proyecto de extracción de áridos en una Zona de Protección de Aves (ZEPA), en concreto en la de ‘Llanos y cuchillos de Antigua’, en el este de la isla, declarada para preservar el hábitat de especies amenazadas y migratorias como el guirre, la hubara, la tarabilla canaria o el corredor sahariano.
A pesar de que el Gobierno de Canarias propuso a la Comisión Europea su inclusión en la red de espacios protegidos en el año 2001, no fue hasta 2022 cuando aprobó un decreto que le dio validez legal a esa ZEPA y a todas las demás del Archipiélago. Ese desfase de más de dos décadas permitió a la empresa, que lleva operando en la zona desde finales del siglo pasado, librarse en parte de un delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente acusada por la Fiscalía y reabrir el expediente de evaluación ambiental del proyecto de una cantera de basalto, el último intento de la compañía por obtener una licencia.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional se encuentra en estos momentos evaluando el posible impacto de la actividad industrial teniendo en cuenta su ubicación dentro de la ZEPA ‘Llanos y cuchillos de Antigua’, cuya extensión abarca unas 9.906 hectáreas de terreno. Fuentes del departamento sostienen que “en ningún caso se puede averiguar cuál va a ser el sentido” de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), es decir, si será favorable o no a la iniciativa. Pero sí remarcan que “no puede obviarse” la figura de protección de aves decretada en el lugar.
La mercantil Transportes Pablo de León, por su parte, está convencida de que la ZEPA “no prohíbe, sólo limita”. Según su versión, aunque los “profesionales” de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias “dicen que no a todo para no hacer nada”, en este caso “ya no pueden hacerlo”, pues, a su juicio, la justicia les dio “la razón” al considerar que “es legalizable” y que deben concederles la “licencia” de “todo” lo que tienen allí, incluida la cantera. La empresa confía en que no se prolongue más este “terrible y duro proceso” que, afirma, “se llevó por delante” a su fundador, Pablo de León, “debido a las presiones y al ninguneo al que fue sometido”. La supervivencia de la sociedad es básica “para la manutención de 40 trabajadores y sus familias”, remachan.
Es cierto que en al menos dos procedimientos judiciales recientes la empresa salió victoriosa. En el primero logró reabrir el expediente de evaluación ambiental de su propuesta de cantera (octubre de 2024) y en el segundo resultó absuelta de dos delitos, uno contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente (marzo de 2025).
La Fiscalía, tal y como adelantó el periódico local Diario de Fuerteventura, pidió para ella cinco años de multa, el cierre de las instalaciones por un periodo total de ocho años y la retirada o demolición de las obras, asumiendo todos y cada uno de los costes por la presunta alteración de la realidad física a través de un conjunto de “actuaciones constructivas, extractivas y mineras” entre los años 2000 y 2017 en la zona conocida como Llano de las Goteras, en el Barranco de la Torre.
El informe de las fotos aéreas del Seprona entre 1984 y 2017 dejó “constancia” de las “modificaciones del terreno” mediante “la extracción de recursos naturales”. La compañía sí contaba con autorización para una planta de trituración y clasificación de áridos, una planta de hormigón, otra de asfalto y un depósito de gasoil. Pero carecía del permiso de minas para el aprovechamiento de áridos de la zona, para dos captaciones de agua y la gestión de residuos, según la Guardia Civil.
Dos técnicos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) defendieron que Transportes Pablo de León no contaba con los títulos habilitantes necesarios para operar y que los terrenos se ubicaban dentro de un espacio protegido. Uno de ellos sostuvo que, por esa misma protección, las actividades extractivas no estaban permitidas, salvo en casos muy puntuales para viviendas antiguas, y que las construcciones asociadas al complejo tampoco eran legales.
También se documentó en una visita en 2018 la “densa nube de polvo en suspensión” asociada a la explotación, lo que provocaba que tanto la vegetación como las rocas estuvieran “totalmente cubiertas de polvo”. Pero no se detectaron posibles “molestias asociadas” sobre la fauna, en especial sobre las aves. Y cuando los agentes del Seprona acudieron al lugar entre 2017 y 2020 no observaron “actividad reciente” de extracción de piedra en la propia ladera. La maquinaria (plantas de asfalto y hormigón, que sí contaban con autorizaciones antiguas) seguía funcionando, pero los operarios procesaban material que provenía en camiones desde otra instalación en el municipio de La Oliva, en el norte de Fuerteventura.
El Juzgado de lo Penal Número 2 de Puerto del Rosario absolvió a la mercantil porque consideró probado que la ZEPA ‘Llanos y cuchillos de Antigua’ nunca tuvo existencia legal entre los años 2000 y 2017, pues el Gobierno canario no la aprobó ni publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Y al no haber ZEPA, el suelo era rústico común.
El fallo aclara que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que, para condenar por un delito territorial, la construcción debe ser totalmente ilegalizable. Pero como la extracción de áridos en ese suelo sí se puede autorizar si se obtiene una DIA favorable, hacerlo sin permiso “solo podrá dar lugar, en su caso, a reacciones sancionadoras administrativas”.
Además, en lo que respecta al delito contra el medio ambiente, la jueza tachó el informe de la acusación de “genérico y no concluyente”. Consideró que era necesario un estudio que evaluara el antes y después de la instalación de la cantera para determinar “en qué medida” se pudieron haber visto afectadas “las condiciones de vida animal o vegetal existentes”. Informe que, agregó, “no se ha emitido”. “En suma, se desconoce la afectación efectiva y concreta que la extracción ha tenido sobre el espacio natural”, remató.
La empresa reconoció en el juicio que no tenía autorización para la cantera. Por eso la pidió en 2018. Sin embargo, la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Ejecutivo regional paralizó el trámite en abril de 2020 argumentando que la extracción afectaba de pleno a la ZEPA de Antigua y que de su análisis “se evidenciaba un perjuicio sobre la integridad del espacio natural”.
Pero la compañía recurrió. Y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) le dio la razón al concluir que el Gobierno de Canarias se había apoyado en una Zona de Protección de Aves que, en el momento en que rechazó el proyecto, no había sido declarada ni publicada oficialmente.
Un funcionario público alertó de hecho en 2005 que “en el Servicio de Biodiversidad no consta la existencia de resolución de propuesta de la ZEPA ‘Llanos y cuchillos de Antigua’ emitida”. Pero no fue hasta 2022 cuando se aprobó el decreto. Así que el alto tribunal canario anuló la resolución del Ejecutivo y le ordenó a reabrir el expediente.
Eso ocurrió en octubre de 2024. Un año más tarde, el TSJC avaló la norma que declara las ZEPAs del Archipiélago al desestimar un recurso, también de Transportes Pablo de León, que solicitó la eliminación de la de Antigua del listado oficial de espacios protegidos. Alegaron que el Gobierno regional la había incluido sin haberla “designado y delimitado previamente” de nuevo, y criticaron que la ficha oficial de la zona no venía acompañada “de los estudios de avifauna que con rigor motiven y determinen la necesidad de sus poblaciones y su distribución geográfica dentro del aérea”.
El alto tribunal canario, no obstante, certificó que en noviembre de 2001 se remitió al Estado la designación de esa ZEPA, acotando su superficie (9.913 hectáreas) y su perímetro (64,61 kilómetros). Y que el acuerdo del Ejecutivo autonómico para nombrar Zonas de Protección de Aves en 2006, en el que no estaba incluida la de Antigua, se refería solo a “nuevas áreas” o ampliar otras, “lo que no significa” que la de ‘Llanos y cuchillos de Antigua’ “no estuviera ya delimitada y designada, sino que dicho acuerdo no le afectaba”.
La justicia condenó a la empresa al pago de las costas procesales, fijando un límite de 1.500 euros. La compañía ha reconocido a este periódico que no recurrirá “ya que según los abogados no hay nada que hacer en este tema”. La última palabra de la cantera de basalto la tendrá el órgano ambiental del Gobierno de Canarias.