Empresas de ingeniería recurren el concurso del Cabildo para redactar la adaptación del tren al Siam Park
Empresas privadas de ingeniería han recurrido ante el Cabildo de Gran Canaria la licitación de un contrato de servicios para redactar la modificación del trazado del tren previsto entre Las Palmas de Gran Canaria y la zona turística de Maspalomas, a su paso por donde también se ha proyectado un parque acuático, promovido por la familia Kiessling, propietaria de Siam Park y Loro Parque en Tenerife.
La asociación de empresas de ingeniería y consultoras de Las Palmas Ainco estima que desde la Consejería de Política Territorial de la Corporación grancanaria se ha incurrido en causa de nulidad al tramitar de urgencia, sin justificación, la licitación del contrato, incumplir el principio de publicidad y tener ya decidido, mediante el peso de criterios subjetivos a la hora de valorar ofertas, adjudicar el trabajo a la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento.
El trazado del tren debe ser readaptado en los tramos San Agustín-San Fernando de Maspalomas y Tarajalillo-Lilolandia, mediante revisión parcial del denominado PTE-21, Plan Territorial Especial del corredor de transporte público y modo guiado entre la capital grancanaria y el núcleo turístico del Sur de la isla.
Para su redacción, Política Territorial publicó el 9 de marzo un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para contratar esos servicios de ingeniería, con un presupuesto de 100.000 euros, que ahora es objeto de recurso de reposición ante la propia administración insular.
El recurso presentado por Ainco se centra en la falta de motivación y justificación por parte de la administración a la hora de declarar la urgencia de la licitación, la falta de claridad en la descripción de los criterios para la adjudicación en el propio anuncio de licitación, que solicita sea de nuevo publicado con los consiguientes plazos, además de considerar arbitrario otorgar un 49% a los criterios subjetivos.
Al respecto, las sospechas de las empresas privadas se dirigen a la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, una de las tres administraciones que debe correr con la futura financiación del tren, debido a que la licitación está dirigida a premiar la oferta económica más ventajosa, excluyendo otros criterios.
