El Gobierno canario adjudica más contratos por la vía de emergencia que la mayoría de autonomías

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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El Gobierno de Canarias ha tirado más que la mayoría de las comunidades autónomas del procedimiento de emergencia para contratar en los últimos tres años, según datos facilitados por Gobierno Contratación, una nueva herramienta que permite la exploración accesible de la contratación pública en España.

Un hospital de Tenerife guarda en su almacén seis millones de mascarillas y guantes que no cumplían los mínimos de calidad

Saber más

Las cifras revelan que en 2020 el Ejecutivo regional empleó esta fórmula, pensada para cuando las administraciones tengan que actuar a causa de “acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”, en un 72,3% de las adjudicaciones que formalizó. Ninguna región superó ese porcentaje.

En 2021, sin embargo, el uso de la vía de contratación de emergencia en el Archipiélago, sin incluir entidades locales (cabildos, diputaciones y ayuntamientos) ni empresas públicas autonómicas, cayó al 12,1% del total, quedando por debajo de Ceuta (14,9%), la Comunidad Valenciana (15,6%) y Cantabria (46,6%).

Ya este año, con la pandemia ocupando cada vez menos espacio en la agenda de los gobiernos, el Ejecutivo canario solo ha formalizado el 5% de las adjudicaciones bajo este procedimiento, detrás de Asturias (9,4%) y Cantabria (30,2%), que suele liderar estas clasificaciones por la contratación de suministros por parte del Servio Cántabro de Salud.

Entre esos últimos datos, a fecha 1 de junio, destaca la presencia de varios expedientes relacionados con las labores de reconstrucción en La Palma tras la erupción del volcán. Casi todos ellos tienen como órgano contratante al Instituto Canario de la Vivienda y como concepto la rehabilitación de viviendas para las familias afectadas.

No se encuentra, eso sí, el trazado de una nueva carretera que conectará Tazacorte con Puerto Naos, dos de las localidades dañadas por la lava, cuya tramitación ha sido denunciada por el partido Más Canarias al entender que podría haber un presunto conflicto de intereses por parte del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata (PP), “por utilizar el procedimiento excepcional de urgencia para abrir una carretera que le beneficiaría”.

Qué se ha fiscalizado

Los contratos de emergencia se pueden pactar con una simple llamada de teléfono. En el momento más duro de la crisis de coronavirus, las administraciones abusaron de esta fórmula por la necesidad imperiosa de llenar los hospitales de mascarillas, EPIs y respiradores para mantener con vida a los pacientes más vulnerables.

El problema es que muchas de esas actuaciones, que están siendo fiscalizadas a posteriori por órganos como el Tribunal de Cuentas, se encuentran ahora bajo la sombra de la corrupción y las comisiones millonarias, como ha quedado acreditado en la Comunidad de Madrid con varios casos de fraude.

En Canarias, la trama más sonada al respecto hasta ahora ha sido el caso mascarillas, una adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico a la mercantil RR7 United S.L, una sociedad dedicada a la compraventa de vehículos y con un capital de 3.000 euros, de un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros en mayo de 2020.

El material sanitario nunca llegó a los complejos hospitalarios de las Islas y el dinero, pagado por adelantado, tampoco se recuperó. La Fiscalía abrió diligencias el pasado mes de abril para investigar la posible comisión de un delito de estafa por parte de la empresa y de prevaricación y malversación en el Servicio Canario de Salud (SCS).

En un informe reciente, la Audiencia de Cuentas ha reprochado al Gobierno canario que no verificara la solvencia y capacidad de la adjudicataria RR7 United S.L. Pero también le ha recordado que dos de las cuatro empresas que más dinero recibieron por parte del SCS en 2020, como son Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L (9,75 millones de euros, un 11,93% del total) e Injoo Tecnology S.L (8,9 millones de euros, 10,87% del total), tampoco cuentan con un objeto social que se corresponda con la venta de material sanitario.

El Tribunal de Cuentas ha venido publicando este año varios informes de fiscalización de la contratación durante la COVID-19 y prevé divulgar alguno más de aquí a final de año, según ha dicho su presidenta, Enriqueta Chicano. De los difundidos hasta ahora, se detalla poco de lo ocurrido en Canarias salvo en uno, que desgrana cómo fue la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ese documento, el consistorio de la capital grancanaria tramitó por emergencia 157 contratos en 2020 por un valor de casi 8,2 millones de euros. El órgano fiscalizador alerta entre sus conclusiones que en algunos supuestos puntuales la administración no promovió la concurrencia de ofertas y esto provocó la concentración de adjudicatarios.

Sobre esto también informó el año pasado la Fundación Civio, que analizó al milímetro todas las contrataciones por la vía de emergencia formalizadas en España en 2020 (6.445 millones de euros) y halló que cuatro empresas se llevaron el 10% de todo ese dinero. Con respecto al Servicio Canario de Salud, del total de la inversión, que ascendió a 81,9 millones de euros, el 61,97% se repartió entre cuatro mercantiles.

Por otro lado, aparte de la nula examinación de los adjudicatarios o la aglutinación de muchas tramitaciones en pocas manos, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha advertido de la escasa motivación justificada en muchos contratos de emergencia concretados en 2020.

Todas esas tramitaciones contaban con una justificación diferente, ya que tenían como base jurídica la “declaración generalizada de emergencia” hecha en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. Sin embargo, la OIReScon sostiene que, en muchos de los contratos analizados, no ha podido comprobarse la idoneidad de la motivación.

“Tal supervisión (y control por parte de los órganos competentes) se hace imprescindible en aras a evitar los posibles abusos que pudieran estar cometiéndose al acudir a esta tramitación”, concluye la institución.

En Canarias, este abuso de la norma se puede comprobar con varios ejemplos, entre ellos, la contratación por parte del Ayuntamiento de Icod de los Vinos de la compañía Camello Center bajo el concepto “alquiler de tres camellos con transporte para el 5 de enero” o la compra de una silla infantil para los coches de la Policía Local de Arona, procedimientos que no parecen ser precisamente urgentes. 

El Gobierno de Canarias ha tirado más que la mayoría de las comunidades autónomas del procedimiento de emergencia para contratar en los últimos tres años, según datos facilitados por Gobierno Contratación, una nueva herramienta que permite la exploración accesible de la contratación pública en España.

Un hospital de Tenerife guarda en su almacén seis millones de mascarillas y guantes que no cumplían los mínimos de calidad

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Las cifras revelan que en 2020 el Ejecutivo regional empleó esta fórmula, pensada para cuando las administraciones tengan que actuar a causa de “acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”, en un 72,3% de las adjudicaciones que formalizó. Ninguna región superó ese porcentaje.

En 2021, sin embargo, el uso de la vía de contratación de emergencia en el Archipiélago, sin incluir entidades locales (cabildos, diputaciones y ayuntamientos) ni empresas públicas autonómicas, cayó al 12,1% del total, quedando por debajo de Ceuta (14,9%), la Comunidad Valenciana (15,6%) y Cantabria (46,6%).

Ya este año, con la pandemia ocupando cada vez menos espacio en la agenda de los gobiernos, el Ejecutivo canario solo ha formalizado el 5% de las adjudicaciones bajo este procedimiento, detrás de Asturias (9,4%) y Cantabria (30,2%), que suele liderar estas clasificaciones por la contratación de suministros por parte del Servio Cántabro de Salud.

Entre esos últimos datos, a fecha 1 de junio, destaca la presencia de varios expedientes relacionados con las labores de reconstrucción en La Palma tras la erupción del volcán. Casi todos ellos tienen como órgano contratante al Instituto Canario de la Vivienda y como concepto la rehabilitación de viviendas para las familias afectadas.

No se encuentra, eso sí, el trazado de una nueva carretera que conectará Tazacorte con Puerto Naos, dos de las localidades dañadas por la lava, cuya tramitación ha sido denunciada por el partido Más Canarias al entender que podría haber un presunto conflicto de intereses por parte del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata (PP), “por utilizar el procedimiento excepcional de urgencia para abrir una carretera que le beneficiaría”.

Qué se ha fiscalizado

Los contratos de emergencia se pueden pactar con una simple llamada de teléfono. En el momento más duro de la crisis de coronavirus, las administraciones abusaron de esta fórmula por la necesidad imperiosa de llenar los hospitales de mascarillas, EPIs y respiradores para mantener con vida a los pacientes más vulnerables.

El problema es que muchas de esas actuaciones, que están siendo fiscalizadas a posteriori por órganos como el Tribunal de Cuentas, se encuentran ahora bajo la sombra de la corrupción y las comisiones millonarias, como ha quedado acreditado en la Comunidad de Madrid con varios casos de fraude.

En Canarias, la trama más sonada al respecto hasta ahora ha sido el caso mascarillas, una adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico a la mercantil RR7 United S.L, una sociedad dedicada a la compraventa de vehículos y con un capital de 3.000 euros, de un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros en mayo de 2020.

El material sanitario nunca llegó a los complejos hospitalarios de las Islas y el dinero, pagado por adelantado, tampoco se recuperó. La Fiscalía abrió diligencias el pasado mes de abril para investigar la posible comisión de un delito de estafa por parte de la empresa y de prevaricación y malversación en el Servicio Canario de Salud (SCS).

En un informe reciente, la Audiencia de Cuentas ha reprochado al Gobierno canario que no verificara la solvencia y capacidad de la adjudicataria RR7 United S.L. Pero también le ha recordado que dos de las cuatro empresas que más dinero recibieron por parte del SCS en 2020, como son Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L (9,75 millones de euros, un 11,93% del total) e Injoo Tecnology S.L (8,9 millones de euros, 10,87% del total), tampoco cuentan con un objeto social que se corresponda con la venta de material sanitario.

El Tribunal de Cuentas ha venido publicando este año varios informes de fiscalización de la contratación durante la COVID-19 y prevé divulgar alguno más de aquí a final de año, según ha dicho su presidenta, Enriqueta Chicano. De los difundidos hasta ahora, se detalla poco de lo ocurrido en Canarias salvo en uno, que desgrana cómo fue la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ese documento, el consistorio de la capital grancanaria tramitó por emergencia 157 contratos en 2020 por un valor de casi 8,2 millones de euros. El órgano fiscalizador alerta entre sus conclusiones que en algunos supuestos puntuales la administración no promovió la concurrencia de ofertas y esto provocó la concentración de adjudicatarios.

Sobre esto también informó el año pasado la Fundación Civio, que analizó al milímetro todas las contrataciones por la vía de emergencia formalizadas en España en 2020 (6.445 millones de euros) y halló que cuatro empresas se llevaron el 10% de todo ese dinero. Con respecto al Servicio Canario de Salud, del total de la inversión, que ascendió a 81,9 millones de euros, el 61,97% se repartió entre cuatro mercantiles.

Por otro lado, aparte de la nula examinación de los adjudicatarios o la aglutinación de muchas tramitaciones en pocas manos, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha advertido de la escasa motivación justificada en muchos contratos de emergencia concretados en 2020.

Todas esas tramitaciones contaban con una justificación diferente, ya que tenían como base jurídica la “declaración generalizada de emergencia” hecha en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. Sin embargo, la OIReScon sostiene que, en muchos de los contratos analizados, no ha podido comprobarse la idoneidad de la motivación.

“Tal supervisión (y control por parte de los órganos competentes) se hace imprescindible en aras a evitar los posibles abusos que pudieran estar cometiéndose al acudir a esta tramitación”, concluye la institución.

En Canarias, este abuso de la norma se puede comprobar con varios ejemplos, entre ellos, la contratación por parte del Ayuntamiento de Icod de los Vinos de la compañía Camello Center bajo el concepto “alquiler de tres camellos con transporte para el 5 de enero” o la compra de una silla infantil para los coches de la Policía Local de Arona, procedimientos que no parecen ser precisamente urgentes. 

El Gobierno de Canarias ha tirado más que la mayoría de las comunidades autónomas del procedimiento de emergencia para contratar en los últimos tres años, según datos facilitados por Gobierno Contratación, una nueva herramienta que permite la exploración accesible de la contratación pública en España.

Un hospital de Tenerife guarda en su almacén seis millones de mascarillas y guantes que no cumplían los mínimos de calidad

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Las cifras revelan que en 2020 el Ejecutivo regional empleó esta fórmula, pensada para cuando las administraciones tengan que actuar a causa de “acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”, en un 72,3% de las adjudicaciones que formalizó. Ninguna región superó ese porcentaje.