CASO MASCARILLAS EN CANARIAS

Caso mascarillas: la Audiencia de Cuentas reprocha a Sanidad que no verificara la solvencia y capacidad de la adjudicataria

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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La exigencia de dar una respuesta “rápida y eficaz” a la emergencia provocada por la irrupción del coronavirus SARS CoV-2 no exoneraba a las administraciones públicas de su obligación de verificar la capacidad y solvencia de las empresas que suministraban el material de protección. Es uno de los reproches que la Audiencia de Cuentas dirige a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un proyecto de informe (aún sujeto a alegaciones) en el que fiscaliza los contratos de emergencia firmados en el Archipiélago en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, hasta finales de ese ejercicio.

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública exige destituciones por el caso mascarillas en Canarias

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Un documento que cita como caso “especialmente significativo” la adjudicación a RR7 United S.L., una sociedad dedicada a la compraventa de vehículos y con un capital de 3.000 euros, de un contrato para la adquisición, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a su destino, los hospitales públicos de las Islas. En marzo de 2021, diez meses después de la firma de ese contrato, aterrizó en las Islas un cargamento con 900.000 cubrebocas procedentes de Etiopía que acabaron triturados en Aduanas después de que la fabricante (3M) emitiera un informe en el que sostenía que ese material no era original. El Servicio Canario de Salud (SCS) no ha recuperado esos fondos, adelantados a la adjudicataria entre agosto y octubre de 2020.

La Fiscalía abrió diligencias el pasado mes de abril por estos hechos, para investigar la posible comisión de un delito de estafa por parte de la empresa y de prevaricación y malversación en el Servicio Canario de Salud (SCS). La Audiencia de Cuentas, por su parte, aprecia en la actuación de la administración autonómica indicios de responsabilidad contable, aquella en la que incurre el que “por acción u omisión contraria a la ley origina el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedando obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados”. En todo caso, tal y como expone el informe, será el Tribunal de Cuentas quien deba dilucidar esta cuestión.

El proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas, firmado el pasado 16 de mayo por su presidente, Pedro Pacheco, admite las “difíciles circunstancias de trabajo” que tuvo que soportar el personal asignado por el SCS para gestionar las compras de material sanitario durante esos primeros compases de la pandemia. Sin embargo, el órgano de control externo subraya que no existe constancia de que la administración sanitaria pidiera a las empresas adjudicatarias “la documentación acreditativa mínima necesaria” para poder contratar. Al menos, precisa, “a aquellas a las que llegó a contratar en reiteradas ocasiones (y con las que anteriormente no se había tenido relación alguna) y cuyo importe de adjudicación era superior al millón de euros”.

La Audiencia de Cuentas alude a un dictamen aprobado por el Consejo de Estado el 6 de mayo de 2021 que incide en que incluso en las adjudicaciones por la vía de emergencia existe la obligación de comprobar que las empresas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, que tienen capacidad técnica y solvencia económica, así como la relación entre la actividad que desarrollan y el objeto del contrato que se pretende celebrar.

El informe de la Audiencia de Cuentas recalca que el SCS formalizó contratos para la adquisición de material sanitario con empresas que se dedicaban a la venta y reparación de automóviles, a la construcción y montaje de buques, a actividades agrícolas y ganaderas o a la adquisición y almacenamiento de suministros industriales. De entre los quince adjudicatarios de los contratos de emergencia suscritos en ese primer año de pandemia, seis carecían, a juicio del órgano fiscalizador, de “capacidad para obrar” con la administración porque su objeto social no se correspondía con el del contrato.  Entre ellos, dos de las cuatro empresas que generaron el mayor volumen de contratación de emergencia con el SCS (con más de 8 millones de euros cada una). Y, también, RR7 United, la empresa a la que se encargó las mascarillas que nunca alcanzaron su destino.

Con respecto a este último expediente, la Audiencia de Cuentas señala que, tras realizar las oportunas verificaciones, ha constatado que la Dirección General de Recursos Económicos contrató “a propuesta de uno de los miembros del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias” que, a través de un “mensaje de móvil”, envió la oferta y la tarjeta de identificación fiscal de la empresa. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, señaló en su comparecencia del pasado viernes en comisión parlamentaria que esa persona de contacto había sido el coordinador de ese comité, Conrado Domínguez, actual director del SCS -cargo que ocupa desde septiembre de 2020-. 

El informe también subraya que RR7 United no está inscrita en el Registro Oficial de Licitadoras y Empresas Clasificadas (ROLECE) y precisa que, si bien no es obligatorio, sí que constituye “un instrumento relevante, dado que permite verificar si las empresas gozan de solvencia para contratar con las administraciones públicas”.

La Audiencia de Cuentas también aprecia otras irregularidades en la contratación de emergencia realizada por el Servicio Canario de Salud durante los primeros meses de pandemia. Entre ellas, la adjudicación de once contratos con un presupuesto superior a los dos millones de euros (41,8 millones en total) sin contar con la autorización del Consejo de Gobierno, pese a que era preceptivo para los que superaban esa cantidad. El informe advierte de que esta circunstancia puede acarrear la nulidad de pleno derecho de esos contratos. En otros expedientes, no consta la justificación del gasto a realizar ni de la necesidad de tramitarlo por la vía de emergencia o la justificación llegó fuera de plazo.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias compareció el pasado viernes en el Parlamento para explicar el contrato bajo lupa de la Fiscalía. Defendió que esa adjudicación se produjo en un contexto de “lucha encarnizada” para conseguir material de protección sanitaria en los mercados y que el SCS priorizó “la capacidad logística” de las empresas que ofrecían el material sobre su experiencia en el sector debido a la situación extraordinaria y amparado en la contratación de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público y en los decretos aprobados por el Gobierno central para agilizar la tramitación de los expedientes y la llegada de esos productos.

La exigencia de dar una respuesta “rápida y eficaz” a la emergencia provocada por la irrupción del coronavirus SARS CoV-2 no exoneraba a las administraciones públicas de su obligación de verificar la capacidad y solvencia de las empresas que suministraban el material de protección. Es uno de los reproches que la Audiencia de Cuentas dirige a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un proyecto de informe (aún sujeto a alegaciones) en el que fiscaliza los contratos de emergencia firmados en el Archipiélago en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, hasta finales de ese ejercicio.

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La Fiscalía abrió diligencias el pasado mes de abril por estos hechos, para investigar la posible comisión de un delito de estafa por parte de la empresa y de prevaricación y malversación en el Servicio Canario de Salud (SCS). La Audiencia de Cuentas, por su parte, aprecia en la actuación de la administración autonómica indicios de responsabilidad contable, aquella en la que incurre el que “por acción u omisión contraria a la ley origina el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedando obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados”. En todo caso, tal y como expone el informe, será el Tribunal de Cuentas quien deba dilucidar esta cuestión.

El proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas, firmado el pasado 16 de mayo por su presidente, Pedro Pacheco, admite las “difíciles circunstancias de trabajo” que tuvo que soportar el personal asignado por el SCS para gestionar las compras de material sanitario durante esos primeros compases de la pandemia. Sin embargo, el órgano de control externo subraya que no existe constancia de que la administración sanitaria pidiera a las empresas adjudicatarias “la documentación acreditativa mínima necesaria” para poder contratar. Al menos, precisa, “a aquellas a las que llegó a contratar en reiteradas ocasiones (y con las que anteriormente no se había tenido relación alguna) y cuyo importe de adjudicación era superior al millón de euros”.

La Audiencia de Cuentas alude a un dictamen aprobado por el Consejo de Estado el 6 de mayo de 2021 que incide en que incluso en las adjudicaciones por la vía de emergencia existe la obligación de comprobar que las empresas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, que tienen capacidad técnica y solvencia económica, así como la relación entre la actividad que desarrollan y el objeto del contrato que se pretende celebrar.

El informe de la Audiencia de Cuentas recalca que el SCS formalizó contratos para la adquisición de material sanitario con empresas que se dedicaban a la venta y reparación de automóviles, a la construcción y montaje de buques, a actividades agrícolas y ganaderas o a la adquisición y almacenamiento de suministros industriales. De entre los quince adjudicatarios de los contratos de emergencia suscritos en ese primer año de pandemia, seis carecían, a juicio del órgano fiscalizador, de “capacidad para obrar” con la administración porque su objeto social no se correspondía con el del contrato.  Entre ellos, dos de las cuatro empresas que generaron el mayor volumen de contratación de emergencia con el SCS (con más de 8 millones de euros cada una). Y, también, RR7 United, la empresa a la que se encargó las mascarillas que nunca alcanzaron su destino.

Con respecto a este último expediente, la Audiencia de Cuentas señala que, tras realizar las oportunas verificaciones, ha constatado que la Dirección General de Recursos Económicos contrató “a propuesta de uno de los miembros del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias” que, a través de un “mensaje de móvil”, envió la oferta y la tarjeta de identificación fiscal de la empresa. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, señaló en su comparecencia del pasado viernes en comisión parlamentaria que esa persona de contacto había sido el coordinador de ese comité, Conrado Domínguez, actual director del SCS -cargo que ocupa desde septiembre de 2020-. 

El informe también subraya que RR7 United no está inscrita en el Registro Oficial de Licitadoras y Empresas Clasificadas (ROLECE) y precisa que, si bien no es obligatorio, sí que constituye “un instrumento relevante, dado que permite verificar si las empresas gozan de solvencia para contratar con las administraciones públicas”.

La Audiencia de Cuentas también aprecia otras irregularidades en la contratación de emergencia realizada por el Servicio Canario de Salud durante los primeros meses de pandemia. Entre ellas, la adjudicación de once contratos con un presupuesto superior a los dos millones de euros (41,8 millones en total) sin contar con la autorización del Consejo de Gobierno, pese a que era preceptivo para los que superaban esa cantidad. El informe advierte de que esta circunstancia puede acarrear la nulidad de pleno derecho de esos contratos. En otros expedientes, no consta la justificación del gasto a realizar ni de la necesidad de tramitarlo por la vía de emergencia o la justificación llegó fuera de plazo.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias compareció el pasado viernes en el Parlamento para explicar el contrato bajo lupa de la Fiscalía. Defendió que esa adjudicación se produjo en un contexto de “lucha encarnizada” para conseguir material de protección sanitaria en los mercados y que el SCS priorizó “la capacidad logística” de las empresas que ofrecían el material sobre su experiencia en el sector debido a la situación extraordinaria y amparado en la contratación de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público y en los decretos aprobados por el Gobierno central para agilizar la tramitación de los expedientes y la llegada de esos productos.

La exigencia de dar una respuesta “rápida y eficaz” a la emergencia provocada por la irrupción del coronavirus SARS CoV-2 no exoneraba a las administraciones públicas de su obligación de verificar la capacidad y solvencia de las empresas que suministraban el material de protección. Es uno de los reproches que la Audiencia de Cuentas dirige a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un proyecto de informe (aún sujeto a alegaciones) en el que fiscaliza los contratos de emergencia firmados en el Archipiélago en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, hasta finales de ese ejercicio.

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública exige destituciones por el caso mascarillas en Canarias

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Un documento que cita como caso “especialmente significativo” la adjudicación a RR7 United S.L., una sociedad dedicada a la compraventa de vehículos y con un capital de 3.000 euros, de un contrato para la adquisición, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a su destino, los hospitales públicos de las Islas. En marzo de 2021, diez meses después de la firma de ese contrato, aterrizó en las Islas un cargamento con 900.000 cubrebocas procedentes de Etiopía que acabaron triturados en Aduanas después de que la fabricante (3M) emitiera un informe en el que sostenía que ese material no era original. El Servicio Canario de Salud (SCS) no ha recuperado esos fondos, adelantados a la adjudicataria entre agosto y octubre de 2020.