Joaquín Rivero rechaza haber cometido abuso de información privilegiada
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El expresidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, ha defendido su inocencia ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por su imputación por un presunto delito de abuso de información privilegiada cometido con la compra de acciones de la inmobiliaria, que entonces presidía, por la que obtuvo un beneficio de 2,8 millones de euros.
Rivero contestó durante cerca de hora y media a las preguntas del juez Eduardo López Palop, del fiscal anticorrupción y querellante, de la acusación particular de Metrovacesa y a su defensa. A su salida, se limitó a afirmar que la comparecencia había transcurrido “con normalidad”.
Durante su declaración, Rivero defendió la legalidad de todas las operaciones que se le imputan y explicó que todas ellas formaron parte de la pugna por el control de Metrovacesa que libró a finales de 2005 frente a la familia catalana de los Sanahuja, según explicaron fuentes jurídicas.
Además, el ex presidente de la inmobiliaria sostuvo que si los cálculos de las operaciones se hicieran con referencia al precio actual, lo que arrojarían es una pérdida importante en su patrimonio.
Tras la declaración del imputado, dentro de la fase de diligencias de investigación, el juez ha citado como testigo, el próximo lunes 14 de febrero, a Román Sanahuja, que en 2005 era el primer accionista de la inmobiliaria. El martes declarará como testigo al antiguo directivo de Metrovacesa Enrique Gracia, del área de Estrategia Corporativa.
Sanahuja deberá explicar el acuerdo que alcanzó el 24 de diciembre de 2005 con el empresario Luis Portillo y con Joaquín Rivero para venderles las acciones que tenía de la inmobiliaria a 57,5 euros por acción, un precio “notablemente superior” a la cotización de esas fechas (51,5 euros), según explica la Fiscalía en su querella.
Este pacto no se hizo público para el mercado hasta el 30 de diciembre del mismo año, lo que provocó una “notable revalorización” de las acciones. Entre esas dos fechas, “Joaquín Rivero decidió aprovechar en su propio beneficio esa información a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones”, según el fiscal.
SIN ACUSACIÓN PARTICULAR DE MINORITARIOS.
Por otro lado, el juez no aceptó la personación como acusación particular de un accionista minoritario de Metrovacesa, al considerar que los minoritarios de la inmobiliaria no fueron perjudicados por las operaciones y porque este accionista entró en el accionariado en 2009, mucho después de los hechos denunciados, según fuentes jurídicas.
La fiscalía, tras recibir un informe de la CNMV, acusó a Rivero de obtener “un beneficio ilícito de 2,80 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada”, y aprovechar este conocimiento reservado para comprar acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era beneficiario último (Quimafe y Eusko Levantear)“.
Así, entre el 24 y el 30 de diciembre de 2005, Rivero preparó cuatro operaciones, que se contrataron el 29 de diciembre, por las que Metrovacesa vendió 617.500 acciones de su autocartera a distintas entidades financieras y a precios de mercado.
Tras la publicación del acuerdo con Portillo, dichas entidades transfirieron las acciones a las sociedades Quimafa y Eusko Levantear, al precio convenido más una comisión, “en todos los casos muy por debajo del precio del mercado”.
