El PSC pedirá al Ministerio de Medio Ambiente un nuevo informe sobre Granadilla
El PSOE tinerfeño anunció este viernes que pedirá que el Ministerio de Medio Ambiente realice una nueva declaración de impacto ambiental del proyecto del puerto de Granadilla, cuyas obras están paralizadas después de que la justicia suspendiera cautelarmente la descatalogación de los sebadales afectados.
Esta demanda al Ministerio está contenida en la moción que defenderán los socialistas como alternativa a otra anunciada por alcaldes de Coalición Canaria de respaldo incondicional a la infraestructura, si bien el PSOE matiza que apoya “una instalación en Granadilla” complementaria al puerto de Santa Cruz.
La nueva declaración de impacto ambiental, según los socialistas, deberá o bien justificar el puerto “y convencer a la mayoría social de su necesidad”, o bien determinar cambios para evitar afecciones medioambientales, sin descartar “un nuevo diseño de la infraestructura, su cambio de ubicación en la costa granadillera o su falta de justificación”.
La moción alternativa del PSOE se presentará en los municipios donde se debatirán las mociones anunciadas por Coalición Canaria, para “no caer en el juego” que pretenden los nacionalistas.
El PSOE insular incide en que el Puerto de Santa Cruz sea el principal de la isla, mientras que el de Granadilla sea complementario, ligado al polígono industrial y un elemento más de la plataforma logística del sur de Tenerife.
En Santa Cruz, según los socialistas, deben concentrarse las operaciones de abastecimiento de la isla, el tráfico de pasajeros y el de cruceros y embarcaciones de recreo.
El incremento de la capacidad, de la superficie de almacenamiento, del calado y del tráfico de mercancías en el puerto capitalino es compatible con la recuperación de la fachada marítima de Santa Cruz para el uso de los ciudadanos, según la moción alternativa.
Los socialistas subrayan que la suspensión cautelar por los tribunales de la descatalogación de los sebadales afectados por la construcción del puerto de Granadilla “ha desautorizado y ha dejado en evidencia a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias”.
El Ejecutivo regional “ha puesto en riesgo las garantías jurídicas tanto de los que apoyan esta infraestructura como de los que están en contra” y el “atajo” que ha querido tomar para promover las obras “sólo ha conseguido retrasar entre 6 y 9 meses” su posible comienzo.