La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos (OPP) de Canarias (Asprocan), que agrupa a las seis OPP que comercializan el plátano producido en las islas, ha dicho “sí quiero”.
Esta organización patronal decidió este jueves, en el transcurso de la reunión celebrada por la mañana en su sede social de Santa Cruz de Tenerife, la personación en el proceso judicial que un juzgado de la provincia de Alicante instruye a partir de una denuncia del Seprona relacionada con la supuesta venta ilegal de la fruta banana como si fuera plátano de Canarias con indicación geográfica protegida (IGP). La aprobación se produjo por unanimidad de los asistentes al comité ejecutivo.
La decisión adoptada este jueves, tras el auto notificado el 21 de mayo de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Vicente del Raspeig, dictado en las diligencias previas nº 348/2025, implica la personación en el proceso como acusación particular para la defensa de los intereses de los plataneros canarios, que son los titulares y gestores de la marca IGP Plátano de Canarias.
Tras la voluntad mostrada por Asprocan, queda saber qué papel jugará en la causa la Consejería de Agricultura, departamento al que está adscrito el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), certificador de la IGP Plátano de Canarias.
En la misma cita de Asprocan, se eligió el despacho para el asesoramiento legal en ese mismo proceso, que será uno de los mejores del país en asuntos relacionados con productos con origen certificado de forma oficial, como es el caso del plátano de Canarias a través de una IGP.
Como ya se conoce, el proceso judicial abierto en Alicante, previa denuncia del Seprona (este actúa tras la información sobre el supuesto fraude facilitada por la propia Asprocan), está relacionado con la supuesta venta fraudulenta de banana como plátano de Canarias con certificación oficial IGP y afecta, en principio, a la empresa comercializadora Bonnysa Agroalimentaria, SA, matriz con filiales en Tenerife, donde además produce plátano. Esa compañía tiene la condición de madurador en Alicante, operador integrado en la OPP Europlátano, la misma que la del presidente de Asprocan, José Carlos Rendón.
Antecedentes de la supuesta irregularidad comercial
La Guardia Civil (Seprona) dio a conocer el 13 de mayo pasado, a través de la difusión de un comunicado de prensa, que había investigado a una empresa de Alicante (luego se conoció que esta es Bonnysa Agroalimentaria, integrada en la OPP Europlátano desde enero de 2021) por presuntamente haber vendido de forma ilegal banana como si fuera plátano de Canarias con marca IGP. Para comercializar plátano con esa enseña, se sabe que es obligatorio tener la autorización pertinente y ese negocio “la tenía retirada”, se afirmaba en el comunicado.
Según los investigadores del Seprona, esa empresa, con filiales en la isla de Tenerife, donde produce plátano de Canarias, entre otras frutas, al parecer habría vendido casi 2.000 toneladas de banana en 2023 y no habría podido acreditar la regularidad de la comercialización de la mayoría de ese producto, informó la Benemérita.
Las pesquisas se iniciaron después de que la Guardia Civil recibiera una denuncia en marzo de 2024 de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que es órgano gestor y titular de la marca registrada por las autoridades europeas y protegida IGP Plátano de Canarias, algo que se logra por las características específicas de la fruta y por ello solo los operadores certificados están autorizados a comercializarlo.
En la comunicación de denuncia de Asprocan, la de marzo de 2024 que también recibió el Seprona y fue trasladada con formato de carta, se detallan los supuestos hechos ocurridos. El primer párrafo señala que “Bonnysa Agroalimentaria, SA, envasa bananas originarias de Madeira como plátanos de Canarias, incorporando en los envases los distintivos propios de la IGP [Plátano de Canarias], incluida la marca colectiva de la UE nº 2965937 Plátano de Canarias (mixta)”.
En la misma comunicación, párrafo siguiente, se indica que Asprocan reconoce que “ha tenido conocimiento de los citados hechos por medio de un correo electrónico de un tercero [un soplo], al cual se adjuntaba un video en el que se aprecia, en el inicio de la línea de envasado, a distintas operarias sacando las bananas de sus cajas originarias, en las que se puede leer ‘Banana de Madeira’ [archipiélago RUP de Portugal], y las colocan en la cinta, donde son envasadas y etiquetadas automáticamente (…)”.
El papel de Asprocan tras recibir el soplo
Esa denuncia de Asprocan, que se tramita ante la Generalitat Valenciana y el Seprona, luego es reforzada por el Instituto Canario de Calidad Alimentaria (el ICCA, organismo dependiente de la Consejería de Agricultura canaria) a través de una carta firmada por el jefe del Servicio de Control y Certificación, Domingo Afonso Martín (30 abril de 2024), esta vez con destino a la Dirección General de Desarrollo Rural (Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria) de la Generalitat Valenciana.
Las sospechas de Asprocan luego son confirmadas por el Seprona, que llega a indicar que una mercantil cuyas instalaciones se encuentran en la provincia de Alicante, la firma ya nombrada, estaba vendiendo plátanos catalogados con la IGP Plátano de Canarias, pese a tener suspendida la autorización para ello, y que podía estar comercializando bajo esa IGP banana procedente de Portugal, entre otros países.
Tras recibir la denuncia de Asprocan, los agentes del Seprona de Alicante se pusieron manos a la obra y realizaron diversas inspecciones, tanto en las cámaras de conservación como en las de maduración de las instalaciones de esa mercantil en la provincia de Alicante, además de otras tantas inspecciones y verificaciones en diversos establecimientos situados en Alicante, Valencia, Vigo y Bilbao, a los que presuntamente la mercantil alicantina les habría vendido el producto supuestamente ilegal.
Los agentes pudieron constatar diversas partidas de bananas de Madeira que supuestamente habrían sido vendidas como plátano de Canarias. Además, comprobaron que la empresa tenía retirada la habilitación para comercializar bajo esta marca.
El Seprona aseguró que la mercantil presuntamente falsificaba los documentos y facturas y ocultaba la comercialización del producto tanto a la empresa certificadora como a la administración pública, que en el pasado ya había adoptado la medida cautelar de retirarle la autorización para comercializar ese producto IGP tras detectar supuestas irregularidades cometidas en su comercio.
El pasado abril fue investigada la mercantil, dice el Seprona, a la que se le imputan dos delitos contra la propiedad industrial, un delito de falsedad documental y un cuarto delito relativo al mercado y a los consumidores. Las diligencias entonces fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), el que ahora instruye la causa y ha notificado el auto a Asprocan.