Máxima presión de las organizaciones agrarias a Narvay Quintero para evitar ser silenciadas en la reconstrucción de La Palma

Tres de las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representatividad en el campo de Canarias, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones (Asaga-Asaja, liderada por Ángela Delgado, se ha desmarcado de esa unidad de acción, aunque sí compartió la estrategia en un principio), se han mostrado muy firmes en la necesidad y obligatoriedad de que se las tenga en cuenta en los procesos administrativo-legales que se han abierto en el Gobierno de Canarias para la reforma del marco jurídico que actualmente regula las acciones de reconstrucción agraria en la isla de La Palma, en el territorio de uso agroganadero del Valle de Aridane afectado por la erupción del volcán Tajogaite, que erupcionó en septiembre de 2021.

En una reunión mantenida este lunes en Santa Cruz de Tenerife con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero (de AHI), que estuvo acompañado por parte de su equipo (el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, y el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín, palmero de Los Llanos de Aridane y exalcalde de este mismo municipio por CC), tres de las cuatro organizaciones profesionales agrarias de Canarias, las ya señaladas: COAG, UPA y Palca, trasladaron a la dirección de la Consejería de Agricultura del Ejecutivo autonómico que no entendían “por qué no han sido convocadas a las diferentes reuniones ya celebradas sobre ese asunto [las relacionadas con las nuevas medidas proyectadas sobre la reconstrucción agraria de La Palma debido al impacto del volcán] cuando son tres de las OPA [la cuarta es Asaga-Asaja] más representativas del sector agrario canario”, y máxime cuando sus actuaciones “responden exclusivamente a la defensa del sector agrario de las islas y a la necesidad de aportar transparencia frente a las informaciones parciales vertidas, sin rigor alguno, antes de mantenerse la reunión [la celebrada este lunes]”.

El titular de la Dirección General de Agricultura del Ejecutivo regional, el palmero Juan Ramón Rodríguez Marín (sustituto del destituido Javier Gutiérrez Taño en ese mismo departamento, a petición de Nieves Lady Barreto, secretaria insular de CC en La Palma y consejera de Presidencia en el Gobierno de Canarias), justificó su ausencia a otra cita política prevista para ese mismo día en La Palma con la asistencia a la reunión del lunes por la tarde en Tenerife entre el consejero Quintero y las OPA.

Lo hizo, según el mensaje que ha trascendido, con el postulado de que los asuntos de la reconstrucción agraria en La Palma “los lleva exclusivamente esa Dirección General [la que él dirige], y hay cuestiones que se han de defender bajo la óptica de CC en Los Llanos de Aridane [su comité local]”. Y añade: “(…) hay quien pone en duda el modelo [en alusión a las críticas vertidas por algunas OPA, sobre todo las tres citadas], y estamos en un momento en el que las decisiones que se tomen tienen una enorme trascendencia política, económica y social”.

Según han adelantado algunas fuentes conocedoras del proceso negociador en curso, el viernes de esta semana se prevé otra reunión de trabajo al máximo nivel en la isla de La Palma sobre esas mismas cuestiones, cita a la que aún no han sido invitadas las tres OPA rebeldes.

En un comunicado difundido el martes, aquellas tres organizaciones agrarias subrayan que, “ante la desinformación interesada que se ha venido difundiendo durante el último mes en relación con la solicitud de esa reunión [la del lunes pasado] y los asuntos a tratar en ella con la Consejería de Agricultura, COAG, UPA y Palca consideran necesario trasladar públicamente el contenido real del encuentro ya mantenido, una cita que se solicitó formalmente el pasado 26 de enero”.

En la convocatoria del lunes por la tarde, las organizaciones profesionales reseñadas manifestaron “su desacuerdo con la forma en que se gestionó su solicitud, cuyo contenido fue conocido por terceras personas ajenas a la cita, incluidos algunos medios de comunicación, lo que ocasionó graves perjuicios a las entidades firmantes. Hasta la fecha, no se nos ha ofrecido una explicación clara que justifique lo sucedido”, en alusión a la supuesta filtración de la carta remitida a Narvay Quintero el 26 de enero.

Tras esa reprimenda al consejero de Agricultura, en la reunión reseñada se abordaron asuntos relacionados con el futuro Posei y su encaje en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, el que ya se negocia en la Unión Europea (UE) y cuyo resultado conocido, la propuesta de la Comisión Europea, tanto preocupa a Canarias.

Sobre tan relevante apartado, se solicitó a la Consejería “informes jurídicos que avalen las posibles debilidades en la negociación [en curso para la defensa de los intereses de consenso canarios], con el fin de reforzar la postura de las islas y de garantizar la estabilidad de las ayudas al sector primario local” en el próximo septenio comunitario.

A su vez, se expone en la nota de las tres organizaciones profesionales, la cita de trabajo sirvió para abordar “la intención actual del Gobierno de Canarias de impulsar la modificación del Decreto-ley 3/2024, de ámbito autonómico y la norma que recoge las medidas en materia agraria adoptadas para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica”.

Respecto a ese decreto-ley, los interlocutores de las tres OPA recordaron de forma expresa y clara que en la disposición adicional segunda, punto 1, de dicha norma se establece “una obligación para la administración autonómica”, pues se señala que el Gobierno de Canarias “adoptará cuantas medidas de compensación de carácter económico resulten necesarias para garantizar la recuperación” agraria tras el impacto del volcán en La Palma. 

Por lo tanto, se plantea en la nota, “no se trata de una facultad discrecional, sino de un mandato legal que compromete a la Administración autonómica en la dotación de los recursos suficientes para hacer efectiva dicha recuperación”.

Siguiendo esos mismos principios, las organizaciones agrarias solicitaron a la Consejería de Agricultura en la reunión del lunes una batería de acciones básicas, a saber:

-La dotación económica suficiente, acompañada de suelo agrícola adecuado, para favorecer la incorporación de jóvenes agricultores.

-La aportación de los recursos que permitan la reconstrucción real de las explotaciones afectadas.

-Los avales públicos para la parte no subvencionable que faciliten el acceso a préstamos bancarios a largo plazo.

-Las ayudas públicas de al menos el 50% del coste de recuperación para aquellos agricultores tradicionales con explotaciones de menos de dos hectáreas antes de la erupción del volcán Tajogaite, junto con los avales necesarios para acceder a la financiación necesaria.

Aparte de esas cuatro demandas, se trasladó de forma nítida la preocupación existente por que “las compensaciones por daños no contemplan la recuperación de caminos ni de redes de agua, imprescindibles para la obtención de licencias y la reconstrucción de las explotaciones agrarias”. Por esta razón, se pidió que “el Gobierno de Canarias, en coordinación con el Ejecutivo central, impulse con urgencia la restitución de dichas infraestructuras”.