Las organizaciones profesionales reprochan al Gobierno canario la falta de transparencia en el apoyo al campo palmero por el volcán
Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias (OPA), que son cuatro, Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones, y las únicas con representatividad reconocida de forma legal en el campo isleño, están que trinan; se andan subiendo por las paredes…
La razón es bien sencilla: aseguran que el Gobierno de Canarias; o sea, las consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, liderada por el herreño Narvay Quintero (AHI), y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (la que incluye la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma), con la palmera Nieves Lady Barreto al frente, a la vez secretaria insular de CC en La Palma y la persona que tiene la última palabra política en todo lo relacionado con esa isla, actúan sin consultar a esos agentes agrarios y sin la participación activa de estos en los procesos de cambios normativos que ahora se están planteando con intensidad e influencia en el ámbito posvolcán palmero. De estos procesos, se consideran muy apartadas, y por eso han pasado a la acción.
Además, esas consejerías todo lo hacen, al menos por ahora y para el caso analizado en La Palma, sin la debida transparencia, principalmente y como se deja ver en una carta relacionada con las propuestas no compartidas ante todos los interlocutores válidos que en estos momentos se idean vinculadas al apoyo público y las regulaciones que afectarán en adelante al campo palmero dañado por la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021.
Las citadas entidades agrarias, lastimadas o en alerta por ese trato que consideran discriminatorio, ya se han dirigido al consejero de Agricultura con una carta firmada por las cuatro organizaciones profesionales con el objeto de primero justificar y luego solicitar, para abordar esas cuestiones al detalle, una reunión urgente con Narvay Quintero. Esta cita ya se ha confirmado y tiene como fecha el día 26 de febrero, jueves, después de la semana de carnavales.
Esa petición se cursó el 26 de enero pasado, y a esa primera misiva ya se ha unido otra en respuesta a la contestación inicial de la Consejería de Agricultura, que pidió una mayor concreción de los asuntos a estudiar. La segunda carta de las organizaciones profesionales agrarias, la de respuesta a Agricultura, ya solo ha sido firmada por tres de las cuatro entidades, con la pérdida del apoyo unánime debido al abandono de Asaga-Asaja, entidad presidida por Ángela Delgado, a la vez vicepresidente de CEOE-Tenerife y una OPA con conexión directa con la palmera ASPA.
En la carta remitida a Quintero el 26 de enero de este año, las organizaciones profesionales firmantes, que entonces eran cuatro, piden al consejero de Agricultura que se reúna con ellas para analizar “la situación actual de las ayudas al sector agrario de La Palma” por el impacto del volcán Tajogaite; para que se les informe de los cambios normativos que están en curso o se quieren plantear en la norma territorial base que regula el marco específico de apoyos públicos al campo del Valle de Aridane tras la erupción, el Decreto-ley 3/2024, y sobre todo para “corregir a tiempo una deriva que puede comprometer seriamente la recuperación del sector agrario palmero y del sector primario de Canarias (…)”, esto en alusión a que hay fondos públicos propios de la Consejería de Agricultura en su presupuesto de 2026 que, siendo de consumo regional, se prevén gastar en La Palma, como podría ser el coste de perdonar los reintegros de ayudas al plátano mal concedidas con cargo al ejercicio 2021-22, una suma total de entre nueve y once millones de euros.
En el mismo documento, las cuatro OPA aluden a la necesidad de “preservar la seguridad jurídica, la transparencia y la confianza institucional que deben regir ese tipo de actuaciones extraordinarias”.
Reunión concedida para un mes después
En la misiva citada, también se plantea que, “en las últimas semanas, las organizaciones (…) hemos tenido conocimiento de criterios y procedimientos en la tramitación y concesión de esas ayudas que generan una profunda preocupación en el sector, al entender que se estarían incumpliendo compromisos previamente adquiridos con las personas productoras afectadas”, además de “las condiciones inicialmente establecidas para ser beneficiarios de ellas”.
Las OPA dejan meridianamente claro en la reseñada comunicación, la dirigida a Narvay Quintero, que resulta “imprescindible mantener un encuentro con la Consejería de Agricultura para clarificar los criterios que se pretenden aplicar, para conocer el alcance real de las ayudas previstas y para garantizar que la gestión de estas se ajuste a los compromisos asumidos, evitando agravios comparativos y situaciones de indefensión entre las personas afectadas, así como una afección al futuro del [programa comunitario] Posei, que ahora estamos tramitando”, se subraya en la carta.
El Posei actualmente está abierto como una caballa al formar parte de la negociación en curso en el seno de la Unión Europea (UE) sobre el nuevo septenio presupuestario, el de 2028-34, lo que incluye el Marco Financiero Plurianual futuro y la siguiente Política Agrícola Común (PAC), cuya ficha financiera en este caso alimenta los recursos del Posei.
Tras enviarse esa carta al consejero, la respuesta ha sido, sin duda, más de lo mismo; esto es, otra taza repleta de comportamientos ya criticados en la primera misiva. ¿Por qué? Desde ese momento, el 26 de enero pasado, ha habido al menos dos reuniones sobre las modificaciones a introducir en una anunciada reforma de aquel decreto-ley territorial y no se ha convocado a las OPA, aunque sí a algunas organizaciones agrarias radicadas en La Palma, de manera especial la recién nacida Atratican, con pocos meses en acción y liderada por uno de los más leales defensores de las políticas que la consejera Nieves Lady Barreto avala para la reconstrucción de la isla de La Palma.
Esa asociación agraria no está considerada como organización profesional agraria y, por lo tanto, no tiene la representatividad con respaldo legal en el sector agrario palmero. Pese a ello, las dos consejerías que gestionan esos cambios normativos parece que la prefieren. ¿Cuáles pueden ser sus razones?
A continuación, es posible que se advierta una de ellas, tras analizar esta inmediata respuesta de la Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican) y su presidente, José Antonio Gómez (también en Asepalma), a la ya famosa en el sector carta de las OPA.
Esa entidad, nada más conocer el contenido de la carta dirigida a Narvay Quintero, que les fue filtrada, dice lo siguiente a través de un comunicado de prensa de hace unos días: “La Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria expresa su pleno apoyo a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Canarias y la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma -organización patronal-), que han permitido por fin en los últimos meses avanzar de forma decidida en el abono de ayudas para la reconstrucción de las fincas agrarias destruidas por la erupción volcánica de 2021 en el Valle de Aridane”.
Ese es el primer párrafo, al que le sigue este segundo: “Atratican lamenta que, justo cuando los agricultores afectados por esta catástrofe empiezan a ver la luz al final del túnel, cuatro organizaciones agrarias (Asaga, COAG, UPA y Palca), con ‘escasa y dudosa’ implantación en La Palma, hayan dirigido una carta conjunta al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y [Soberanía Alimentaria] del Gobierno canario, Narvay Quintero, en la que le piden una reunión y cuestionan el proceso de ayudas que tanto ha costado desatascar y en cuya negociación ha tenido un papel importante Asepalma, al ser la que engloba la totalidad de los profesionales del sector primario damnificados por la erupción”.
Atratican muestra además “su sorpresa porque esas asociaciones [las OPA] hablen de ‘compromisos incumplidos’ por el Gobierno canario, cuando a día de hoy precisamente se está aplicando una clara hoja de ruta, que además contempla, entre otras medidas, una nueva ayuda específica para sufragar los costes complementarios de la puesta en producción de las fincas afectadas por la lava, una vez recibido el pago de 44,06 euros por metro cuadrado”, se especifica.
El comunicado incluye una mención especial: “A Atratican le asombra también que la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), organización constituida precisamente en La Palma [su presidente regional es el palmero Amable del Corral], sea una de las promotoras de esta iniciativa, sin que sea entendible qué intereses la llevan en este momento a pretender poner piedras en la rueda de las ayudas para la reconstrucción que por fin avanzan, tras más de cuatro años de espera”.
Citas para negociar, sí, pero solo con algunos
Tras esa pelotera entre organizaciones agrarias, unas con representatividad legal y otras sin ella, hay que decir que, en los últimos días, tanto las consejerías de Agricultura y Presidencia como el Cabildo de La Palma han convocado reuniones de trabajo para avanzar en cambios normativos del mencionado decreto-ley a las que aún siguen sin ser invitadas las OPA y en las que sí han estado entidades o representantes de Atratican, Asepalma y otras, sin la voluntad por ahora manifestada de incluir a las cuatro organizaciones profesionales agrarias de Canarias.
La primera de estas reuniones se celebró en Santa Cruz de Tenerife el miércoles de la semana pasada, en instalaciones del Múltiples II, sede de la Consejería de Agricultura, y la segunda y más reciente, en Los Llanos de Aridane, este lunes y en el Museo Arqueológico Benaoharita (MAB). La segunda resultó algo fallida por la ausencia de una parte relevante de los convocados como administración local.
Hay que señalar que algunos de los representantes y de las personas que apoyan y defienden este modo de negociar y de actuar por parte del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo de La Palma son acérrimos defensores del proceso previsto por el Ejecutivo autonómico para perdonar a agricultores plataneros los reintegros de ayudas reconocidos con cargo a la compensación por pérdida de renta atribuida a daños del volcán de la convocatoria 2021-22. Es un dinero público que se recibió de forma anómala, de ahí los reintegros, y aún este no ha sido devuelto, que se sepa, pese a no cumplirse, total o parcialmente, las condiciones finales para el abono del apoyo público, servido a base de pagos adelantados.
Los reintegros reconocidos se han producido por pagos realizados a productores plataneros del Valle que no han tenido pérdida de renta alguna o bien a aquellos cuyos abonos superaron de forma parcial la pérdida de renta final que se les calculó para el periodo de cobertura, el ejercicio 2021-22. Unos lo deben devolver todo y otros solo una parte excedida. Son 3,5 millones de euros regalados.