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Así pretende Canarias triplicar la penetración de energías renovables en los próximos ocho años

Molinos en el parque eólico de Juan Grande (Gran Canaria).

Iván Alejandro Hernández / Toni Ferrera

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En el año 2019, la contribución de las centrales térmicas en el sistema eléctrico canario fue del 83,6%. Este porcentaje en 2030 debería ser del 41,8% como máximo; lo que implica que, al menos, la generación eléctrica renovable tendrá que alcanzar el 58,2%. Es el escenario que prevé lograr el Gobierno de Canarias en su transición energética, según el documento Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias, presentado el pasado 16 de febrero junto a la ministra de Transición Ecológica,Teresa Ribera. Supone una inversión de más de 466 millones de euros para lograr una parte de los objetivos, o encaminarse hacia ellos, a través del fomento de fotovoltaica en cubiertas, la creación de comunidades energéticas, la renovación de parques eólicos, el impulso a la movilidad sostenible o la investigación y el desarrollo. El Ejecutivo regional tiene de plazo para invertirlo todo hasta el 30 de junio de 2026. “Gastaremos hasta el último euro”, afirmó el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, en el Parlamento.

La Estrategia esboza los objetivos que se ha propuesto el Gobierno en el camino hacia la descarbonización de su energía. En concreto, hace referencia al borrador del Plan de Transición Energética de Canarias (PTCAN), cuya elaboración fue encargada al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) con un periodo de ejecución de un año (finalizó en noviembre de 2021), pero aún no ha sido presentado. En el primer trimestre, el Ejecutivo regional tiene previsto iniciar su tramitación, que sirve de complemento al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias (PTCAN), que actualmente se está tramitando.

El PTCAN es un instrumento que ofrece una radiografía del escenario actual y sienta las bases de planificación sectorial que tiene como objetivo la descarbonización de Canarias en el horizonte de 2030, planteando diversos escenarios. A su vez, renueva el Plan Energético de Canarias (Pecan) de 2006, que fijó para 2015 que el 30% de la electricidad tuviese origen renovable y se apoyase en el gas como energía de transición, dedicando un amplio espacio a la introducción nunca llevada a cabo del gas ciudad. El documento, aprobado bajo el mandato de Adán Martín (Coalición Canaria), fracasó en sus objetivos: en 2015, el porcentaje de fuentes limpias en el mix energético tan solo alcanzó el 6%.

La incapacidad del Ejecutivo regional para sacar concursos adelante o los cambios en las políticas que afectaban al sector, como el famoso impuesto al sol, frenaron el impulso que se pretendía dar a las renovables. En 2018 sí se registró un aumento significativo, sobre todo por la generación eólica instalada en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que incrementó en un 57,5% la potencia existente, de 948.230 a los 1.493.039 MW alcanzados en 2019. Y en el escenario actual, con datos actualizados en base al Anuario Energético de 2020, se sitúa en 1.442.692 MW de cobertura de demanda eléctrica con origen renovable. Es decir, supuso el 17,5% de la generación de los 8.355 MW de demanda de electricidad; el resto provino de combustibles fósiles. 

En ocho años, Canarias aspira a que más de la mitad de la demanda eléctrica sea de origen renovable: 2.036 MW con eólica; 1.314 MW con solar fotovoltaica y 30 MW del resto de renovables. Y para ello, el PTCAN esboza diferentes estrategias. En total, son ocho patas, que analizan el potencial de las renovables marinas, la geotermia o el hidrógeno verde. Pero hasta la fecha, solo se han publicado tres: la de autoconsumo fotovoltaico, que prevé pasar de los 23,3 MW actuales de fotovoltaica sobre cubiertas a 524 MW en 2030; la del almacenamiento, donde se establece una transición de 16,8 a 4.339 MW. Y la del transporte.

El sector eléctrico es solo un parte para aspirar a la descarbonización, pues supone el 25% de la demanda total de energía en las Islas. El transporte, por grupos de consumo, absorbe el 70% de la demanda energética, principalmente terrestre (39,3%); seguido del aéreo (18%) y el marítimo (10,5%). El PTCAN también indica que será necesario lograr 262.987 vehículos descarbonizados en 2030 para que el 16% del total del parque móvil de las Islas (1.745.773 vehículos en total) tenga emisiones cero. Actualmente, esa cifra es de 3.806 vehículos, lo que supone el 0,2% del total. 

Líneas de actuación

Bajo los escenarios que radiografía el PTECAN, el Gobierno de Canarias ha establecido siete programas de inversión para desarrollar la parte correspondiente a las Islas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, la hoja de ruta del Estado para la modernización de su economía a través del Fondo de Recuperación Next Generation EU, que le permite movilizar un volumen de inversión sin precedentes.

De los 466 millones de euros, destinará la mayor partida, unos 116,6 millones, al fomento de la autosuficiencia de las administraciones públicas y al autoconsumo social. A través de más de 400 actuaciones, prevé la instalación de unos 95 MW de potencia renovable en la modalidad de autoconsumo fotovoltaico. Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias aspira a contribuir en un 18% al objetivo fijado en el PTECAN de alcanzar 524 MW con este tipo de infraestructuras. El Ejecutivo regional justifica esta actuación ante la limitación territorial característica de las Islas, que además cuenta gran parte de su superficie con algún tipo de protección medioambiental y, por ello, el desarrollo de las fuentes limpias ha de llevarse a cabo sin ocupar terreno adicional.

Para ello, entre las más de 400 actuaciones, se prevé la instalación de fotovoltaica en los edificios de las administraciones públicas canarias para autoconsumo y la mejora de la eficiencia energética en alumbrado público o semáforos, por ejemplo. También podrán ser subvencionadas las comunidades energéticas locales vinculadas a infraestructuras públicas que tengan como finalidad producir, consumir, almacenar y vender renovables. A todo ello se suman inversiones en marquesinas de protección solar y un apartado específico para mejorar el ciclo integral del agua con fuentes limpias. Las ayudas de este programa irán destinadas a las administraciones públicas canarias, las empresas de servicios energéticos y las comunidades renovables. Y las inversiones serán gestionadas por la Comunidad Autónoma de Canarias.

El segundo programa que contempla el Gobierno regional es el fomento del autoconsumo compartido y el desarrollo de comunidades energéticas, para lo que plantea una inversión de 93 millones. Con esta estrategia, el Ejecutivo prevé la instalación de 93 MW a través de más de 100 actuaciones. En este ámbito, las Islas cuentan tan solo con 13 infraestructuras de fotovoltaica destinadas al autoconsumo colectivo con una potencia total de 0,081 MW y esta línea de inversión también contribuiría, al igual que el primer programa, a aumentar en un 18% el objetivo de implantar 524 MW de autoconsumo sobre cubiertas (el 40% de lo que necesitaría el Archipiélago en fotovoltaica para lograr sus objetivos en 2030).

Las inversiones se destinarán fundamentalmente a los sectores residenciales y productivos mediante subvenciones a proyectos que promuevan la generación distribuida a través del autoconsumo compartido, con fotovoltaica sobre cubiertas. También está previsto contribuir a la mejora de la eficiencia energética con actuaciones en la ventilación, refrigeración o el agua caliente. Además, el documento contempla el apoyo a las comunidades energéticas, como puede ser la Comunidad Energética Isla Bonita en La Palma, un proyecto que impulsa a través de una cooperativa instalaciones de generación renovable para el autoconsumo en el ámbito insular. Este programa será gestionado por el Gobierno de Canarias y está destinado a personas físicas y jurídicas, así como empresas de servicios energéticos, proveedores de servicios energéticos y las comunidades renovables.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible incluye un programa específico para descarbonizar el sector industrial, entendido este punto como la transición hacia renovables en edificaciones destinadas a estas actividades en las Islas, como en los polígonos de Arinaga o de Güimar. En 2020, este ámbito contaba con una producción renovable de 23 MW y se aspira a lograr 76,5 MW con 36 actuaciones en pequeñas, medianas y grandes empresas. Sobre el papel, contribuirá en un 14,6% al a la consecución del objetivo previsto en el PTECAN de alcanzar una potencia fotovoltaica en autoconsumo sobre cubiertas de 524 MW en el año 2030. 

El objetivo es lograr que el Archipiélago sea la primera región europea con una actividad industrial energéticamente sostenible al 100%, que a su vez aumentaría la competitividad de las empresas. Se subvencionarán proyectos destinados a la incorporación de renovables y mejora de la eficiencia en edificios o naves industriales; también aquellos tendentes a desarrollar comunidades energéticas en los polígonos, incluyendo almacenamiento y redistribución. El programa lo gestiona el Gobierno de Canarias y podrán solicitar ayudas las personas jurídicas y entidades locales que desarrollen su actividad en el ámbito privado, además de organizaciones industriales.

Las infraestructuras renovables también cuentan con una vida útil. Actualmente, un tercio de la potencia energética renovable en Canarias es producida por instalaciones que cuentan con más de 25 años de antigüedad, un dato que inquieta a las administraciones por la previsible pérdida de rendimiento en los próximos años dado el mayor envejecimiento de las tecnologías.

Por ello, la estrategia considera “necesario” priorizar la repotenciación y optimización de instalaciones renovables existentes, especialmente por dos motivos: no hay mucho más terreno disponible para asentar nuevos aerogeneradores o placas solares porque casi la mitad del Archipiélago es suelo protegido y porque la mayor parte de los espacios con alto potencial eólico ya están ocupados.

“En el ámbito ambiental, la repotenciación supondrá un menor impacto al concentrar la generación renovable en un entorno concreto, reducir el número total de máquinas y con ello la huella del proyecto, favoreciendo así una transición energética más justa y participativa”, detalla el documento.

El gobierno destinará 70 millones de euros en esta materia. Se estima que con las inversiones movilizadas se podrían lograr 125 MW de generación renovable, 40 de ellos a partir de un mejor aprovechamiento del recurso ya instalado y 85 gracias a nueva potencia.

El transporte

En Canarias, el transporte es responsable del 40,12% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, muy por encima de la media nacional (27,09%). Las Islas son una comunidad vertebrada por el coche privado, donde hay casi el mismo número de automóviles que de habitantes.

La renovación completa del parque de vehículos es un reto mayúsculo. Es difícil pronosticar si la población canaria, con un poder adquisitivo muy limitado, será capaz de enterrar los combustibles fósiles y adentrarse en el mundo eléctrico, sobre todo por los altos precios que aún dominan este último mercado.

De hecho, las previsiones del gobierno se han reducido a la baja en cuestión de meses. Según la estrategia del vehículo eléctrico de Canarias publicada por el ITC a finales de 2020, para 2030 debería haber 466.968 coches de esta clase; según la estrategia de energía sostenible recién salida del horno, ese número se reduce a 225.424. Lo mismo ocurre con los puntos de recarga: de 516.483 para 2030 a 249.765.

Entre las líneas de inversión del programa, el texto sugiere que el sector del taxi será el primero en alcanzar la total sostenibilidad. También detalla distintos proyectos subvencionables, como el sistema carsharing (coche eléctrico compartido) y la generación de espacios de emisiones cero, como los carriles bici. La inversión será de 35 millones de euros. No hay rastro de los proyectos del tren que defienden las islas capitalinas. 

El ejecutivo autonómico también quiere promover proyectos singulares y experiencias piloto en el ámbito energético. El componente de I+D+I que desarrolle tecnologías novedosas como el hidrógeno verde, la geotermia o las renovables marinas tendrá un impulso de 46,7 millones de euros.

“El reducido tamaño de los sistemas energéticos insulares, así como la oportunidad que supone testar nuevas tecnologías o soluciones en entornos insulares para su posterior despliegue en el continente, son una oportunidad para el impulso de este programa”, apunta el plan.

Pequeñas empresas y start-ups se verán beneficiadas gracias a este programa de inversión. A modo de previsión, continúa el documento, se estima poder apoyar, al menos, a diez proyectos de renovables innovadoras y de almacenamiento, así como a otras diez empresas o nuevos modelos de negocio. Se prevé instalar 10MW de potencia renovable mediante proyectos innovadores.

El dato es escaso porque no todas las iniciativas se traducirán en más energía vertida a la red. Por ejemplo: la inversión en geotermia (como podría darse en La Palma debido a la reciente erupción volcánica) puede verse como una “palanca” que permita un crecimiento continuado de la generación renovable en los próximos años. 

Por último, se destinará una inversión de 11,6 millones de euros a la creación de las llamadas oficinas verdes, que aspiran a ser un nodo de referencia para elaborar y distribuir información, asesorando en la transición energética. Para lograr este objetivo, se promoverá la formación de una comunidad de personas, instituciones, organizaciones sociales y empresas, a las que se les ofrecerá información y servicios de formación actualizados. 

Las oficinas verdes centralizarán la información y garantizarán un servicio inmediato. Se ubicarán sedes en todas las islas y se desarrollarán actividades formativas a la ciudadanía y las administraciones públicas. En concreto, se ofrecerá asesoramiento sobre la solicitud de ayudas y subvenciones o elaboración de proyectos renovables y, entre otras acciones, se organizarán festivales para sensibilizar sobre el medio ambiente a la población. Los beneficiarios serán personas físicas y jurídicas y el programa será gestionado por el Gobierno de Canarias. 

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