“La denuncia no nos producía extrañeza por el modus operandi en Telde''

“No nos producía extrañeza, por el modus operandi en Telde, por la información tan brutal, y tan completa que nos aportó Cambreleng”. Con tal contundencia respondió este viernes el inspector de Policía encargado de la investigación del caso Grupo Europa, a preguntas del fiscal sobre qué grado de credibilidad le dieron a la denuncia del exgerente de la promotora de viviendas sociales en Telde, cuando contactó con la Policía en “febrero o marzo” de 2007.

Sin cámaras, ni audio a la hora de revelar su nombre, por expresa petición del Cuerpo dada su condición de miembro de la Brigada Provincial de Información, el inspector al mando de las pesquisas de esta pieza separada del caso Faycán agotó todo el tiempo reservado para la primera jornada de testigos: doce policías de la Brigada y dos funcionarios de Hacienda que participaron, en una y otra medida, en la investigación previa y en la entrada y registros del caso.

“La denuncia era muy verosímil y tenía mucha coherencia”, explicó el funcionario policial a la hora de aclarar las primeras impresiones que tuvieron en la Brigada, cuando Cambreleng dio solo pinceladas de esta trama para introducir a la promotora de viviendas Grupo Europa en municipios canarios con gobiernos del PP, a través del diputado Jorge Rodríguez. “Él nos aportaba mucha documentación, y tuvimos que ir contrastando toda esa información”, dijo.

El testigo, que comenzó a declarar pasada la una de la tarde después de que la mañana se fuera en los interrogatorios del resto de acusados, solo tuvo tiempo de responder durante un par de horas a las preguntas del ministerio fiscal, y cuando le tocaba el turno al primero de los abogados defensores, Juan David García, en representación del propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, el letrado advirtió que “tardaría unas cuantas horas en hacer todas las preguntas”, por lo que pidió agrupar en una misma jornada el interrogatorio, en una próxima sesión.

Antes, el presidente del tribunal y del TSJC, José Ramón Navarro Miranda, ya había dado por imposible escuchar a todos los testigos citados, tres de ellos trasladados desde la Península, a los que habrá que convocar en una o dos sesiones extra que se habiliten por la Sala, que el lunes tendrá que modificar todo el calendario de testificales previsto hasta el 14 de marzo. Fue en ese momento cuando por parte de las defensas se planteó que el primer letrado en preguntar, después del fiscal, fuera Cambreleng “porque ejerce como acusación, sin serlo”, e incluso que el tribunal aislara a los testigos porque la sesión “se retransmitía por twitter”.

El magistrado rechazó ambas peticiones, la segunda en aras a salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y en audiencia pública por delante de la aplicación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica el aislamiento de los testigos hasta que hayan declarado, para no comunicarse con los que ya lo hayan hecho. “No voy a aislar a los policías ni este tribunal va a limitar que se retransmita por twitter”, dejó claro Navarro Miranda a los abogados de las defensas, ante la inutilidad de “requisar los móviles” a todos los testigos.

Así, se procedió al interrogatorio del inspector al frente de la investigación del caso Faycán y de su pieza separada de Grupo Europa, que corroboró al fiscal toda la denuncia de Benítez Cambreleng, su contrastación con los documentos aportados por el exgerente y pesquisas propias de su grupo de investigadores, así como el seguimiento realizado a movimientos de dinero para los pagos de las comisiones ilegales a José Luis Mena y Pedro Pablo Santana.

El inspector vino a rebatir, con la documentación obrante en la causa, las afirmaciones de los acusados de que no había motivos de bloqueo de los suelos para construir las viviendas de Grupo Europa y por tanto, no había beneficio alguno a la hora de pagar comisiones a los funcionarios, hechos que ratificó no solo con la documental aportada por el denunciante, sino con las declaraciones, en su momento, de otros técnicos municipales.

En cuanto a Jorge Rodríguez, el inspector certificó que era “el introductor de Grupo Europa en los ayuntamientos gobernados por el PP”, no porque lo dijera Cambreleng o aportara a la investigación facturas del diputado, sino porque, como en el resto de documental, estas se encontraron donde exactamente les dijo Cambreleng meses antes: en los discos duros de los ordenadores de la filial canaria Gestión de Cooperativas Europa, en la calle Ferreras. Fue el 16 de mayo de 2007, con las entradas y registros, donde apareció toda esa documental.

El policía aclaró también, contradiciendo a lo vertido en sesiones anteriores por algunas de las defensas, que el origen de la pieza separada número 38 del caso Faycán, este caso Grupo Europa, no es “ni una libreta [la famosa de Toñi Torres con dibujos de Mickey Mouse] ni una hoja de hotel de Venecia”, donde figuraban repartos de comisiones entre políticos del PP y de Ciuca por valor de 240.000 euros, sino la propia declaración del denunciante.

Quieren las defensas plantear que el origen de la causa está viciado por proceder de una o dos documentales del caso matriz de manera especulativa por parte de los investigadores, y el hecho de que se aclarara que todo parte del denunciante, corta ese vínculo especulativo, según quiso dejar claro el ministerio fiscal durante el interrogatorio al policía. Este volvió a explicar, como ha hecho con anterioridad Cambreleng, que el contacto entre unos y el otro se produjo por medio de un periodista “que era amplio conocedor, con anterioridad”, de la trama. La que investigó y desveló este periódico entre octubre de 2006 y mayo de 2007.

“¿Y por qué no hicieron constar en sus oficios que fue un periodista quien hizo de contacto con el denunciante?”, preguntó el fiscal al policía. “Porque era irrelevante, el periodista no había cometido ningún delito, lo sabía todo con anterioridad, y es una práctica habitual en la Policía la protección de fuentes, sobre todo cuando se trata de investigar delitos graves” le respondió el funcionario del Ministerio del Interior. En cuanto se modifique el calendario de testificales, el inspector tendrá que responder “durante horas” a las defensas.