Vivir en calle miseria
Villa de emergencia o villa miseria. Más claro, agua, aunque infraestructuras básicas como el abastecimiento hídrico y el suministro eléctrico resultan tan precarias como las viviendas allí construidas. Así se llaman en Argentina los asentamientos marginales, normalmente edificados sobre terrenos en desuso y oficiosamente reconocidos por su uso.
Allí no entran las ambulancias, ni hablar de los taxis, si no cuentan con escolta policial y “nadie te da trabajo si en el DNI consta que vives en una villa”, repiten varios vecinos, procedentes tanto de la migración del interior argentino como de los países del entorno (Bolivia, Paraguay y Perú). Allí viven ahora alrededor de 300.000 personas sin recursos económicos para comprar o alquilar un domicilio en otras zonas de Buenos Aires, una población que se duplicó desde la crisis de 2001 en la quincena de villas contabilizadas en la capital federal. A principios de diciembre, el encarecimiento del metro cuadrado en las villas, en un contexto general de inflación superior al 20%, junto al anuncio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de otorgar escrituras de propiedad en ciertos asentamientos, en un intento urbanizador tras el incumplimiento del 82% de su presupuesto para vivienda, y la movilización externa de los habitantes con finalidad política, en el marco del enfrentamiento partidista ante las elecciones del próximo año, se combinaron para desatar la ocupación de una docena de terrenos públicos y privados en toda la zona metropolitana por parte de millares de personas con el afán de lograr un techo propio.
El conflicto arrancó con la multitudinaria ocupación del parque Indoamericano, ubicado en el humilde sur de la capital argentina y parte de la segunda mayor zona verde de la ciudad. Acamparon casi 6.000 personas, aunque el censo elaborado por el Gobierno federal elevó la cifra total hasta 13.300 ocupantes al añadir al listado los miembros ausentes de las familias allí instaladas. Uno de los mayores jardines urbanos se convirtió, de la noche a la mañana, literalmente, en uno de los mayores asentamientos precarios de la capital argentina. También en el sur porteño, por ejemplo, la Villa 21-24 del barrio de Barracas cuenta con una población estimada de 45.000 personas y al norte, justo al otro extremo geográfico y económico de la ciudad, la 31-31 bis de Retiro, con 30.000 habitantes.
Desalojo policial, nueva toma y agresión vecinal. Resultado de los disturbios en el barrio de Villa Soldati durante diez jornadas: tres muertos, dos bolivianos y un paraguayo, y decenas de heridos. Aunque varios agentes permanecen apartados de sus cargos, todavía no se determinó si los disparos causantes de las tres víctimas mortales procedían de armas de fuego policiales o vecinales. En cualquier caso, las fuerzas de seguridad se limitaron, posteriormente, a cercar la parcela de 130 hectáreas para evitar el ingreso de más ocupantes y otro ataque por parte de los vecinos, aunque tomas de menor cuantía se extendieron sobre otros terrenos de la capital y el conurbano bonaerense.
Finalmente, los gobiernos de la Nación y de la Ciudad Autónoma aparcaron sus diferencias partidistas la pasada semana para lograr un principio de acuerdo y establecer un plan de financiación conjunta en los planes de viviendas. Eso sí, “el que usurpe un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda ni en la ciudad ni en la nación, no tendrá derecho a percibir o a acceder a ningún plan social ni ahora ni en el futuro”“, advirtió Aníbal Fernández, jefe de Gabinete y hombre fuerte del gobierno liderado por la peronista Cristina Fernández. Y, además, ”tendrán la prioridad los que más lo necesitan. Quienes hoy están en el parque y fueron censados no serán excluidos pero tampoco serán priorizados“, añadió Horacio Rodríguez Larreta, su homólogo en el ejecutivo porteño presidido por el conservador Mauricio Macri.
Y así, entre la promesa de la clase política y la amenaza de un nuevo desalojo, la multitud abandonó de forma pacífica el parque Indoamericano, aunque todavía persisten otras tomas. “Para nada es un problema de inmigración, un discurso estigmatizador muy propio de la derecha, sino una conjunción de desaciertos de la política urbana de la ciudad como no concretar obras en profundidad y limitarse a un mero maquillaje o escriturar propiedades sin un censo previo, lo que dispara nuevas tomas”, concluye el arquitecto y miembro de la mesa de urbanización de la Villa 31-31bis, Javier Fernández Castro, ante el “descontrol” en el ingreso de extranjeros al país denunciado por Macri. Hasta el presidente boliviano, Evo Morales, intervino para, además de exigir “una profunda investigación” de las muertes de compatriotas, solicitar que “trabajen dignamente y no vayan allá a asaltar tierras ni quitar propiedades. Si quieren tierras, que se vengan”.
Igualmente, responsables de la organización civil humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coinciden en advertir de la “situación insostenible y conflictividad real por el problema de la vivienda” más allá del cruce de acusaciones partidistas por la supuesta manipulación política de los ocupantes del parque y de los vecinos del barrio. “No hay políticas activas ni construcción pública ?lamentan desde el CELS-, sólo subsidios limitados en el tiempo, y el aumento del interés comercial por el suelo, cuyo mercado no se regula, a causa del boom inmobiliario de los últimos años unido a los alquileres más caros y con mayores requisitos dificulta el acceso a la vivienda”. Y todo ello se agrava, obviamente, para el 22% de la población argentina que, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), se sitúa bajo el umbral en la pobreza y tan sólo puede vivir, literalmente, en la miseria.
