Rajoy no habla catalán en la intimidad
Dolores de Cospedal descalificó la propuesta de reforma constitucional de Pedro Sánchez con una simplonería que hasta miedo da. Dijo que no planteaba una reforma constitucional sino un nuevo modelo de Estado. Horror. Desde luego, sigo sin saber a qué aspira Sánchez con un partido esclerotizado detrás; pero Cospedal y los suyos siguen fuera de la realidad de pertenecer a un entorno de naciones que reconocen ampliamente las especificidades culturales y políticas y a un mundo que tiende a fusionarse en organismos supranacionales, a la desaparición de las fronteras y a un cosmopolitismo que cuestiona el concepto mismo de nación. Lo que ha dado lugar a la paradoja de que el nacionalismo españolista, defensor de la unidad y la fortaleza del Estado central de toda la vida, no rechiste ante la entrega a instancias supranacionales de la política económica y monetaria entre otros atributos de la soberanía de ese Estado; que no percibe el desmoronamiento de la rígida dialéctica centro-periferia por fenómenos nuevos, como el de las regiones económicas integradas por territorios con características complementarias e intereses afines, aunque pertenezcan a dos o más Estados diferentes.
Cataluña y la Constitución
Detrás de la propuesta de Sánchez y del desbarre de Cospedal está la nueva entrega del secular conflicto catalán del que solo se acuerdan como de Santa Bárbara, cuando truena. Así, pasan las generaciones sin que se genere el diálogo que lleve al reconocimiento de Cataluña como la nación que es y a que los catalanes admitan, de una maldita vez, que España es también una antigua nación aceptada por millones de personas y no un simple Estado construido mediante la absorción de varias naciones o nacionalidades. Este es el paso previo, ineludible para la solución del problema.
La actual situación arranca de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de junio de 2010, declarando inconstitucionales varios artículos de la reforma del Estatut catalán. Mes y medio antes de publicarse, Carles Viver Pi-Sunyer, catedrático de Derecho Constitucional y vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional (TC), se descolgó en La Vanguardia con un artículo/diagnóstico titulado Una deriva peligrosa del Tribunal Constitucional que anticipó lo que vino después al asegurar que el fallo culminaría la tendencia del TC a dictar sentencias preventivas cuando analiza cuestiones relacionadas con la organización territorial del Estado. Según Viver, “el Tribunal no se limita a contrastar los preceptos impugnados con lo establecido en la Constitución, sino que, haciendo gala de un activismo muy notable, se arroga la función, hasta ahora inédita, de defender lo que considera intereses generales de España”. Viver debía saber o intuir por donde iría el TC pues aseguró que el encaje de Cataluña en el Estado español no es posible con interpretaciones restrictivas de la Constitución; y que los recortes de la reforma permitirían “constatar que las aspiraciones de mejorar el autogobierno y el reconocimiento nacional de Catalunya no pueden ser satisfechas en el marco de esta Constitución”. Su conclusión: “Tendremos, pues, que escoger entre la resignación o, superando la decepción y el hastío, retomar una vez más el camino de reunir fuerzas suficientes para propiciar en el futuro una reforma constitucional –hoy por hoy inviable a estos efectos- o, en su caso, para intentar hacer el camino por nuestra cuenta”.
La clavó Viver. Se produjo el fallo y el independentismo, que no tenía ese mayor peso en la política catalana, experimentó el subidón que capitalizó Esquerra Republicana (ERC). Quienes estaban por el desarrollo autonómico gradual quedaron con los glúteos al aire con la sentencia. No había nada que hacer por esa vía, como barruntara Viver. Y ahora, que toca de nuevo al TC rechazar la ley de consultas catalana, pendiente de publicarse uno de estos días, pretende el PP de quitarle hierro aquel fallo como desencadenante de la que está formada que ha desbordado a los autonomistas e incluso las propuestas federalistas, a las que, de repente, recurrió el PSOE, para que no se diga. En un intento de esconder la mano que tiró la piedra recuerdan que de doscientos y pico artículos, el TC solo eliminó catorce, olvidando piadosamente que varios de ellos eran idénticos a los que están todavía en vigor en los estatutos de otras comunidades que contaron con el apoyo del PP. Una aplicación más del bonito juego de las prospecciones petrolíferas que tan bien conocemos en las islas: mientras el PP acepta las razones que dan en Baleares contra las prospecciones, quienes en Canarias emplean los mismos argumentos son insultados y situados directamente en la Edad de Piedra; y gracias a Dios de que no haya fosos de cocodrilos. Pasan por alto que no fue la anulación de artículos lo que irritó a los catalanes sino el sesgo ideológico ofensivo del preámbulo, muy en la línea catalanofóbica tradicional. Quizá comprobaran los jueces que los filtros y eliminaciones del texto durante el proceso de elaboración hasta su aceptación por referéndum les dejaba poco que recortar y optaron por satisfacer a los populares con un preámbulo sin trascendencia jurídica, que no suscitaría críticas de sus colegas juristas pero no dejaba de ser aprovechable en el frente político. Es, desde luego, una conjetura, si bien no lo es tanto atribuir el bloqueo del PP a la renovación del TC a la argucia de mantener su mayoría de jueces adictos que amarraran la sentencia.
Que cada cual piense lo que quiera, pero es seguro que el fallo fue una buena aportación al descrédito del TC y de la Justicia por extensión. Si nos situamos en un plano más general se advierte que una constante de la oposición del PP durante la etapa Zapatero fue la descalificación permanente de las instituciones del Estado. Si Zapatero, decían, alcanzó la presidencia de la mano de ETA, se sentían los populares legitimados a echarlo pegándole fuego a todo presentando a Zapatero como un pollaboba que resultó ser, miren por donde, el máximo responsable de la crisis económica mundial. Ni Felipe II llegó a acumular un poder tan extraordinario. Eso sí fue sacar a España del rincón de la Historia.
Por un puñado de votos, que suele decirse
Hay motivos sobrados para asegurar que el único criterio que guía las actuaciones del PP es el cálculo electoral. Los sondeos son los que determinan el aquí y ahora que puede no ser el aquí y ahora de unos meses antes, sin que haya seguridad de que siga siendo el mismo aquí de meses después. Lo acabamos de ver, una vez más, con la dimisión del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. No es raro que un Gobierno aparque iniciativas que no le favorezca en la inminencia de unas elecciones. Lo que no resulta muy ético es que lo haga con un proyecto de ley fundamentado en principios y razones morales, en la fiel observancia de la doctrina de la Iglesia, en la defensa del nasciturus y de la mujer que desee ser madre; como si el aborto fuera obligatorio. O sea: no ha dudado Rajoy en hacer un hatillo con tan elevadas convicciones al comprobar en alguna encuesta que no resultaban tan rentables en las urnas, más bien lo contrario y que hasta dentro de su partido había divisiones de opinión; las que llevó a monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá, a señalar en el PP una infección del lobby homosexual, tan presente siempre, por lo visto, en las pesadillas de sus solitarias noches episcopales. Rajoy le quitó a Gallardón la escalera y la brocha porque no iba a ser él quien pagara su propio error. No son fiables dirigentes que por un puñado de votos son capaces de renunciar a sus principios.
Los casos de ahora sí ahora no, según ande el mercado de votos, es una constante del PP. Lo fue con Aznar que en su primera legislatura confesó hablar catalán en la intimidad y ablandó al recio Xavier Arzalluz, entonces presidente del PNV, que proclamó enternecido haber conseguido de Aznar en quince días lo que no de Felipe González en quince años. Tanto quiso halagar a los nacionalistas que llegó a denominar a ETA nada menos que Movimiento de Liberación Vasco. Pero en la siguiente legislatura, al conseguir la mayoría, se viró guirre. Ya no los necesitaba, tascó el freno del desarrollo autonómico y de hecho identificó a nacionalistas y terroristas. Por no hablar de los cachetones de ordenanza a los catalanes.
En cuanto al fallo del TC, de junio de 2010, creo que el objetivo del recurso del PP que lo provocó era Zapatero. Llevaban ya seis años dándole sin piedad hasta en el carné de identidad, además de acosarlo con algo muy parecido a la obstrucción parlamentaria para impedirle gobernar y no iban a desaprovechar la oportunidad. Zapatero había prometido no poner objeciones al texto estatutario que acordaran los catalanes y que la última palabra fuera la del Congreso/Senado y los populares aprovecharon el compromiso para reforzar la imagen de calzonazos apollabobado que proyectaban del presidente. Fue tal el enseñamiento que la Prensa adicta al PP se superó y alertó al país: Zapatero quería destruir España para vengar la muerte de su abuelo, fusilado por el ejército fascista de Franco.
Sería interminable la lista de barbaridades que largó el PP. Procuró calentar el patio de la catalanofobia que podía darle votos en otras comunidades e insistió en que los socialistas quitaban a parados y pensionistas miles de millones para entregárselos a los insaciables catalanes. Al propio tiempo trataba de mejorar su peso en las urnas catalanas basculando sobre las localidades y los barrios de mayor concentración de obreros venidos de otras regiones españolas. A la vista de cerebritos como los que se gastan, me da que pensaron que los llamados charnegos, que también hay que echarle de comer aparte a los catalanes, estarían hasta el gorro de tanto seny, de exceso de sardanas y de embutidos enchumbados de colesteroles y ardiendo en deseos de que vinieran de la meseta castellana a liberarlos.
No les resultó y acabaron por aflojar el pie anticatalanista del acelerador debido, quizá, a la aparición de Alicia Sánchez-Camacho que recurrió a los mensajes xenófobos contra inmigrantes extranjeros, en especial los rumanos para ir creando su espacio. En 2010, Sánchez-Camacho obtuvo 18 escaños en el Parlament, el mejor resultado hasta la fecha del PP catalán. Los que consiguió incrementar en las elecciones anticipadas de 2012 con 471.197 votos y 19 escaños. Demasiado pocos todavía para ser una fuerza determinante. Pero no está de más señalar que el PP, no sé si por influjo de Sánchez-Camacho, ha modificado su estrategia y ya no va en tromba contra los catalanes denunciando su egoísmo sino que plantea el actual episodio del conflicto como una cuestión con Mas y su política, no con Cataluña aunque persista en no aflojar un punto y en no hacer propuesta alguna que vaya más allá de tener dispuestos todos los mecanismos del Estado para actuar. Todo parece estar pendiente de que Mas publique la ley catalana de consultas aprobada hace unos días por el Parlament.
La trayectoria política de Mas
Creo que la trayectoria de Artur Mas, al menos la que se desprende de las informaciones periodísticas, es paradigma de la evolución de muchos catalanes en los últimos años. Hace no tanto, Mas era un autonomista que apostaba por España como Estado plurinacional y consideraba el independentismo una antigüalla. Llegó a decir que el camino a la independencia conducía a la frustración colectiva. Hoy tratan de pasarlo como el adalid o poco menos de la independencia catalana cuando ni siquiera se ha confesado independentista. Como a tantos otros catalanes, la sentencia de 2010 vino a confirmarle en la idea expresada por Viver: la Constitución española, interpretada de la forma restrictiva, no permite satisfacer las aspiraciones catalanas. Mas salió entonces con la reivindicación del derecho a que sean los catalanes quienes digan qué quieren ser en referéndum que Madrid, PSOE incluido, se propone impedir. Esta actitud del centro, que pretende someter a los catalanes, que están advertidos de que todos los medios del Estado están listos para bajarlos del burro, no ha sacado a Mas de su postura que es la búsqueda de una media cuadratura del círculo: sin declararse independentista, está decidido a convocar el referéndum del que podría salir esa opción. Lo que no quiere decir que él esté necesariamente por la secesión: no son pocos los catalanes, conozco a unos cuantos, que están de acuerdo con que haya referéndum en el que votarían contra la independencia. Por eso no se ajusta demasiado a la realidad adjetivar esa consulta de independentista.
En ese tira y afloja, Rajoy no está dispuesto a aflojar y dar margen a la negociación política, que solo acepta tras la previa sumisión, como le pide la Patria. Mas, por su parte, continúa aferrado a la legalidad. Por mucho que la ley de consultas aprobada en el Parlament la considere algún indocumentado/a ilegal y anticonstitucional, es perfectamente legal y en cuanto a su anticonstitucionalidad corresponde al TC establecerla. Bien se sabe que la anulará y será en ese momento cuando Mas se saldría de la legalidad si sigue adelante y convoca la consulta. Cosa que, estoy seguro, no hará. De hecho ya avisó que, de rechazar el TC la ley de consultas, convocará elecciones anticipadas, como ya hiciera en 2012 cuando su anterior fracaso al negarse Rajoy a aceptar el pacto fiscal. La anticipación electoral sería, claro está, legal y diría que obligada al no conseguir que se consulte directamente acerca del futuro que quieren, clave de bóveda de su política. Él niega que su intención sea que esas elecciones anticipadas produzcan efectos políticos equivalentes a un referéndum, pero difícil le será evitarlo porque los independentistas no dejarán de aprovechar esa baza que les sirve en bandeja la cerrazón de Madrid y su estrategia de a ver quien puede más y quien se baja del burro.
Rajoy insiste tanto en la ley y en la Constitución con una ausencia de mano izquierda que podía llevarlo, en el último extremo, a sacar los tanques. Y si el temor de que lo haga hace que los catalanes cedan pueden estar seguros de que el problema seguirá estando ahí unos cuantos siglos más. Y de nuevo la pregunta del millón: ¿cómo va a ser posible gobernar España con el Gobierno central en conflicto permanente con la comunidad de más peso económico y siete millones de habitantes? Imagino que alguien lo habrá pensado incluso en el PP, pero lo cierto es que la derecha catalana, la burguesía, ve cuestionado su papel de interlocutor único con Madrid. La irrupción de ERC le ha robado ese protagonismo y ya se advierte la existencia de gentes no nacidas en Cataluña, que no son catalanistas ni siquiera nacionalistas que no ven mal la independencia. Ubi bene, ibi patria dijo Cicerón con tal acierto que mejor harían unos y otros aceptando que la unidad de un país no es un asunto meramente territorial sino que también el Estado social y democrático que consagra la Constitución que Rajoy y el PP están dinamitando con una alarmante involución democrática. De seguir así, Cataluña acabará siendo el referente de otras comunidades con menor capacidad reivindicativa. O ninguna, como Canarias. Lo que no puede decirse de Euskadi que se ha tomado un tiempo para adaptarse a la vida sin ETA y que acaba de dar las primeras señales de su disposición a modificar su relación con el Estado español. Como alguien dijo, Rajoy no quiere reformar la Constitución porque ya lo hace él cuando le dé la gana. Mala cosa, qué voy a decirles.
