El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife ha procesado al expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (Coalición Canaria) por un delito de denuncia falsa y falso testimonio. Un auto dictado este miércoles transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, al considerar que hay indicios suficientes para abrir juicio oral contra el dirigente nacionalista por “faltar abiertamente a la verdad” en su denuncia, posterior querella y declaraciones en sede judicial sobre presuntas irregularidades en la gestión de los Centros Turísticos de la isla durante la etapa del PSOE, un procedimiento que fue archivado en 2019 tras una “tormentosa” instrucción -en palabras del juez que lo sobreseyó- que se dilató más de una década.
La querella por la que presumiblemente San Ginés se sentará en el banquillo fue presentada por la hija del ya fallecido Antonio González, uno de los empresarios a los que el expresidente del Cabildo de Lanzarote denunció. El juez ha dado a las partes un plazo de diez días para formular el escrito de acusación o pedir el archivo de la causa.
El 11 de diciembre de 2009, menos de dos meses después de asumir la presidencia del Cabildo de Lanzarote en sustitución de Manuela Armas (PSOE), actual consejera de Educación del Gobierno de Canarias, San Ginés compareció ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaban el caso Unión, una trama de corrupción en la isla, para comunicarles que había detectado “irregularidades” en la gestión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo y que los precios de los bienes suministrados para determinadas actuaciones se habían inflado hasta en un 40%.
Tras esa denuncia policial, acudió al juzgado de guardia de Arrecife para presentar un escrito sobre los mismos hechos y se erigió en querellante, a través de la propia entidad pública que gestiona los centros turísticos de la isla, para realizar “las mismas falsas imputaciones”, entre otros, contra Antonio González, propietario de la sociedad Climafrical.
El auto de procesamiento contra San Ginés señala que este empresario fue objeto por parte del expresidente del Cabildo de Lanzarote de “reiteradas imputaciones, claras, determinadas, circunstanciadas espacial y temporalmente, referidas a hechos constitutivos de graves ilícitos penales, que no se correspondían con la realidad, ante funcionarios policiales y judiciales, determinando la apertura de una causa penal” contra él que se cerró diez años después, en 2019, con el archivo del procedimiento.
El juez remarca que el dirigente nacionalista tenía conocimiento del proceso de contratación administrativa debido a su condición de consejero delegado de los Centros de Arte y Cultura -hasta mayo de 2007- y de miembro del consejo a partir de esa fecha. Sus afirmaciones sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Carlos Espino (PSOE) fueron “objetivamente rebatidas en el auto de sobreseimiento”. “Disponía de un conocimiento concreto de los hechos y de acceso a las fuentes documentales en que se sustentó la instrucción, enmarcándose la denuncia en el ámbito del aparente juego político entre formaciones (políticas) de distinto signo”, añade.
El auto expone que la actuación de San Ginés fue más allá de la “legítima función de control del gasto público” y, “superando el derecho a la libertad de expresión e información”, acudió a la vía penal “a sabiendas de la injusticia y de la falta de veracidad” de sus imputaciones, con el propósito de “tratar de involucrar artificiosamente a terceras personas” en supuestos ilícitos penales. Además, prestó dos declaraciones en la fase de instrucción (en 2011 y 2019) “tratando de consolidar una base indiciaria contra (el empresario) Antonio González”.
El juez concluye que la actuación del expresidente del Cabildo de Lanzarote ocasionó al empresario no solo un importante perjuicio personal, ya que lo sometió a una larga instrucción, sino también patrimonial, “hasta el punto de que llegó a imponérsele la prestación de una fianza por importe de 1.362.809,44 euros”.
La defensa de San Ginés ya había pedido el sobreseimiento de esta causa tras alegar que el delito de falso testimonio, el único que entendía que se le atribuye, había prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde el momento en el que prestó declaración por primera vez en sede judicial, en el año 2011. Sin embargo, esta pretensión ha sido desestimada porque el expresidente del Cabildo de Lanzarote compareció en una segunda ocasión (en 2019) para ratificar su testimonio y, además, porque los efectos de ese presunto falso testimonio, la imputación del empresario en una causa penal, no finalizó hasta que ese procedimiento no fue definitivamente archivado.
La causa iniciada a partir de la denuncia sobre irregularidades en los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote fue instruida durante años por el polémico juez Rafael Lis, ya jubilado y que fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una multa de 500 euros por retrasar “sin justificación razonable” ese procedimiento.
El procesamiento de Pedro San Ginés por denuncia falsa y falsa testimonio coincide en el tiempo con la apertura de una investigación contra él por presuntas coacciones a Juan Manuel Sosa, consejero del Cabildo de Lanzarote, para que dimita y le facilite su regreso al gobierno. .